Declaración. Ante la devastación en Valencia: juicio y castigo a los responsables políticos y empresariales

Desde la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras exigimos, como lo están haciendo diferentes organizaciones políticas, sociales y sindicales, la dimisión inmediata de Carlos Mazón, actual presidente del gobierno autonómico, y todo el gobierno de la Generalidad Valenciana.

El gobierno autonómico es el primer responsable de la ausencia de toda medida de prevención y protección de la población. Desde la liquidación de la Unidad Valenciana de Emergencia nada más asumir el poder, hasta la negativa a enviar los mensajes de alerta a los dispositivos móviles hasta pasadas las 20 horas del 29 de octubre para no alterar lo más mínimo la actividad económica, cuando ya se estaba produciendo la catástrofe.

Pero la responsabilidad política es completamente compartida con el gobierno central español, de Pedro Sánchez. El organismo desde el que se coordinó la nefasta respuesta a esta crisis es el CECOPI (Centro de Coordinación Operativo Integrado) es un órgano colegiado entre la administración autonómica con representación de la presidencia de la Generalitat valenciana, la Delegación del Gobierno en Valencia, la UME (Unidad Militar de Emergencias) y otros dispositivos.

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Ambas administraciones son responsables de no haber suspendido las actividades económicas no esenciales, permitiendo que miles de empresarios obligaran a sus trabajadores a trabajar y no abandonar sus puestos, y quedarse en el llamamiento “por favor” de la ministra de Trabajo a que no pusieran en riesgo la vida de sus trabajadores.

Son responsables de no haber activado las unidades de bomberos forestales de la comunidad, ni de otras comunidades que habían ofrecido asistencia, de haber rechazado -hasta pasadas 72 horas- la colaboración de equipos de bomberos de otras provincias o Estados, de estar poniendo palos en la rueda y obstáculos a las iniciativas voluntarias.

Por eso, no basta con que caiga el gobierno valenciano de Mazón. Hay que depurar las responsabilidades políticas y patronales de este crimen social capitalista. Es necesaria la conformación de una comisión de investigación independiente, encabezada por los propios afectados, junto a las organizaciones de trabajadores y profesionales, que esclarezca todas estas responsabilidades y avanzar en su juicio y castigo.

Por otro lado, que la respuesta a las consecuencias de la catástrofe siga en manos de un gabinete de crisis conformado por sus responsables solo las está agravando. Las denuncias a la inacción y negligencia que mantiene a cerca de 400 mil personas sin agua potable, 100 mil sin suministros eléctrico, desabastecimiento de productos de primera necesidad y pueblos aislados, crisis sanitaria y habitacional catastrófica, son una dramática constatación de ello.

Es urgente exigir el traslado al País Valencià de todos los cuerpos de bomberos forestales del Estado español que se encuentran en situación de paro forzoso y todos los efectivos disponibles de bomberos del resto de comunidades. Deben ser ellos los que coordinen las tareas de rescate y limpieza, junto a los equipos sanitarios, otros profesionales, organizaciones sindicales y los vecinos afectados, los miles de voluntarios y todas las tareas de limpieza, rescate y reconstrucción.

La inmensa solidaridad que se está expresando estos días no puede quedar en manos de los mismos sectores políticos responsables de esta catástrofe con el Ejército, ni tampoco en las de la extrema derecha. Es necesario organizar y coordinar la solidaridad desde abajo y en forma autoorganizada, desde los sindicatos, en especial las organizaciones del sindicalismo combativo, y los movimientos sociales, de manera independiente del Estado.

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De la misma manera, la declaración de la Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha, Andalucia, Aragón y Catalunya como “zona gravemente afectada” que pretende anunciar el presidente Pedro Sánchez en el consejo de ministros del próximo martes, no solo llega tarde, sino que es totalmente insuficiente. El tamaño de la tragedia exige medidas de urgencia, como la aprobación de impuestos especiales sobre los beneficios de la banca, las eléctricas y las grandes empresas, para disponer de un fondo suficiente para llevar a cabo medidas de urgencia, implementar medidas de prevención en todas las regiones en donde se pueden reproducir fenómenos similares y la suspensión automática de las actividades no esenciales ante la mínima situación de riesgo para la población.

Como decíamos en una declaración anterior, “es urgente redoblar la solidaridad y que se convierta en un gran movimiento para exigir un plan de emergencia que responda a la magnitud de la crisis y antepongan nuestras vidas a los beneficios de los capitalistas. Hay que exigir a las direcciones de los grandes sindicatos para que, junto a la izquierda sindical y los movimientos sociales, llamen a movilizaciones y paros de solidaridad en los centros de trabajo para exigir:

Suspensión de los alquileres y anulación de todas las hipotecas y créditos de aquellas personas que han perdido o visto dañada su vivienda, vehículo o pequeño negocio.

Que todos los pisos vacíos de grandes propietarios y establecimientos hoteleros pasen a estar bajo el control de comités de vecinos y vecinas para el realojamiento inmediato de quienes han perdido su vivienda o está inhabitable.

Permisos remunerados para todos aquellos trabajadores y trabajadoras que deban ausentarse de su puesto de trabajo para atender las consecuencias de esta crisis en sus familias, allegados o vecinos.