Bolivia. Ante el alarmante aumento de feminicidios exigimos declaratoria de emergencia nacional

La semana pasada la prensa informó del caso de la cabeza de una persona encontrada, identificada posteriormente como una mujer de entre 30 y 40 años, este junto a otros casos evidencian la brutal violencia ejercida contra las mujeres que cada año vemos en constante incremento. A esto se suma que los medios de prensa afirman que cada año las víctimas de feminicidios son más jóvenes y que es en la relaciones de pareja donde va incrementando estos hechos de violencia, en una sociedad que naturaliza la posesión de la pareja.

Hasta abril del 2022 se reportaron 25 feminicidios, aunque las vidas arrebatadas de las mujeres no las podemos reducir a sólo cifras, éstas son necesarias para vislumbrar la urgencia de exigir acciones efectivas. Y es que tanto estos datos como también el incremento en tentativas de feminicidio, que en comparación a cifras del 2021 se incrementaron en un 43% y hasta estas alturas del año ya son 50 casos presentados, que forman parte de los 11.963 casos de denuncias por violencia hacia la mujer, las cuales se incrementan con aproximadamente 134 denuncias diarias, que nos revelan un alarmante panorama. Donde las regiones de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba registran la mayor cantidad de feminicidios y el departamento de Santa Cruz tiene el mayor índice de denuncias de violencia patriarcal con 4.536 casos.

Sin embargo, esta situación no ve ninguna salida con el actual sistema judicial, patriarcal y mercantil, pues como la ineficiente Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio informó que hasta el momento identificó 141 casos de feminicidas y violadores sentenciados que fueron liberados, esto está llevando a que sean 15 jueces los procesados por haber estado involucrados en su liberación. Sin embargo, lejos de ser sólo este problema es todo el aparato judicial patriarcal que lucra a costa de las vidas de las mujeres y que solo da respuesta para aquellos que pueden costearla. Mientras hacen de la vista gorda a las denuncias de violencia patriarcal, constantemente acaban ejerciendo revictimización contra las víctimas y las familias. Sin embargo, la revictimización no acaba con el aparato judicial, pues en esto los medios de comunicación también son responsables, quienes acaban fomentando el morbo en torno a estos casos con su sensacionalismo mediático.

A esto se suma la complicidad del Estado y los gobiernos, que en las diversas instancias es irrisorio el presupuesto asignado para la lucha contra la violencia hacia las mujeres, como por ejemplo que en el departamento de La Paz, al año 2018 corresponde a menos del 0,36% del presupuesto departamental y cada año es menor aún, cuando las cifras de violencia se ven en constante aumento. Y el avance de sectores ultraconservadores que atentan contra los derechos de las mujeres y las diversidades y disidencias sexuales, generan mayores condiciones de impunidad para la violencia patriarcal y capitalista, que se evidencia con lo sucedido con el caso de “la manada” en Santa Cruz, que ahora vemos es el departamento con mayores índices de denuncias de violencia. Pero no les interesa cambiar esta situación que incluso la utilizan a su favor, tanto con discursos demagógicos como mediante la constante instrumentalización de la justicia entre los diversos partidos del régimen (CC, Creemos y MAS).

Por eso, luchamos contra este sistema capitalista, un sistema de explotación hacia los trabajadores y trabajadoras que se encuentra en un matrimonio conveniente con el patriarcado y otros sistemas de opresión, que ejercen una cadena de violencias contra las mujeres, diversidades y disidencias sexuales y de género, desde la económica, físicas, raciales, psicológicas y sexuales, naturalizadas en la sociedad, cuyo último eslabón acaba en el feminicidio. Esta cruda realidad condiciona incluso que muchas mujeres desistan de las denuncias contra sus agresores. Sin embargo, entendemos que estos agresores son producto de este sistema, hijos sanos del patriarcado y el capitalismo, por eso apostamos por cambiarlo todo desde la raíz y es por esto que nos organizamos y salimos a las calles porque todo lo conseguido hasta hoy es fruto de la lucha. Nos negamos a quedarnos en un círculo sin salida, donde el Estado y sus gobiernos se lavan las manos simplificando el incremento de los feminicidios mostrando solo cifras, y haciendo demagogia de “futuras” reformas institucionales, como si la salida fuera de la mano del poder judicial y la policía que en los hechos son quienes encubren a los feminicidas, mientras nos niegan la recepción de las denuncias y nos violentan.

Desde la organización Pan y Rosas apostamos por el fortalecimiento del movimiento de mujeres, de las disidencias sexuales y de género y feministas que en este contexto, impulsadxs desde la fuerza movilizada en las calles a nivel nacional el 8 de marzo, generemos espacios de discusión y acción frente a este alarmante ascenso de violencia machista, racista y capitalista que diariamente arremete contra nosotres.

También creemos importante en esta lucha contra la violencia machista, movilizarnos por imponer al Estado la instalación de comisiones independientes de investigación conformadas por familiares de víctimas de feminicidios y violencia machista, por representantes de organizaciones feministas y representantes de derechos humanos y que cuenten con financiamiento estatal y acceso a toda la documentación necesaria para realizar esta labor.

También luchamos por un Plan de Emergencia Nacional contra la violencia machista que garantice para las víctimas:

1. 1. Creación de refugios transitorios y también la implementación de planes de vivienda con créditos baratos y tasa 0% de interés. Es urgente que se garantice techo a todas las víctimas de violencia machista como una básica medida de prevención de feminicidios.
   2. Asistencia económica mensual que cubra el costo de la canasta familiar hasta que el Estado garantice su inserción o reinserción laboral.
   3. Que se prohíban los despidos de las mujeres víctimas de violencia machista.
   4. Que todo esto sea financiado reduciendo el presupuesto destinado para las fuerzas represivas, quienes se constituyen en garantes y ejecutores de la violencia machista, racista, sexista y capitalista.

Estos son los primeros pasos que con la movilización en las calles debemos imponer. Basta de comisiones controladas por los mismos que son garantes de la impunidad y que solo someten a procesos de revictimización. Estamos en momentos en que importantes sectores populares y de trabajadores están empezando a rechazar la violencia patriarcal que se está llevando la vida de muchas mujeres. Debemos organizarnos para convertir esa rabia e indignación en fuerza movilizada que potencie el cada vez más grande movimiento de mujeres a nivel nacional y que en alianza con el pueblo trabajador impongamos estas medidas como primeros pasos para hacer frente a la violencia machista y patriarcal.