Nuevas repercusiones y aristas se abren a raíz del Caso Audios, golpeando a la jueza de la Corte Suprema Angela Vivanco.
Jueves 12 de septiembre de 2024
Hace algunos días se reveló que la Corte Suprema suspendió de sus funciones a la jueza Angela Vivanco debido a que iniciaron una investigación para su remoción del cargo. Los motivos que argumentan son los siguientes:
1.- Interferir en designación del fiscal nacional y en nombramientos de conservador de bienes raíces de Viña del Mar y de Concón (Valparaíso).
2.- Supuestas irregularidades cometidas en la tramitación y conocimiento en las causas de Consorcio Belaz Movitec Spa. con Codelco.
3.- Intervenir en nombramientos de ministros y ministras de Cortes en coordinación con el abogado Luis Hermosilla.
4.- Intromisión en causas en tramitación y en la integración de salas de la Corte Suprema, con el mismo abogado.
5.- Entregar información sobre causas relacionadas con miembros de Carabineros y Fuerzas Armadas, antes de la firma de la sentencia y su notificación, y efectuar recomendaciones procesales a Hermosilla.
6.- Concertar con el abogado para obtener el nombramiento de miembros de la Corte Suprema, afines a sus intereses.
Todo esto a raíz de los chats que mantuvo con el abogado piñerista, Luis Hermosilla, entre el 2018 y 2023. En estos 6 puntos no se considera la forma en que obtuvo su cargo, donde chats revelan que Hermosilla ejerció su influencia para que Piñera la tuviera como candidata.
En cuanto a la investigación iniciada, la abogada tuvo que hacer entrega de su celular y computador personal.
Vivanco siempre estuvo ligada a la derecha y a los grupos empresariales, recordemos que en 1997 se presentó como candidata a diputada por Renovación Nacional y fue también quien buscó privilegiar a la Isapres en medio del escándalo por los ajustes arbitrarios de los planes a sus afiliados.
Otra muestra más de la profunda ligazón que existe entre el poder económico, político y judicial, que por medio de los mecanismos como la corrupción, soborno y tráfico de influencias, busca administrar y favorecer los negocios empresariales. Cuestion que hoy tiene profundamente cuestionado el poder judicial, develando que su “imparcialidad” no es tal, y que al igual que todas las instituciones del Estado favorece los intereses capitalistas.
