La concejala del PTS en el Frente de Izquierda del municipio, Natalia Hernández, presentó un pedido de informe en el Concejo Deliberante de La Matanza a la Secretaría de Salud la de Géneros, sobre el acceso de mujeres y personas gestantes al acceso a este derecho. "La Secretaría de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades año 2022 tuvo una subejecución de presupuesto del 48,8%".
Martes 13 de junio de 2023 21:00
Este 13 de junio se cumplió un nuevo aniversario que copó las calles, pero también escuelas, hospitales, oficinas, espacios públicos. Un reclamo que tenía una larga historia de lucha pero que al calor de las movilizaciones por Ni Una Menos; del rechazo a la política de ajuste del macrismo; del hartazgo ante la imposición de las autoridades y de las cúpulas de las iglesias, encontró en la juventud, particularmente en las pibas, a los protagonistas centrales de este proceso que unió los pañuelos blancos de las madres, los pañuelos verdes de la legalización del aborto, y los pañuelos naranjas, a favor de la separación de las Iglesias del Estado. Sabemos que los vínculos entre las Iglesias y el Estado están en el centro de la responsabilidad. Porque en nuestro país se sigue financiando a la Iglesia Católica con decretos de la dictadura y tiene potestad para incidir en la educación pública, en la salud de las mujeres. Sin ir más lejos, en La Matanza existe una Subsecretaría de Culto creada por Verónica Magario, cuando era intendenta, en el año 2019.
Natalia Hernández, concejala y precandidata a intendenta por FITU en La Matanza, presentó hoy un pedido de informe al Concejo Deliberante. Hasta ahora, no hay información oficial sobre el número de mujeres y personas gestantes que acceden al aborto legal en el municipio, mucho menos en qué condiciones.
"Existe un Ministerio de mujeres, género y diversidades de la Provincia de Buenos Aires, con una partida presupuestaria del 0,06% del presupuesto total de la Provincia. Totalmente insuficiente en relación a la necesidad de casas hogar para víctimas de violencia de género, programas de capacitación para implementar la ESI, aplicación de políticas públicas para prevenir las violencias, y la plena implementación como venimos exigiendo de la IVE/ILE con todos los medicamentos e insumos necesarios, entre muchas otras necesidades. Esto también tiene su expresión en la precarización que el Estado descarga sobre los hombros de sus trabajadoras que reciben salarios de miseria y contratos temporarios. El pleno acceso a la práctica de IVE/ILE, así como a la salud sexual y reproductiva sigue siendo un tema de salud pública central que debe implementarse libre de cualquier obstáculo médico, judicial o administrativo garantizando el acceso real y equitativo al derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y personas gestantes invirtiendo el presupuesto necesario para garantizarlo" dice el pedido presentado.
En La Matanza hay cinco hospitales y otros tantos centros de salud de atención primaria donde tendrían que funcionar Consejerías y Unidades de atención interdisciplinarias para garantizar la IVE. Las trabajadoras de la salud denuncian que no hay recursos suficientes, que sus condiciones de trabajo son de suma precarización, atados al monotributo, lo que lleva incluso a profesionales a renunciar en sus cargos, puestos vacantes al día de hoy. Desde la Secretaría de políticas de géneros y diversidades, a cargo de Liliana Hendel, no hay, nunca hubo desde su conformación(2020) difusión de la Ley 27.610 ni de consejerías en el distrito.
"La Secretaría de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades año 2022 tuvo una subejecución de presupuesto del 48,8%. Se destaca de refugios un recorte de más de 8 millones de pesos, en la actualización, cuando es uno de los distritos con mayor denuncias por violencia de género. O sea no solo no actualizaron por inflación, sino que le sacaron presupuesto. A esto se le suma que solo ejecutaron el 4,55%, lo que equivale a $885 mil en todo el año" grega la concejala.
El dificultoso acceso a la salud y la información, aun cuando existen leyes como la de Salud Sexual y Reproductiva (2002) o de Educación Sexual Integral (2006). Las desigualdades sociales y económicas acentúan un escenario imposible para quieres quieren decidir sobre sus cuerpos. Por eso, a la par de que seguimos peleando por ESI en todos los niveles y por el sobreseimiento de Miranda Ruiz, tenemos que redoblar las fuerzas, recuperar las calles por la separación de la Iglesia del Estado y el no pago de la deuda odiosa con el FMI, como cuando impulsamos la marea verde por el aborto legal.
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