Ante el peligro de la crisis económica, la Coparmex exige al gobierno beneficios fiscales y
flexibilidad para no pagar el salario íntegro a sus trabajadores.
Sábado 4 de abril de 2020
En medio de la crisis sanitaria por el Covid-19 cada vez aparece con mayor nitidez el fantasma de la crisis económica. Y no solo a nivel nacional sino que los efectos recesivos de la presente crisis amenazan con generar una honda depresión de la economía mundial.
Como en todos lados, en México, las medidas de confinamiento de millones de personas en sus casas están generando pérdidas millonarias ante el cierre de empresas y la incertidumbre financiera. Frente a ese escenario los grandes empresarios buscan que los costos de la crisis no salgan de sus bolsillos, por el contrario, en momentos como éste llaman con urgencia al Estado a intervenir para salvarlos de la crisis que, más allá del efecto detonador que tiene el Covid-19, tiene sus causas estructurales en el modo de producción capitalista y la ingente acumulación de riqueza en pocas manos a costa de la miseria de millones.
En este esfuerzo por cargar la crisis sobre los sectores populares, la Coparmex, que es la organización patronal que reúne en México a la mayor parte de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) ha emitido esta semana un pronunciamiento que titula #NoNosDetieneElVirus, en él lanza un listado de “propuestas” orientadas primero a “garantizar la subsistencia de las fuentes de empleo” y después a “lograr una pronta recuperación económica”.
Entre las propuestas de orden fiscal están el acelerar los trámites administrativos para la devolución del IVA en un plazo no mayor a veinte días; aplazar el pago de las contribuciones patronales al Seguro Social; ampliar y agilizar los créditos para las PyMEs, a cargo de Nafinsa o Bancomext, con pagos acorde a la capacidad financiera de las empresas en momentos de crisis; aplazar hasta julio la fecha límite para la declaración anual de las personas físicas y permitir de manera extraordinaria la deducción de sus declaraciones de un monto equivalente al ingreso corriente total promedio de los hogares, que se calcula en 16 mil 536 pesos, esto último, remarcando que es una medida para incrementar la capacidad de gasto e incentivar el consumo.
Hacia el final del listado, pero como coronario de la propuesta, resalta la convocatoria para establecer de común acuerdo con el gobierno, la patronal y los trabajadores, un “salario solidario”, que se compondría de “un salario menor o igual al salario con el que cuenta cada trabajador […] con el fin de evitar despidos y cierres definitivos de empresas”.
Vale la pena recordar que de manera muy similar, hace días las dirigencias charras de la Confederación de Trabajadores de México y el Congreso del Trabajo, emitieron un pronunciamiento conjunto llamando a un "Gran Acuerdo Nacional tripartita" para que "con diálogo y responsabilidad institucional [se preserve] la paz laboral y la estabilidad económica".
La unidad de facto entre el programa que defienden los empresarios y la burocracia sindical, deja de manifiesto que las más grandes centrales obreras en México están lejos de posicionarse del lado de los trabajadores. Esto coloca como una tarea urgente recuperar de las manos de los burócratas los sindicatos más grandes y construir espacios democráticos que verdaderamente defiendan los intereses de los trabajadores, más aún, en momentos de crisis sanitaria en el que la vida de los trabajadores debe estar siempre por encima de las ganancias de los empresarios.
De qué lado se posiciona la 4T
El documento de la Coparmex pone sobre la mesa la discusión sobre quién debe pagar el costo de la crisis. Es inaceptable que mientras el gobierno reitera una y otra vez la importancia de reducir los contagios del Covid-19, el mismo gobierno permita que sean cientos las empresas que continúan obligando a sus trabajadores a asistir a laborar sin la menor garantía de cuidados que prevengan el contagio.
En redes sociales y desde las páginas de este diario aparecen una y otra vez las denuncias sobre cómo los empresarios hacen valer mil y un maniobras legales e ilegales para reducir el salarios de los trabajadores, ocultar los despidos y omitir toda restricción sanitaria sobre el decreto de emergencia por causa fuerza mayor que días atrás emitió el gobierno. Aunque al emitir dicho decreto, Marcelo Ebrard a nombre del gobierno, aseguró que no se permitiría a ningún empresario ir en contra del salario de los trabajadores, la realidad es otra.
En un mensaje difundido por la secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde y Hugo López Gatell, la secretaria de estado mencionó lo siguiente:
No hay fundamento legal para separar a los trabajadores o para dejar de pagar salarios, tampoco es aplicable el criterio del pago únicamente del salario mínimo. La obligación general debe ser pagar el salario íntegro en el entendido de que pudiesen existir circunstancias que los obliguen a llegar ciertos acuerdos entre ambas partes…
Inicialmente parece que el gobierno se coloca del lado de los trabajadores, sin embargo, deja abierta la posibilidad de que los empresarios “en común acuerdo con los trabajadores” lleguen a algún acuerdo para reducir los salarios u ocultar los despidos. Como demostró el caso de los despidos en Alsea y muchos otros ejemplos, detrás de los “permisos sin goce de sueldo” y de cualquier argucia legal por el estilo, está la intención de los empresarios de que sus bolsillo escapen a los efectos de la crisis, y como alguien tiene que pagar, deciden que sin importar que la mayor parte de los trabajadores vivan al día, los despidos, el hambre y las peores condiciones para enfrentar la pandemia, deben caer sobre la espalda de la clase obrera.
Frente a esta política anti obrera nosotros pensamos que el gobierno debería sin ningún tipo de titubeo garantizar licencias pagadas al cien por ciento para garantizar que todos los trabajadores y sus familias puedan afrontar la pandemia en mejores condiciones, sin tener que preocuparse por ser despedidos y en los hechos arriesgarse cada día al contagio en el transporte público o en sus centros de trabajo.
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Pues como lo relata un informe elaborado por la misma Coparmex, se calcula que a nivel nacional solo el 13% de los trabajadores podría ser solventes ante una cuarentena de tres meses y en estados como Morelos, Baja California y Guerrero el porcentaje baja a 5% o menos.
La propuesta de la Coparmex aparece días antes de que sea anunciada la estrategia económica para enfrentar la crisis venidera. López Obrador ha asegurado que no habrá un plan de salvataje al sector privado, pese a ello, parece que por lo menos una parte de las exigencias de la Coparmex serán escuchadas, sobre todo en lo que se refiere a la política fiscal y en los hechos, a partir de la omisión, el gobierno permitirá continúen los abusos por parte del empresariado.
Para afrontar esta crisis en La izquierda Diario venimos elaborando una serie de artículos que discuten la actual estrategia del gobierno ante la pandemia, en a perspectiva de dar algunas ideas sobre qué medidas pensamos deberían tomarse para asegurarnos que la vida de millones esté por encima de las ganancias de unos pocos. Invitamos a utilizar nuestras páginas como una tribuna que sirva a los trabajadores, las mujeres y los jóvenes para denunciar todo intento de los patrones por arriesgar la vida de los sectores populares.
