Publicamos el siguiente artículo de denuncia en tribuna abierta, que da cuenta de la situación del extractivismo en el país, la situación del carbón y la corrupción que lo rodea, donde se involucran empresas privadas, figuras de la farándula y funcionarios militares.
Martes 21 de abril de 2020
Por Mutual de Rabias
Ericka Raven, animadora de televisión zuliana, ampliamente conocida por los asiduos al mundo del espectáculo venezolano, publicó en una historia de su cuenta de instagram, una oferta de 130 mil toneladas de carbón por un monto de 68 USD la tonelada, es decir 8.840.000 dólares. La publicación se hizo rápidamente viral y comentada. Raven eliminó la publicación alegando en un post que fue pura ignorancia de su parte haberlo hecho, afirmó que casualmente publica en su red social peticiones de ayuda y ventas que recibe de terceros e insinuó que sólo lo hizo en calidad de mediadora: “posteé, la venta de unos carbones sin saber nada del asunto”.
Nos sumamos y refrendamos las preguntas que ya se hacen periodistas, activistas antimineros y ciudadanxs y a su vez agregamos las nuestras: ¿Qué empresa privada, como se enuncia en su publicación, pidió a Raven que publicara la venta de 130 mil toneladas de carbón? 95 mil toneladas ubicadas en el puerto de Bajo Grande, llenadero de combustible bajo el control de la Fuerza Armada y la Guardia Nacional y otras 35 mil más ubicadas en Carrasquero, Municipio Mara.
Raven hace semejante oferta en una cuenta personal, como si se tratase de productos cosméticos, asumiendo claramente la intermediación de esta oferta. Pudiéramos aceptar su candidez al publicar de esa manera, pero aun así debe aclarar muchas cosas, pues su publicación haría referencia a un delito. Y es que el mineral extraído solo puede ser transportado y comercializado a través de empresas contratadas o asignadas legalmente por el Estado venezolano. Y según el decreto Nro, 3599 es la empresa mixta turca-venezolana Carboturven CA la única empresa autorizada para comercializar el carbón extraído de las dos minas en actual explotación de carbón en Venezuela, en los yacimientos Paso Diablo y Mina Norte ubicados en el Municipio Mara del Estado Zulia.
No podemos dejar de preguntarnos: ¿Está el Estado venezolano o una parte de él, bachaqueando, es decir vendiendo ilegalmente excedentes en depósito del mineral extraído en esas minas?
Sólo con la participación de la Fuerza Armada en esa zona y con la aprobación de muy altos mandos militares pudiera realizarse una operación de esta naturaleza. Aún si se vendiera al detal semejante cantidad, lo cual es improbable comercialmente, ya que esta operación sólo tendría sentido en los términos en que el Estado venezolano en los últimos seis gobiernos se ha empeñado en sostener. Esto es, venderlo en el mercado internacional, que claro que tiene un mercado negro de la energía y los minerales. Por esto es más fácil bachaquear grandes cantidades de combustible, cosa que ya sucede, que realizar esta operación. Pero tal precedente y los actores dentro y fuera del Estado lo garantizan y hacen posible que este delito se sume a los ya conocidos por la opinión pública en esta región del país. Hoy sabemos que la demanda y los precios del carbón se han disparado debido a la contingencia mundial que supone la pandemia de coronavirus. Y no nos extraña que el desespero de algunos por sacar provecho de negociaciones irregulares se imponga en medio de una crisis que sólo pagamos nosotros.
Aseguran vecinos y activistas de la región zuliana, que la circulación de gandolas cargadas de carbón ha sido frecuente en los últimos meses por el municipio San Francisco, probablemente con destino hacia los puertos gabarreros ubicados en El Bajo y La Cañada de Urdaneta. Ambos rechazados históricamente por las comunidades afectadas por la contaminación y las enfermedades respiratorias que han generado.
Si la participación en este negocio de la periodista queda confirmada, no hay manera de probar la legalidad de tal transacción. Constituye entonces un delito en el que ella no puede operar sola para hacerlo posible, porque como dicen nuestros hermanos, no son cremas faciales lo que está ofreciendo. Por tanto, sin que se devele la cadena de participaciones, no hay delito cometido por esta incauta ciudadana y ella puede hacer ver este evento gravísimo como un particular “descuido” o tal vez una elaborada mala broma de un “desconocido”.
La frontera colombo venezolana y la plataforma marítima de este país se han convertido en un puente para negocios irregulares que han quedado fuera de cualquier moderación o control en los últimos 20 años. Estos negocios parecen sostener las relaciones de poder en Venezuela al punto de desdibujar completamente la frontera entre lo institucional y lo irregular.
Hace unos días se evidenció la negociación pública de impuestos en oro provenientes de minas ilegales en Bolívar por parte del Estado venezolano, ¿qué Estado pone esos impuestos? ¿El SENIAT tiene un mecanismo para cobrar en oro o en algún mineral los impuestos? ¿Quién decide el valor y con qué moneda existente se regula aquello? Estamos frente a un enclave extractivo donde todas las leyes y garantías han desaparecido.
Vemos que en el Tuy desplazan a campesinos y sindicatos mutan en bandas territoriales cuando una empresa, propiedad de un militar, termina un contrato de obras que, para variar, no necesitó nunca estudios de impacto ambiental.
Testificamos en el Zulia cómo algunos se tapan las narices y los ojos para no considerar el hecho tangible de que ya no hay límite alguno entre la política y la delincuencia organizada a ambos extremos de la polarización partidista.
En la geopolítica del despojo se trata de convertir este en un Estado “fallido”, para ponerse cuando haga falta por encima de cualquier derecho o soberanía territorial. Es decir, el horizonte es convertir este en un Estado al que las corporaciones podrán usar a su antojo, negociando siempre la supervivencia y el mantenimiento de las clases políticas en el poder.
Las empresas de maletín son las únicas que tienen todos los permisos, que como vemos, ya no están haciendo mucha falta, pues existen bancos que lavan el dinero para el uso político de unos y otros. Aquí, para caja chica del proselitismo más humillante, y sobre todo en el exterior.
El barraganato de la República Militar Minera de hoy día, necesita un catálogo pornográfico para ser dimensionado. A Blanca Ibañez habría que devolverle hasta el título comprado. Y a Lusinchi habría que brindarle un trago en desagravio. Los mencionamos a ellos porque un justo catálogo de esta vergüenza serviría como espejo para las empresas intermediarias de los más grandes negocios que se han hecho.
Y es que los roles sociales han quedado también desdibujados. Vemos a cantantes con poco talento y mucha publicidad, haciendo parte también de negocios petroleros o de importación. Y así, para tener el estatus en la frontera de un alto funcionario de inteligencia, no hace falta egresar de una escuela militar, sino ser operador político de algún negocio irregular.
Hemos testificado tanta vulgaridad en el saqueo extractivista que se nos ha impuesto, que no nos queda más que pensar que Raven ha de ser la publicista más cándida o la bachaquera más boba de la semana.
