Ante la violencia hacia las mujeres: refugios estatizados y gestionados por las víctimas

El Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, del Gobierno Federal fortalece estos refugios y sus Centros de Atención Externa, donde además se proporciona asesoría y atención. Sin embargo, las medidas del gobierno son a contracorriente de su discurso a favor de las mujeres; que aunque algunas pueden parecer “progresistas”, hay desfinanciamiento e instrumentalización política.

Wendy Figueroa, directora de la organización Red Nacional de Refugios A.C. (RNR), advierte que el presupuesto del programa se supedita a “cuestiones administrativas e intereses políticos”, pues a más de tres meses en esta Red operan sin recursos, con deudas y sin pago de salarios, pues aún no se liberan los 430 millones 203 mil 440 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.

Lo anterior, lo atribuye al traslado de recursos que tenía la Secretaría de Bienestar y que ahora son administrados por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), pues implica una problemática al resguardo de 6 mil 948 mujeres y niñes, pues sin recursos no se pueden comprar inmuebles, alimentos, e insumos en general en los refugios de mujeres.

Las autoridades de la CONAVIM indican que darán recursos para que operen nueve meses y que el pasado 6 de marzo, su personal se reunió con integrantes de la RNR sobre este asunto. Figueroa señala que se realizan 590 denuncias por violencia, por lo que es “indispensable no retrasar más el presupuesto para refugios”, pues contribuyen a la prevención de violencia feminicida contra las mujeres y permiten garantizar la restitución de derechos.

¿Cómo deberían funcionar los refugios?

Durante la pandemia, la violencia contra las mujeres ha permanecido, y la cuarentena ha revelado su profundización en los hogares. Además, se continúan perpetrando al menos 10 feminicidios diariamente. La mayoría de las mujeres padecemos condiciones de precariedad laboral y de la vida, que constituyen formas de violencia, pues nosotras ocupamos los trabajos en peores condiciones, en los cuales se nos niegan derechos que nos permitirían acceder a una vida digna como salud, seguridad social, vivienda, acceso a guarderías y licencias de maternidad, salario digno, entre otros.

No obstante, no es viable la propuesta realizada por el gobierno de otorgar recursos de manera individual a las mujeres, pues viven parte de esta violencia dentro de los hogares como se explica aquí.

En el 2020, los pocos refugios atendían a 25 mil mujeres y niñes. Las necesidades de fondo requieren que los refugios sean públicos, es decir, que el Estado los fortalezca como un derecho público, estatizándolos, garantizando infraestructura, gestionado por especialistas y usuarias de manera democrática que decidan el rumbo de los refugios y se amplie a otras mujeres que lo requieren, además de contar con recursos públicos suficientes y administrados por las propias víctimas para que puedan funcionar de manera transparente y clara, de modo que se conformen espacios seguros para quienes lo requieren.

Es urgente que se garantice el derecho a la vivienda, en particular para las mujeres que padecen violencia, y que las grandes empresas -sobre quienes deberían pesar impuestos progresivos- dejen de lucrar con nuestros derechos. Por ejemplo, la RNR menciona que arriendan viviendas que se destinan a refugios, los propietarios de los inmuebles no deben lucrar con las necesidades de las mujeres.

Desde Pan y Rosas, durante la pandemia levantamos la consigna de que las grandes cadenas hoteleras, las casas abandonadas y los grandes consorcios que son ocupados como “casas de verano” para los ricos; y los bienes inmuebles ociosos de las Iglesias, deben ser expropiados para ponerlos al servicio de enfrentar la pandemia y como refugios temporales. Esta exigencia sigue vigente para las mujeres que requieren un lugar seguro donde vivir para enfrentar la violencia que padecen. También hemos exigido que se prohíba el trabajo precario y se garanticen plenos derechos para todas, lo que pondría en mejores condiciones a las mujeres para poder enfrentar esta situación.

Es necesario que el movimiento de mujeres continúe organizado de forma independiente y siendo miles en las calles como el pasado 8 de marzo para imponer refugios estatizados, plenos derechos y mejores condiciones de vida. Por ello te invitamos a formar parte de Pan y Rosas, agrupación de mujeres y la diversidad sexual.

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Con información de Animal Político.