Provincia de Buenos Aires. Alto funcionario bonaerense, acusado de abuso sexual e inducir a menores al suicidio

En pocas semanas a Juan Serrano se le llenaron los bolsillos de preguntas. El director de Institutos Penales de la provincia de Buenos Aires fue denunciado, en dos causas separadas, por torturar niños y jóvenes en el Instituto Almafuerte de Abasto (donde fue director durante años) y por abusar sexualmente de una empleada de ese mismo establecimiento.

Si bien las denuncias formales se presentaron a fines de octubre (el 20 y el 29) en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad conocen el derrotero del director desde hace mucho tiempo. Pero nunca actuaron en consecuencia. Es más, la administración de Axel Kicillof lo ascendió y le subió el sueldo.

La Dirección de Institutos Penales está bajo la órbita del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), dependiente del ministerio que conduce Andrés “Cuervo” Larroque. Se ve que al ministro las ansias de barrer (con engaños y represión) a las familias pobres de Guernica le quitó todo el tiempo y no pudo ocuparse de las “minucias” de las que Serrano es protagonista.

Torturas

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó el 20 de octubre una denuncia penal contra un grupo de funcionarios del OPNyA. Los acusa de varios ilícitos (con consecuencias fatales) cometidos en el Centro Cerrado Almafuerte, ubicado en el complejo del Sistema Penal Juvenil de la localidad platense de Abasto.

La CPM radicó la denuncia en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y Malos Tratos de la Provincia de Buenos Aires.

Además de Serrano, se menciona como responsables a los funcionarios del instituto Cristian Beninche, Sebastián Maldonado y Luis Mansilla y a un grupo de custodios del establecimiento. Para CPM, todos aplicaron “graves sufrimientos físicos y psíquicos”, con métodos precisos, instalando el “temor en la conciencia de las víctimas” y violando su dignidad. En resumen, “torturas”.

La denuncia recayó en la UFI 11 de La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta. Y vale decir que en agosto la CPM había presentado varios habeas corpus en favor de menores del Almafuerte, donde detallaba vulneraciones a derechos básicos de los jóvenes detenidos. Uno de los habeas corpus era por Gonzalo Nazareno Saucedo, de 17 años, quien era hostigado y torturado por el personal que debía custodiarlo. Durante meses el OPNyA no dio ninguna respuesta en la causa.

¿Suicidio?

El lunes 12 de octubre Nazareno Saucedo, junto a cuatro compañeros de otras celdas, estaban en un aula del sector “escuela”. Allí los detenidos usan una computadora para conectarse con familiares por Facebook. Eran las tres de la tarde cuando un grupo de asistentes del Instituto apareció en la sala y les dijeron que volvieran a sus celdas. Cuatro aceptaron irse, pero Saucedo pidió que lo dejaran terminar de hablar con su familia.

Según los menores que presenciaron todo, uno de los custodios empujó a Saucedo y casi lo tiró de la silla, lo que derivó en forcejeos y, finalmente, en una paliza del grupo al joven. La CPM afirma que a Saucedo lo sacaron del lugar “colgando mediante el método conocido como ‘criqueo’, es decir, mientras uno lo rodeaba con sus manos por el cuello ahorcándolo, otros sujetaban sus manos hacia atrás y los restantes de las piernas”. Testigos aseguran que el joven quedó inconsciente.

Los compañeros de Saucedo se quedaron en el aula. No se querían ir sin saber qué pasaría con él. Los custodios fueron “a buscar bastones, escudos y unas cosas tipo colchones con las que se protegen, y amenazaron con ingresar”. Los pibes llamaron entonces al director de Institutos Penales, Serrano, quien no sólo llegó una hora después sino que lo hizo a los gritos.

Tras una discusión con los jóvenes, Serrano ordenó al grupo de custodios sacarlos como sea. Les pegaron en todo el cuerpo durante un buen rato (a uno lo torturaron agarrándole los testículos), los esposaron y se los llevaron. “El director dirigía todo, estaba ahí y daba las órdenes”, dijeron luego.

Saucedo quedó mal herido y esa noche no le dieron de comer. Desde las otras celdas lo escucharon golpear el chapón de la puerta, en señal de auxilio. Al día siguiente estuvo todo el tiempo callado, sin hablar con nadie. El miércoles 14 amaneció ahorcado. La versión oficial dice que los guardias lo encontraron en su celda al ir a buscarlo para desayunar.

En el habeas corpus de agosto, la CPM denunciaba que el Estado nunca había atendido seriamente la salud del joven, tanto física como mental, pese a que nadie que lo haya tratado podía desconocer su complejo diagnóstico. También se denunciaba que el hecho de impedirle, sin razón alguna, comunicarse con su familia empeoraba el cuadro.

La Comisión por la Memoria afirma que “claramente el caso de Nazareno Saucedo da cuenta del funcionamiento del sistema de encierro de niños, niñas y jóvenes, las violaciones de derechos humanos y el nulo tratamiento de responsabilización que se implementa”. En los 16 meses que pasaron desde su ingreso al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil (12 de junio de 2019), el joven pasó por siete centros de encierro. Uno peor que el otro.

Ahora el fiscal Álvaro Garganta debe resolver si impulsa las medidas de prueba solicitada por la CPM, como el pedido al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y otras áreas del Estado provincial de toda la información que tengan sobre el caso de Nazareno Saucedo y sobre la situación general del Almafuerte. Además, que se escuche con oído pericial a los jóvenes del instituto y se les realice un diagnóstico médico integral.

Y habrá que ver qué dicen los imputados cuando sean llamados a declarar. Según pudo constatar La Izquierda Diario, no estaría todo muy tranquilo ni armonioso entre Serrano y los custodios a los que ordenó apalear a Saucedo y al resto de los pibes. Los custodios mastican bronca desde que el director de Institutos Penales aseguró que no defendería a nadie más que a sí mismo.

Abuso sexual

El jueves 29 de octubre, apenas una semana después de que la CPM denunciara a Serrano por torturas a menores, en la UFI 5 de La Plata ingresaba otra denuncia penal en su contra. Ahora por abuso sexual.

La denunciante es una empleada que desde 2009 trabaja en el área de Niñez y Adolescencia de la provincia (y de quien por el momento se preserva el nombre). Hasta febrero de este año había cumplido funciones en la secretaría del Instituto Almafuerte, donde Serrano fue director durante muchos años. Los hechos que denuncia comenzaron en 2012 y duraron hasta que le dieron el pase a otro centro de menores a principios de este año.

En la causa, a cargo del fiscal Juan Mennuci, la mujer denuncia que durante años Serrano ejerció sobre ella acoso verbal, represalias frente a sus negativas a salir con él y demás ataques. Hasta que en febrero directamente sufrió abuso físico, en plena jornada laboral. “Si no te gusta ya sabés qué hacer, te podés ir”, fue la respuesta de Serrano cuando ella, tras un manoseo inesperado, le gritó “¡¿qué hacés, estás loco?!”.

La denunciante agrega que tras ese hecho fue a hablar con Martín Moyo, en ese entonces subdirector del Instituto y hasta hace días director Provincial de Institutos Penales, quien lejos de actuar en consecuencia depositó en ella toda la responsabilidad: “pensá qué querés hacer”, le dijo a la víctima.

La mujer no tardó en pedir el pase y luego de meses de angustia decidió denunciar. “No quiero que le pase a otra chica lo mismo que me pasó a mí”, explicó. Y afirmó que hay más mujeres que fueron víctimas de Serrano.

Según cuentan sus compañeras y compañeros de trabajo, desde que decidió denunciar a su abusador, la denunciante no paran de recibir mensajes de funcionarios del Ministerio “apretándola” con la sugerencia de que no avance judicialmente. “Nadie te va a creer”, llegó a decirle una de las funcionarias de trato diario con Larroque.

Silencio

Desde que supieron de las denuncias penales contra el funcionario, las autoridades del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad decidieron hacer silencio. No sólo lo mantienen en su puesto, sino que hasta el momento no difundieron un solo comunicado oficial sobre las graves acusaciones contra él. Ni siquiera dan información sobre el asunto a quienes preguntan en privado.

Un día antes de presentar la denuncia por torturas en la UFI 11 de La Plata, la Comisión Provincial por la Memoria le envió una nota privada al ministro Andrés Larroque, solicitándole explicaciones sobre la acción de Gobierno frente a las múltiples denuncias de los internos del Instituto Almafuerte. Y, anticipándole la presentación de la denuncia penal, le pidieron el apartamiento de Serrano del alto cargo que detenta en el OPNyA. A tres semanas de esos pedidos, la CPM aún espera una respuesta del “Cuervo”.

Este medio no pudo confirmar si Juan Serrano formó parte de la banda de funcionarios que se instalaron en las afueras del predio de Guernica con el objetivo de desarticular con engaños, falsas promesas y represión la lucha por tierra para vivir de miles de familias. Pero no habría que descartarlo.

Para el Gobierno de Axel Kicillof los cientos de jóvenes de la toma no eran más que “delincuentes” que amenazan la “propiedad privada” de los grandes empresarios. Y qué mejor que Juan Serrano para pensar un “plan” con el que abordar a las infancias y adolescencias pobres.

Mientras Larroque calla, el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia se maquilla. El viernes pasado, en el Instituto Almafuerte asumieron dos nuevos directivos, Nerina Zarranz y Matías Valentini.

Para la presentación formal concurrieron la directora del OPNyA Eva Asprella, el subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil Omar Moya y la directora provincial de Institutos Penales, Gabriela Tozoroni (que acaba de reemplazar a Martín Moyo en el cargo).

A Serrano le dijeron que no hacía falta que vaya, que mientras deje de aparecer tanto en público lo siguen encubriendo. A no ser que el caso escale mediáticamente, claro.