El pasado 18 de enero, Federico, un estudiante de secundaria del Colegio Americano del Noreste, escuela de carácter privado, disparó contra 3 personas y luego se suicidó dentro del salón de clases. Ante esto, la solución del gobierno ha sido meter policías federales en las escuelas, militarizarlas y tratar a los estudiantes como delincuentes.
Martes 24 de enero de 2017
Mayor seguridad, un placebo
El actual gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, quien fuera militante del PRI durante 30 años antes de postularse como candidato independiente y quien ha amenazado con despedir a todo docente que se movilice, ante la tragedia de Monterrey propuso que hubiera mayor “seguridad” en las escuelas y que se abrieran 4 preparatorias militarizadas para jóvenes que “habitan en zonas conflictivas y que tengan problemas de carácter y comportamiento”, misión en la que piensa gastar 40 millones de pesos, y dijo que los maestros serían elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y de la Policía Federal.
Además, la policía federal fue a instalarse al interior de los planteles educativos del estado de Nuevo León, desde primarias hasta bachilleratos, con el operativo “mochila segura”. El mismo que han implementado en el resto de la república mexicana con la participación de la policía en los cateos a los estudiantes, mientras que en algunas escuelas donde no acudieron policías obligaron a los maestros a llevar a cabo la operación.
Esta medida criminaliza principalmente a los estudiantes de educación pública pues la gran mayoría provienen de sectores empobrecidos y populares, los cuales según las estadísticas oficiales serán excluidos como cientos de miles más de la educación media superior y superior. Dejando de lado que es la descomposición social la que aleja a los jóvenes de la posibilidad de un futuro en el cual accedan a la educación, cultura, salud y a trabajos bien remunerados, lo cual no los orille a las garras del narcotráfico como anhelo de conquistar mejores condiciones de vida, o a optar por salidas trágicas como la que vimos en Monterrey.
Actualmente dicha situación social es exacerbada debido a la militarización en las calles, la subida de los servicios básicos y el recorte a la inversión en educación y salud como resultado del desfalco económico que provoca la privatización del sector energético, el cual otorgaba el 40% del PIB. De esto podemos concluir que el único responsable de la descomposición social es el gobierno, sus instituciones y aparato represivo.
La operación “mochila segura” enfoca “supuestamente” a los jóvenes y docentes en tratar de abatir el crimen como si los grandes criminales estuvieran dentro de las aulas. Con estas medidas se legaliza el cateo sin tener una orden judicial y muchas veces nos obligan a los docentes a llevarlos a cabo.
Así mismo nos culpan a nosotros los docentes del rezago educativo y de que los jóvenes no puedan aprovechar los cursos, pasando por alto la precaria infraestructura y el hecho de que estamos atados a procesos administrativos que debemos realizar fuera del aula en horas no laborables y sin remuneración alguna que no permite que podamos planear cómo aportarles mucho más a nuestros alumnos, aunado al constante acoso y hostigamiento que ejercen las autoridades educativas sobre nosotros al interior de las escuelas.
La mayoría de nuestros alumnos tienen padres que se ven obligados a trabajar todo el día para cubrir los gastos básicos, que aumentaron con el precio de la gasolina y demás energéticos, así como los gastos en salud y en educación, que se han incrementado por los recortes que acompañan a las reformas estructurales, como los casi 35 mil 310 millones de pesos recortados a la Secretaría de Educación Pública para el presupuesto aprobado para 2017.
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Además, el programa de Reconcentración de Escuelas que propone el gobierno, pretende eliminar cerca de 100 mil escuelas públicas, reubicando en las que queden a 3.2 millones de alumnos de educación básica que de por sí tienen problemas de traslado y de constancia en los estudios porque la precarización los obliga a trabajar o a desistir de estudiar.
Ante la violencia del Estado, salgamos a las calles
Los militares, con aval del gobierno, han servido para garantizar los negocios del crimen organizado y para reprimir la protesta social. Tanto fuerzas armadas como funcionarios del gobierno quedan impunes ante la justicia.
La militarización en las escuelas es un peso más de opresión sobre los maestros y los alumnos, que sirve al gobierno para mantenerlos bajo control mientras a la población le sigue arrebatando derechos y aumentando los gastos. Por lo que nos oponemos firmemente a la presencia de la policía en las escuelas y a toda medida que apunte a criminalizar a la juventud.
Los maestros en Nuevo León han sido el referente de las movilizaciones de trabajadores del estado en el último año, cuestionando el gobierno del Bronco y de Peña, la vida ostentosa que llevan y sus políticas de miseria contra el pueblo, quienes estamos hartos de poner los muertos.
En contra de la reforma educativa, los docentes neoleoneses que salieron con mucha fuerza durante la oleada de protestas en julio del año pasado, tienen la fuerza, en conjunto con la población que se moviliza contra el gasolinazoactualmente, para echar abajo las reformas e imponer las demandas que necesitamos con urgencia, como un aumento salarial de acuerdo con el costo de la canasta básica y ajustable, aumento al presupuesto para educación y salud, que puede salir del recorte del excesivo salario que reciben los altos funcionarios, para que ganen como una maestra, así como de suprimir las pensiones vitalicias a expresidentes, dejar de pagar la deuda externa y cobrar impuestos de manera progresiva a las grandes fortunas que obtienen los empresarios gracias a las y los trabajadores a su servicio.
Esto, como parte de la necesidad de discutir cómo, desde abajo, los trabajadores y el conjunto de los oprimidos podemos transformar profundamente nuestra sociedad, para terminar con las condiciones de descomposición, violencia y miseria que dan lugar a episodios tan terribles como el de Monterrey, y sentar las bases para el desarrollo pleno de las nuevas generaciones.
