Megaminería. Andalgalá resiste con bloqueos el avance de la canadiense Yamana Gold

Los vecinos de Andalgalá, en Catamarca, están en alerta. Con "bloqueos selectivos e informativos" en los caminos a los distritos Choya y El Potrero desde el Día Mundial del Agua el 22 de marzo, la Asamblea El Algarrobo protesta contra la nueva ofensiva de la minera canadiense Yamana Gold con complicidad de funcionarios y Poder Judicial. Aunque la provincia decretó “emergencia hídrica” en diciembre, es sobre los asambleístas que denuncian el saqueo del agua en quienes recae la amenaza de represión.

Tras una década de lucha en defensa del territorio y los bienes comunes en la sierra del Aconquija, una zona de ambientes glaciares y periglaciales protegida por ley, en diciembre hubo dos señales de que un nuevo zarpazo de la megaminería estaba en camino: el 19 de diciembre pasado Yamana Gold anunció la integración de Agua Rica con Minera Alumbrera en el proyecto MARA. Apenas dos días después, la Corte de Justicia de Catamarca emitió un fallo que declara la “inconstitucionalidad” de la Ordenanza 029/2016 que prohíbe la explotación minera en cualquiera de sus formas en la cuenca del río Andalgalá.

Dicha ordenanza había sido una conquista de los andalgalenses en su disputa histórica contra la minera y el Ejecutivo de Catamarca, ya que se la impuso en el ámbito municipal tras el fallo de la Corte Suprema de la Nación del 2 de marzo de 2016, que hizo lugar al pedido de vecinas y vecinos y obligó a la Justicia a revisar su amparo ambiental, que según la asamblea “tenía que haberse resuelto en 48 horas en aplicación de los principios precautorio y preventivo”, pero lleva más de once años. Pese al intento por declararla inconstitucional, la asamblea aclara que la ordenanza sigue vigente y llama a defenderla.

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“Están provocando otro 15 de febrero”, habían dicho en diciembre pasado en referencia al día de 2010 en que su protesta fue ferozmente reprimida. Desde entonces, cada sábado caminan alrededor de la plaza principal para reafirmar su pelea contra el extractivismo minero. Ya llevan 581 caminatas por la vida.

Meses atrás, en clara violación de la ley de glaciares, el Ministerio de Minería catamarqueño, que todavía estaba a cargo de Rodolfo Micone, autorizó a Yamana Gold once nuevas perforaciones y la creación de 2700 metros de nueva huella minera. A raíz del pedido de la empresa, el Estado provincial realizó una inspección al yacimiento, donde, entre varias irregularidades más, se determina que hay una vega de altura, cuya existencia implica, de acuerdo a técnicos que asesoran a El Algarrobo, que se está en presencia de ambiente periglacial.

“Ya está probado en varias causas judiciales e incluso en el propio Ministerio de Ambiente de la Nación que existen glaciares en la zona de Agua Rica”, dice Mariana Katz del Serpaj, abogada de la asamblea, quien agrega que la inspección de Minería de Catamarca establece que la perforación en la vega no se puede realizar y que hay que cuidar ese curso de agua. Insólitamente, en el marco de estos hallazgos son autorizadas las once perforaciones y la nueva huella minera. “Es un comienzo de explotación”, señala Katz. “Si el Gobierno de la provincia autoriza la perforación de la montaña estaría violando la medida cautelar que dispone que está suspendida la explotación”.

De las once perforaciones que Yamana Gold solicitó, una fue aprobada sobre la vega de altura, precisamente donde el informe de los técnicos del Ministerio de Minería junto a los de El Algarrobo había dicho que no debía realizarse. La cartera minera incluso autorizó tres perforaciones en tres lugares distintos a los que solicitó la empresa: una a menos de 700 metros del glaciar, otra sobre el curso del río Minas -que es uno de los que conforma la subcuenca del río Andalgalá- y otra por fuera de la mensura minera, en el yacimiento Filo Colorado que se encuentra en zona de glaciares mapeados por el Ianigla [1].

Con este antecedente y con el marco del pacto de todo el arco político tradicional para imponer la megaminería en Chubut, los integrantes más jóvenes de El Algarrobo iniciaron bloqueos en zonas en las que está expresamente prohibida la explotación minera, aunque la canadiense avanza como si fuese dueña del territorio, incluida el agua. Si bien la provincia está en emergencia hídrica, lo que afecta a campesinos y pobladores en general, a Yamana Gold le autorizaron 7 300 000 de litros de agua en el año para “ablandar la tierra” de la zona donde perforará.

El mismo juez que ordenara la represión en 2010, Rodolfo Cecenarro, a cargo del Juzgado de Control de Garantías, ahora rechazó un hábeas corpus preventivo que había sido presentado en resguardo de vecinos y vecinas que se pusieron al frente de las acciones y que ya recibieron el hostigamiento de la Policía en su asamblea permanente en el camino comunero Chaquiago-Choya. Desde El Algarrobo denuncian que “no se respetó el debido proceso” ya que Cecenarro avisó tarde -limitando instancias de apelación- y no se molestó en fundamentar su resolución, que fue tomada el 24 de marzo, una fecha más que sugerente. Lo único que queda claro según el fallo, que ocupa menos de dos carillas, es que la “violación de normas tipificadas como falta, delito o contravención” correría por cuenta de los vecinos.

Según los integrantes de la asamblea socioambiental, estas “perversas maniobras” del juez dejan abierta la posibilidad de una nueva represión. En ese sentido, hacen responsables a las máximas autoridades, desde el propio Alberto Fernández, el gobernador Raúl Jalil y el intendente Eduardo Córdoba hasta las instancias legislativas y judiciales.

Con el speech de Plan Estratégico de Desarrollo Minero liderado por Matías Kulfas y Alberto Hensel, el catamarqueño Jalil también habla de “minería sustentable” y como “política de Estado”. Hace un año nombró a Fernando Jalil, su hermano, como presidente del directorio de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), una empresa minera estatal para la extracción de oro y plata en sociedad con Minera Alumbrera.

“Nuestro tanque de agua”

Así llaman en El Algarrobo a las sierras del Aconquija, la división natural entre Catamarca y Tucumán. Se trata de glaciares y ambientes periglaciales sin los cuales es imposible pensar en derechos esenciales a un ambiente sano o al agua para los andalgalenses. “Nosotros nos quedaremos en nuestro pueblo, que se vayan las empresas que nada tienen que ver con nuestra tierra”, afirman en un comunicado publicado en Facebook.

Aunque el conflicto entre la comunidad y las mineras se intensificó en los últimos once años, el yacimiento Bajo La Alumbrera saqueó unas sesenta mil toneladas de oro durante más de dos décadas. Está en proceso de cierre, pero deja un legado de contaminación con sustancias tóxicas como el cianuro y la voladura de los cerros que proveen agua a varias comunidades, como el nevado. Catamarca sigue en la pobreza y el abandono.

Este 26 de marzo el municipio decretó restricciones a la circulación, pero los vecinos anunciaron que, respetando medidas sanitarias, seguirían apostados en asamblea permanente. Los luchadores de Andalgalá saben que las corporaciones y los Gobiernos juegan a desgastarlos con maniobras y ataques. Pero también tienen claro que, pese al cansancio y las amenazas, su amor por el territorio y sus bienes comunes les dan “fuerzas extraordinarias” para defenderse. “El corte selectivo a las empresas mineras no se levanta y la caminata por la vida no se detiene. Seguimos resistiendo. Fuera las mineras de nuestro territorio. ¡El pueblo de Andalgalá continua de pie!”, anuncian.