La presidenta Jeanine Áñez inaugura el año de lucha contra el feminicidio e infanticidio e instrumentaliza la lucha contra la violencia de género de la mano de los militares, policías y otros sectores conservadores.
Domingo 19 de enero de 2020
Foto: Redes Sociales
La gestión 2019 tuvo uno de sus más altos índices en cuanto a feminicidios (117). La tragedia continua. En menos de 20 días del 2020 ya se reportan 13 feminicidios como parte de lo que casi podría considerarse una macabra tradición.
Desde el aparato gubernamental representado ahora por el gobierno de facto de Áñez, a través de la inauguración del “año de lucha contra la violencia de género y la violencia infantil” se han pronunciado las “buenas intenciones” por frenar el conteo desbordante de feminicidios. Sin embargo, resulta interesante observar que esto no sea más que una réplica de la tan resonante campaña “hagamos un pacto” [1], que en el trasfondo está al servicio de instrumentalizar las muertes, violaciones y violencia ejercida cada día contra las mujeres en el territorio nacional, en favor de intereses políticos conservadores. Solo se trata de un circo mediático porque se pronuncia a través de un gobierno que ha tenido como primer ministro de la Presidencia al abogado de ‘la manada’ y no olvidemos que otro de sus allegados, Camacho, ha sido denunciado por violencia familiar por su ex pareja y ha defendido a la Resistencia Juvenil Cochala por la violencia ejercida contra mujeres de pollera recientemente.
Además, este autodenominado "gobierno de transición" ha subido de la mano de las fuerzas represivas. Esa misma policía y aparato militar que han perpetrado el golpe de estado y posteriormente entregando el poder a una derecha compuesta por las decadentes figuras políticas rancias de la oposición. No nos olvidemos de algunos de los casos de violencia ejercida por miembros de la policía: el caso de Uvaldo Baltazar en Cochabamba (2017), un policía retirado que después de 4 víctimas secuestradas torturadas y violadas fue presentado a la justicia y acusado formalmente solo por un caso de violación, dado que las anteriores denuncias de las víctimas menores de edad fueron obviadas o más bien “limpiadas” en complicidad con fiscales, médicos forenses y "camaradas". También recordemos el caso de Miguel Ángel Q. C. (2019), quien siendo policía violaba a una niña de trece años y la obligaba a vender pastillas abortivas y la prostituía con otros policías.
Cuando se habla de violencia de género se observa que esta no se está combatiendo, simplemente regulando y siendo su escenario institucional la Ley N°348 (Ley en contra de la violencia de género), es el más acertado diagnóstico de seguir en un estado fuertemente patriarcal, machista, clasista y misógino. En este contexto, el discurso anti patriarcal del gobierno no es más que eso, la reducción de una lucha tan dolorosa a simples campañas de colores y hashtags.
El gobierno por más que tenga de presidenta a Jeanine Áñez, no significa ni el más mínimo avance para la lucha de las mujeres, es necesario romper con la romántica concepción de creer que una mujer en el poder es un avance, pues desde quienes componen el aparato gubernamental de facto es que el discurso anti derechos se pigmenta en personajes como el mininistro de Gobierno, Arturo Murillo, quien afirmaba que: “ si las mujeres quieren matarse que lo hagan, si quieren ser liberales que lo sean y se maten a sí mismas, pero que no decidan sobre otro ser” refiriéndose con esto a la lucha por la elección de la maternidad y el derecho al aborto libre seguro y gratuito; de esta forma es claro que el discurso por democracia, justicia y paz dista mucho de la intencionalidad de estos personajes y del gobierno.
Los feminicidios que han sido un número más para cada gobierno que ha pasado por encima de la sangre de las víctimas con el cuidado de no mancharse los zapatos, solo han significado algo más para esos mismos gobiernos oficialistas y opositores, cuando en las calles las mujeres han hecho sentir su voz y su despertar, esto por el hastío de ser violentadas desde que nacen, siendo encajonadas dentro de roles y prototipos que brinden un excelente servicio de sumisión y predisposición al patriarcado y al capitalismo; obteniendo la muerte civil y/o física como respuesta si es que no están dispuestas a cumplir con estas expectativas.
La lucha por la vida de las mujeres y por la emancipación no se puede plantear sin la conciencia de clase, pues si la muerte duele en todos los escenarios solo tienen justicia quienes puedan pagarla.
[1] La campaña "Hagamos un pacto, vivamos sin violencia" fue un acuerdo firmado entre el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización Ana María Romero, el Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo de la Magistratura y la Fiscalía General del Estado como parte del Plan de Acción Contra los Feminicidios y la Violencia Machista, desarrollado durante el gobierno del MAS.
