Elecciones 2023. Ambiente en campaña: consenso extractivista y resistencias

La temática ambiental cruzó la campaña electoral, en un contexto de recrudecimiento de la crisis climática a nivel global y local, con temperaturas que baten récords históricos o los incendios en Córdoba que anticipan el desastre de cada verano. Mientras los proyectos extractivistas siguen avanzando en nuestro país, también avanzan las resistencias.

En dos entregas de su newsletter en Cenital, "Infinito punto verde", Elizabeth Mohle, propone un recorrido por las propuestas ambientales de los distintos espacios políticos. En estas líneas, un contrapunto con su lectura.

Dos extremos y un centro “razonable”

Para la licenciada en Ciencias Ambientales Elisabeth Mohle, adherente al gobierno que encabeza Sergio Massa, el actual ministro, junto a Bullrich y Schiaretti, serían los tres candidatos que “proponen un abanico de temas amplio y razonable con más o menos propuestas concretas, debatibles e implementables”. En tanto que, el negacionismo de Milei y el prohibicionismo de la izquierda, carecerían de dichas cualidades.

En el caso de Milei, lo irracional cae de maduro: su negacionismo es contrario a la más elemental evidencia científica. ¿A qué se debe la ubicación de la izquierda en el otro polo “irracional”?

Según Mohle:“Queda claro que para la izquierda el tema ambiental es fundamental, tanto la plataforma como la enunciación en el debate muestran un barrido por todos los conflictos candentes. Y que el posicionamiento es en representación de grupos y comunidades en conflicto contra las actividades de explotación de recursos naturales.” Este reconocimiento obligado, se condice con lo que ocurre entre asambleístas y activistas socioambientales de todo el país: el compromiso de lucha del Frente de Izquierda Unidad (FITU) es indiscutible.

Sin ir más lejos, en el poco tiempo que tuvo Myriam Bregman para expresar sus ideas y propuestas en el debate presidencial, fue contundente en el apoyo a las luchas de los últimos años: “Tenemos que volver a recuperar la calles para conquistar la Ley de Humedales, por un Mar sin petroleras. No a la megaminería contaminante, el agua se defiende. Esas son las demandas que nuestro pueblo pone en la calle todos los días y que acá no quieren escuchar, como la de los pueblos que dicen que no quieren seguir siendo pueblos fumigados.”

Sin embargo, y ahí es cuando el posicionamiento de la izquierda se tornaría irracional: “Es obvio que hay respetar los derechos de las comunidades locales, pero también que así como no hay vida en un planeta muerto, tampoco hay desarrollo sin sustento material: sin minería, litio, fracking, no tendríamos recursos para nuestra vida cotidiana ni para la transición energética.”

Habría que aclarar, en primer término, que el avasallamiento de los gobiernos de distintos colores a las luchas socioambientales, y en particular a los pueblos indígenas, demuestra que no es tan “obvio” el respeto por los derechos de las comunidades locales. El más reciente avance de Gerardo Morales, en la regimentación de la protesta social, con su Reforma Constitucional, que incluyó una feroz represión al pueblo jujeño, está directamente relacionada con la necesidad de blindar el saqueo del litio, que no cuenta con licencia social. Ese es el objetivo, en última instancia, que une a Morales con su histórico aliado Sergio Massa.

Volviendo al planteo de Mohle, llama la atención que, entre los ejemplos de “sustento material” para el “desarrollo” aparezcan “la minería, el litio y el fracking” pero no el agua potable, el suelo fértil o los alimentos, tan necesarios para elevar el nivel de vida de buena parte de la población, que en pleno siglo XXI no accede plenamente a su consumo. Cualquier similitud con la canasta exportadora que proponen las grandes potencias para un país como el nuestro, no es pura coincidencia.

La autora del newsletter ubica a la izquierda en la posición de mera denunciante. En otras palabras, le adjudica una postura “conservacionista” o “prohibicionista” en términos ambientales, en la que no hay ningún tipo de aprovechamiento posible de los bienes comunes naturales. Esta crítica no es nueva. Está formulada de una forma más sofisticada que la de otros de sus postulantes, como el hoy director de Fabricaciones Militares, Claudio Scaletta (que acuñó la definición de “ecolochantas” para referirse a quienes sostienen un supuesto “prohibicionismo obtuso”). Pero el núcleo es el mismo: la izquierda se opone al "desarrollo".

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Investigaciones como las de Eduardo Gudynas muestran que la profundización de los extractivismos en América Latina, lejos de ser un "primer escalón" para alcanzar el prometido "desarrollo", conduce a una vía muerta. Cada proyecto extractivista tiene una vida útil determinada, luego de la cual deja una "zona de sacrificio". Mientras está activo, poco y nada deja para invertir en "desarrollo", porque los Estados renuncian a recaudar, habilitan proporciones cada vez mayores de disponibilidad de las divisas que genera la exportación y facilitan beneficios de todo tipo bajo la excusa de promover “inversiones”.

Pero además estas actividades suelen tener pocos eslabonamientos económicos locales que estimulen el "desarrollo". Las multinacionales que diseñan la mayor parte de los proyectos, traen consigo paquetes tecnológicos, y en muchos casos ven facilitadas las importaciones de insumos y maquinarias. Cuando se asientan prometen “progreso”, pero generalmente la infraestructura que se prioriza (mucha veces con inversión estatal), es la que requiere la actividad, en detrimento de las necesidades locales. Ejemplos de esto son los gasoductos como el de la Puna o incluso el Néstor Kirchner, que se concluyeron en tiempo récord por la demanda de los proyectos mineros y gasíferos, mientras buena parte la población del NOA y de la propia localidad de Añelo en Nequén, sigue sin acceso al gas. Por otra parte, los impactos ambientales inherentes a los extractivismos, contribuyen a desplazar otro tipo de actividades económicas y productivas.

Antes de meternos con nuestro programa para superar la situación actual, detengámonos en la propuesta que sí sería “razonable”, ese “centro” que coincide en profundizar la matriz extractivista, asumiendo como algo dado la posición subordinada y dependiente del país al imperialismo o, en términos más concretos, la necesidad de conseguir dólares para pagar deuda, como el único destino posible al que estamos sometidos. En particular, veamos en detalle el programa de Massa, que vendría a ser el mejor de todos.

Las palabras y los hechos: una gran refosilización en curso

“De todas las plataformas y presentación de propuestas que hay, sin dudas (la de Unión por la Patria) es la más amplia y concreta”, dice Mohle. En primer lugar, destaca la “Transformación del Sistema Energético: transición hacia fuentes de energía limpias y renovables, reduciendo nuestra dependencia de los combustibles fósiles y promoviendo la eficiencia energética”. ¿Cuál es el principal problema de esta propuesta? Que no tiene nada que ver con lo hecho y proyectado por el gobierno nacional actual.

En el contexto de la crisis climática y ambiental, la matriz energética argentina depende de los combustibles fósiles en un 85 %. Todas las consideraciones basadas en evidencia científica recomiendan desfosilizar la generación de energía. ¿Cuál es el centro de la política energética del gobierno? Expandir la producción de combustibles fósiles, ampliando la capacidad de transporte con el objetivo prioritario de aumentar las exportaciones que, según el mandato extractivista, permitirían el ingreso de divisas, el pago de la deuda externa y el “desarrollo”.

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Ese es el foco de algunos de los proyectos más importantes en materia energética: la reversión del Gasoducto Norte (que, gracias a los distintos tramos del GPNK prevé en algún momento exportar a Brasil, Bolivia y Chile); la puesta a punto del Oleoducto Transandino (OTASA) para volver a exportar crudo a Chile; el oleoducto Vaca Muerta Norte, que permitirá ampliar el volumen exportado por OTASA; el oleoducto Vaca Muerta Sur para hacer un mega puerto petrolero en Punta Colorada, poniendo en riesgo la fauna marina y las actividades económicas actuales en la costa atlántica; la autorización de la exploración petrolera off shore por parte de una empresa europea; el impulso al fracking en la formación Palermo Aike; y ni hablar de la posibilidad de instalación de una planta de licuefacción de gas (GNL), para lo cual la Cámara de Diputados acaba de aprobar un régimen de promoción especial [1].
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En ámbitos en los que se debate el cambio climático, el gobierno presenta la producción de gas como “puente”. Lo cierto es que el gas emite menos dióxido de carbono en su combustión, pero su producción genera grandes emisiones de gas metano, que tiene un efecto invernadero aún más potente que el dióxido de carbono. Por otra parte, su producción en Vaca Muerta está asociada a la producción de petróleo. No es ninguna “transición”, ni siquiera “puente”, sino todo lo contrario.

Mientras el mandato exportador que impone el FMI habla del ingreso de divisas, las medidas tomadas en los últimos años para alentar la producción de combustibles fósiles (sin grieta entre el Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, y Juntos por el Cambio) contribuyen a una mayor apropiación de divisas por parte de las petroleras, y a una menor captación de la renta por parte de los estados. Exenciones impositivas en ganancias e IVA, dólar Vaca Muerta, retenciones 0 % y libre disponibilidad de divisas para una parte de las exportaciones de gas y petróleo (llegando al extremo de abarcar la totalidad de una eventual exportación de GNL). Todo esto sumado a una flexibilización laboral y ambiental que se cobra la vida y la salud de los trabajadores y los ambientes. Bajo su gobierno se expandieron los basureros petroleros, la contaminación de millones de litros de agua por pozo de fracking, la aparición de sismos inducidos. Este año destinará en subsidios a las petroleras que amasaron fortunas 5,5 veces más que el presupuesto de Parques Nacionales.

Esta contradicción entre los dichos y los hechos, no es privativa de la política energética. Massa habló en el debate de penalizar a quienes destruyen un humedal, pero el gobierno del Frente de Todos llega a su fin sin cumplir la promesa de campaña sobre la Ley de Humedales. Cedió al lobby del agronegocio, la minería, las constructoras e inmobiliarias. El propio Massa, como intendente de Tigre, fue impulsor del modelo Nordelta: la construcción de barrios privados sobre humedales.

La plataforma “amplia y concreta” de UxP también habla, en el caso de la explotación petrolera, gasífera y minera de “establecer reglamentaciones que minimicen sus impactos ambientales y garantizar una rigurosa fiscalización por parte del Estado y la comunidad”. Pero fue desde su coalición que impulsaron, en alianza con el macrismo, leyes que alentaban la megaminería contaminante en Chubut y Mendoza. Esas leyes (que, al revés de lo escrito en la plataforma, pretendían minimizar la fiscalización, maximizando el impacto ambiental), fueron repudiadas por enormes movilizaciones populares en las calles.

Lo mismo se pudo ver en el caso de Jujuy, que ya mencionamos, donde el saqueo del litio es resistido por las comunidades originarias debido al consumo de enormes cantidades de agua que implica, en zonas áridas, poner en riesgo las actividades productivas y sus formas de vida.

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La legislación minera, heredera del menemismo, les permite a las multinacionales llevarse ganancias extraordinarias dejando poco y nada de regalías. Para peor, salieron a la luz fraudes al fisco, subfacturación y todo tipo de maniobras de las grandes empresas para dejar aún menos divisas en el país. Pero lejos de iniciativas para frenar el saqueo económico, se las premia con este régimen impositivo para “fomentar la inversión”. Si así se comportan en términos de recaudación, ni hablar en términos ambientales. Son las propias empresas las que realizan los estudios de impacto ambiental, que avalan los métodos destructivos, contaminantes y de impacto desmesurado en el consumo de agua. Esta es la verdadera política que se pretende continuar en minería. El superministro Massa es más sincero cuando se refiere a la cordillera como "una torta”.

Con el imperialismo interesado en los bienes comunes naturales del país, como la Jefa del Comando Sur de EEUU Laura Richardson lo expresó en torno al litio, podríamos preguntarnos si los extractivismos son para pagar la deuda, o si la deuda externa es más bien un mecanismo privilegiado para profundizar los extractivismos. De cualquier forma, es claro que la subordinación del país al Fondo Monetario Internacional no tiene ningún correlato en un “desarrollo” para las mayorías populares.

El fracking, la megaminería contaminante y la expansión del agronegocio no “derramó” en bienestar para el conjunto de la población. Por el contrario, bajo esa orientación hoy tenemos un 40 % de pobreza, aumentando a casi un 60 % en las infancias. Si su "desarrollo" no es capaz, siquiera, de reducir drásticamente la pobreza... ¿Para qué lo queremos?

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Si entre los ganadores de esta matriz extractivista encontramos a las grandes multinacionales y sus socios menores locales, del lado de quienes se perjudican quedan los pasivos ambientales, que implican contaminación y afectación a la salud, y las promesas sobre el bidet con más ajuste y la desigualdad creciente.

Una transición urgente y realista

Frente a esta situación, no se trata simplemente de luchar para que no avancen aún más en el saqueo de nuestros bienes comunes, sino de cuestionar el conjunto de la orientación económica, la relación predatoria que impone el capitalismo con el ambiente, y luchar por imponer mecanismos que permitirían el mayor control social de nuestros recursos o bienes comunes, para que su aprovechamiento esté en función de las necesidades sociales y ambientales, y no de la ganancia privada. Algo que solo la clase trabajadora junto a las comunidades y los sectores populares puede imponer, con la movilización. Sin pretender un desarrollo exhaustivo, van algunos núcleos de un programa de estas características.

Lejos de lo que se intenta instalar, la economía argentina tuvo durante la última década mucho más superávit que déficit comercial. En vez de asumir como propio el mandato exportador, y reproducir la dependencia atentando contra el ambiente, lo que hay que hacer en primer lugar es cortar con el sometimiento al FMI: desconocimiento soberano de la deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta. Por otro lado, es clave cortar con la fuga de capitales creando un banco estatal único controlado por trabajadores, como ejes elementales de verdadera política soberana. Con estos ejes sobre la mesa, la transformación del sistema energético se vuelve verdaderamente “razonable” y posible.

El acceso a la energía es, desde nuestro punto de vista, un derecho. Las petroleras y el gobierno plantearon la superación del cuello de botella en el transporte de hidrocarburos y el aumento en la producción, como la única alternativa al déficit energético. Pero eso no es cierto. Otra forma de sustituir las importaciones de gas que son una constante todos los inviernos desde hace una década, e implican la salida de divisas del país, es cuestionar la matriz energética.

Si se corriera el lucro de la ecuación y se cortara con la sangría de la fuga y la deuda que impone el mandato exportador, entonces apostar al fracking no tendría sentido. La estatización integral de toda la industria energética bajo la gestión de sus trabajadores y trabajadoras, profesionales y expertos de universidades públicas, y comunidades afectadas en los distintos territorios, sería un primer paso para planificar racionalmente una transición energética verdaderamente justa, desde abajo, diversificando y desfosilizando las fuentes de generación. Esa estatización debería abarcar no solo a las petroleras sino, por ejemplo, a las represas hidroeléctricas, a las distribuidoras, etc, rescindiendo las concesiones a empresas privadas entre las cuales hay grandes multinacionales.

¿Eso implicaría terminar con el petróleo y gas de fracking de un día para otro? No, eso sería deseable pero no posible partiendo de la matriz energética actual. Lo que sí podría ocurrir en lo inmediato, es el quite de la totalidad de los subsidios a la oferta de gas y petróleo, la detención de toda obra de infraestructura para ampliar el volumen producido, y de la exploración y explotación de nuevas áreas. La totalidad de esos recursos, junto a los fondos que surjan de las expropiaciones y del no pago de la deuda externa, deberán centralizarse y financiar la transición a través de una empresa estatal única.

La deliberación descentralizada permitiría evaluar la conveniencia, en cada caso, de utilizar distintas fuentes de generación (como la hidroeléctrica, eólica, solar térmica y fotovoltaica, o la biomasa), aprovechando las condiciones climáticas de cada zona.

Esa transición desde abajo debería conservar y crear nuevos puestos de trabajo, y estar relacionada con medidas de eficiencia energética (que pueden ser consideradas como una “fuente” de generación más), en los hogares, en el transporte y en las industrias.

La estatización del sistema de transporte controlado y planificado por sus trabajadores, trabajadoras y usuarios, podría garantizar un transporte público de pasajeros de calidad y gratuito. De esa forma se podría desalentar la movilidad individual. En el caso del ferrocarril, tanto para el transporte de pasajeros como el de cargas, es necesaria la reconstrucción y mejoramiento de la red. Todas estas medidas reducirían drásticamente el consumo de combustibles líquidos y fósiles en general.

Hay que terminar con el derroche y los subsidios energéticos a los grandes capitalistas, imponiendo medidas de eficiencia energética en las industrias. En este terreno, fábricas bajo gestión obrera como Madygraf y FASINPAT (ex - Zanon), están un paso adelante y, aún en un contexto adverso, diseñaron planes de reducción del consumo eléctrico y generación distribuida, que combinan el conocimiento de los propios trabajadores y trabajadoras con profesionales solidarios. El control obrero en las industrias permitiría no solo mejorar la eficiencia energética sino también problematizar qué y para qué se produce.

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El aislamiento térmico de las viviendas, la adopción de sistemas solares híbridos de calentamiento de agua, y el reemplazo de los artefactos más ineficientes desde el punto de vista energético, permitiría un ahorro significativo, y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

En esa transición desde abajo, con la misma lógica habrá que abordar la cuestión del litio y otros metales necesarios. En la actualidad, se desarrolla un saqueo económico y ambiental, que implica el despojo a comunidades de pueblos indígenas y el uso intensivo de agua en zonas áridas. Las ganancias son de un puñado de empresas, y el “modelo” es el negocio “verde” de multiplicación de autos eléctricos, que reproducen la movilidad individual insustentable (pero rentable para el capital).

El litio actualmente es requerido para almacenar energía de fuentes no fósiles, intermitente en su generación. Es urgente que esté en manos de trabajadores y comunidades, respetando en forma irrestricta el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades de pueblos indígenas. El capital, que siempre busca la forma más barata, lo explota con métodos inadmisibles. Sólo el control de trabajadores y principales afectados, junto con el impulso a la investigación científica, permitirá planificar en qué medida, con qué objetivos y bajo qué técnicas podría integrarse el litio en una transición energética desde abajo.

Con esta misma lógica es necesario abordar otras formas de minería, pero prohibiendo en particular la megaminería a cielo abierto, y priorizando la recuperación y reciclaje de metales, que en la actualidad se acumulan en basureros en volúmenes inconmensurables, al ritmo de la obsolescencia programada.

En el caso del agronegocio, que envenena a la población y se focaliza en la producción de commodities para la exportación, es urgente una transición agroecológica. El imperativo, en un país en el que buena parte de la población no accede siquiera a la canasta alimentaria, es producir alimentos saludables y restaurar ambientes degradados. Una transición así, solo será posible atacando la gran propiedad del puñado de terratenientes que concentra la tierra en el país, y el "monopolio privado" del comercio exterior, estatizando el conjunto de los puertos.

Estas medidas, desde nuestro punto de vista, deben ser parte de una transición más general hacia la gestión y planificación democrática del conjunto de la economía por parte de un gobierno de los trabajadores y trabajadoras, en perspectiva de la lucha por una sociedad socialista, basada no en la explotación y la búsqueda de ganancias por un puñado de capitalistas, sino en la satisfacción de las necesidades vitales de la población, buscando una relación equilibrada y verdaderamente sostenible con el ambiente.

El domingo no dejes tus convicciones afuera del cuarto oscuro

En estas elecciones existe una sola alternativa que se enfrenta al consenso extractivista. El Frente de Izquierda Unidad no solo denuncia inclaudicablemente las falsas soluciones del consenso extractivista, sino que también plantea una alternativa a la altura de la crisis social y ambiental que vivimos, y apuesta a construir una gran fuerza social para conquistarla.

El voto a Myriam Bregman, Nicolás del Caño y los candidatos y candidatas del FITU en todo el país, es también un mensaje contra quienes nos saquean, contaminan y empobrecen.