COVID-19: ENTRE CAMPAÑA ELECTORAL Y UNA INDEFINIDA RELACIÓN DE FUERZAS ENTRE LAS CLASES. Áñez emite decreto buscando contener una crisis potencialmente explosiva

Este miércoles 17 de marzo Jeanine Áñez emitió un nuevo decreto con algunas medidas de emergencia para enfrentar la crisis socio-sanitaria provocada por el COVID-19. Prohibición de corte de servicios, moratoria de deudas, bono familia, cierre de fronteras por todas las vías y cuarentena parcial son las más destacadas.

La llegada de esta pandemia está permitiendo al Gobierno emergente del golpe de Estado de noviembre fortalecer y acrecentar el papel del ejército y de las fuerzas de seguridad en la vida política y social del país, robusteciéndose las voces derechistas y fascistoides como la del candidato presidencial por la alianza "Libre 21", Tuto Quiroga (vicepresidente del fallecido ex dictador, Hugo Banzer Suárez), que exigen la declaratoria de un Estado de Excepción. O del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que amenzó con realizar patrullajes cibernéticos para impedir la difusión de noticias "falsas" que agravarían las crisis sanitaria y que estarían provocadas por cibernautas afines al MAS y a los que se buscaría detener.

Entre las medidas dispuestas no solo está un endurecimiento de la cuarentena parcial decretada el día lunes, sino que se prohíbe el corte de los servicios domiciliarios esenciales así como se crea el bono familia, que pretende paliar la grave situación de decenas de miles de trabajadores y trabajadoras precarizados e informales que producto de la cuarentena impuesta no podrían hacer frente a la grave situación económica en curso. Así mismo se dispone la moratoria de deudas bancarias mientras dure la crisis sanitaria, las cuales deberán ser canceladas al final del crédito.

Las medidas como el bono y otras que tienen un "dejo popular" buscan contener una crisis que aunque en la coyuntura le permiten a Áñez endurecer y fortalecer al Estado y sus fuerzas represivas, son sin embargo potencialmente explosivas de no poder controlar la crisis.

Estas medidas de Áñez, ya están siendo cuestionadas por los sectores más a la derecha de las clases medias, quienes afirman que se trataría de discriminación el otorgar este nuevo subsidio a las familias cuyos hijos asisten a la escuela pública, excluyendo a las familias que pueden pagar una educación particular y privada para sus hijos. Así mismo, en redes sociales, han cuestionado la medida por ser de corte “populista” lo que ven como una continuidad de las políticas sociales adoptadas por el MAS en sus 14 años de Gobierno.

Lo cierto es que las medidas dispuestas por el Gobierno golpista de Áñez, además de ser parte de una acelerada competencia electoral, son también un reconocimiento a la indefinición de la relación de fuerzas entre las clases luego del golpe de Estado de noviembre, que hacen comprender que la pura militarización sin tomar en cuenta los graves problemas sociales en el país, pueden detonar no solo el fracaso de las medidas de aislamiento social para evitar la propagación del virus sino, y esto es lo que más temen, una respuesta crecientemente organizada de los sectores populares a los que se les pretende hacer pagar el costo de la crisis.

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Estas medidas sin embargo, lejos de ser una solución a la gravedad de la crisis y de nuestro sistema de salud, solo pretenden ser un mecanismo de contención durante las próximas semanas de cuarentena, preservando los grandes negocios de la salud privatizada que no solo que no es afectada sino que hasta el momento y como denuncian trabajadores de la salud, no existe una seria provisión de equipos e implementos necesarios para afrontar la posibilidad de contagios masivos en los próximos días. Tampoco se ha garantizado la provisión gratuita de alcohol en gel, barbijos y demás artículos necesarios para que la población pueda protegerse. El decreto no toma en cuenta la situación de miles de familias que deben pagar un alquiler y que no van a poder obtener los recursos para estos casos; lo mismo sucede con los innumerables procesos de desalojo que aumentan la inseguridad de las familias de los sectores trabajadores y más pobres de la población.

En nuestro país la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras producto de las leyes y disposiciones neoliberales que flexibilizaron y precarizaron el empleo y que fueron sostenidos durante los 14 años del Gobierno del MAS hacen que la situación de las grandes mayorías trabajadoras del país sea gravísima ya que informales o trabajadores asalariados precarizados viven del día a día poniendo en evidencia que la cuarentena como medida preventiva del contagio es un privilegio de clase.

Es más, pese al endurecimiento de las medidas de cuarentena parcial en todo el país, aun los trabajadores y trabajadoras se ven obligados a arriesgar su salud manteniendo sin afectar la producción industrial y minera, como tampoco los servicios que están funcionando en las mañanas hasta primeras horas de la tarde, provocando grandes aglomeraciones en mercados, oficinas y empresas en los horarios de la mañana.

Frente a esta situación, la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), y la Federación Departamental de Trabajadores del Magisterio Urbano de La Paz (URMA- FDTMULP) entre otros importantes sindicatos dirigidos por la burocracia sindical masista y golpista no han pronunciado ni una sola palabra de la grave situación que amenaza a las y los trabajadores y el pueblo.

Se hace urgente exigir la inmediata centralización de todos los servicios de salud pública y privada bajo control de las y los trabajadores, vecinos y comunidades que con la asistencia de especialistas médicos puedan elaborar un genuino plan de contingencia al servicio de las grandes mayorías populares y no al servicio de las ganancias de unos pocos empresarios. No podemos permitir que Larrea y los golpistas pongan en riesgo la salud de nuestras familias.

Como afirmamos en la declaración de la Fracción Trotskista por la Cuarta Internacional (FT-CI) es urgente que las organizaciones de las y los trabajadores encabecen la lucha por el incremento de los presupuestos para la salud pública afectando seriamente las ganancias de los grandes negocios capitalistas. Para ello hay que impulsar la organización para preparar la lucha que imponga impuestos progresivos a las grandes ganancias así como reducción drástica de los presupuestos al servicio de la represión de las Fuerzas Armadas y de la Policía, para volcar todos esos recursos al servicio de las necesidades de salud que exige esta crisis. Esto debe ir acompañado de la confiscación de emergencia de todos los recursos privados que sean necesarios para brindar atención médica y test adecuados a la población. También entre otras urgentes medidas es necesaria la contratación de todos los trabajadores de la salud que hoy están en paro así como de las y los estudiantes de Medicina de último año.