Amnistía Internacional señaló en su informe anual sobre México la grave crisis de derechos humanos, violencia de género y desigualdad económica entre los problemas que el gobierno del priísta Enrique Peña Nieto agudizó durante su mandato.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Viernes 23 de febrero de 2018
Según el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo correspondiente a 2017 presentado por Amnistía Internacional, México atraviesa por una verdadera crisis.
Graves violaciones a los derechos humanos, que incluyen la tortura como práctica generalizada de las fuerzas represivas para obtener confesiones falsas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas se suman a la exacerbada violencia de género que ya afecta a dos de cada tres mujeres en nuestro país y a la arraigada desigualdad económica.
La impunidad que mantiene sin castigo la mayoría de estos crímenes y "envía el mensaje de que estos actos son tolerados" es un agravante a la situación en donde la violencia, según la Directora Ejecutiva de AI México, Tania Reneaum "es casi rutinaria". Según el organismo, la violencia en México alcanzó niveles equiparables con los casos de Brasil, El Salvador, Honduras y Venezuela. La aprobación de leyes como la de desaparición forzada no garantiza aún el acceso a verdad y justicia para las víctimas y sus familias, como tampoco lo han hecho medidas como la Alerta de Género.
El reciente caso de desaparición forzada del joven Marco Flores a manos de la Policía de la Ciudad de México, así como los enfrentamientos entre el Ejército y el crimen organizado en el oriente de la capital, han evidenciado cómo es que el problema es generalizado.
Ninguna "Ciudad de la Esperanza" ni "Ciudad Rosa" puede ocultar las consecuencias de la política de militarización de la que todos los partidos del régimen se han beneficiado. Ya sea para proteger los intereses de sus socios o para imponer a sangre y fuego el conjunto de reformas estructurales, la bota militar en las calles le ha costado al pueblo pobre y trabajador una dudosa cifra oficial de 100 mil muertos y 34 mil desaparecidos.
Las agresiones a periodistas (que alcanzaron cifras sin precedentes), defensores de derechos humanos y contra la comunidad sexodiversa, la incapacidad gubernamental para responder ante la tragedia provocada por los sismos de septiembre de 2017, forman también parte del panorama analizado por AI.
El escandaloso caso de Pegasus, sistema de espionaje comprado por el gobierno y utilizado para espiar a periodistas y a defensores de derechos humanos, también fue mencionado en el informe.
Sobre la aprobación de la Ley de seguridad Interior, que legaliza la atribución de funciones de policía a las fuerzas armadas, AI señaló que la militarización es una estrategia vinculada con el aumento de las violaciones de derechos humanos.
Las protestas por el gasolinazo, que cobraron la vida de varias personas y costó la detención de cientos, figuran en el informe como parte de la oleada de "agitación social" en donde también incluyen la persecución de huachicoleros, uno de los cuales fue ejecutado extraoficialmente por el Ejército durante un operativo en mayo de 2017.
Sobre el nuevo sistema judicial penal, implementado desde 2016, AI opinó que continúa reproduciendo problemas del sistema anterior, en donde se violan principios como la presunción de inocencia y se dan casos de obtención de pruebas y confesiones con métodos ilegales. Los motines en cárceles fueron otro factor de crisis que evidenció graves violaciones a los derechos humanos de las personas presas en México.
Además del factor "interno", en el que no puede negarse la intervención de Estados Unidos desde el principio con la implementación del Plan Mérida, el informe de Amnistía Internacional señala el factor Trump como uno de gran importancia al momento de hablar de la crisis en México y del retroceso de los derechos humanos a nivel regional.
Según el informe:
Entre los factores que también contribuyeron al importante retroceso de los derechos humanos figuraron la serie de órdenes ejecutivas emitidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, —entre ellas una que pasó a conocerse como “la prohibición de entrada a los musulmanes”— y los planes del mandatario para construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
Sin embargo, las violaciones a los derechos de los migrantes no han sido únicamente por parte de las autoridades estadounidenses. México, señala el informe:
Recibió una cifra sin precedentes de solicitudes de asilo, en su mayoría de ciudadanos y ciudadanas de El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela, pero eludió reiteradamente brindar protección a quienes la necesitaban y, en lugar de ello, devolvió a esas personas a situaciones sumamente peligrosas donde incluso sus vidas estaban en riesgo.
Esto sin contemplar los casos de violaciones a los derechos humanos de los migrantes dentro del país, cometidos por las mismas autoridades migratorias.
