La Cámara Federal de Casación dejó sin efecto la sentencia que dictaba la falta de mérito sobre directivos del ingenio La Fronterita, donde funcionó un centro clandestino antes y durante la dictadura.
Maximiliano Olivera @maxiolivera77
Jueves 31 de diciembre de 2020 00:00
El año cierra con novedades en la investigación sobre integrantes directivos del ingenio La Fronterita por su participación en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Operativo Independencia y la última dictadura. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación sostuvo que hay elementos para continuar la investigación, dejando sin efecto un fallo previo.
La investigación busca determinar la responsabilidad de cuatro integrantes del directorio de La Fronterita, donde el Ejército se asentó y montó un campo de concentración durante el Operativo Independencia y la última dictadura. Se trata de los directivos Alfredo José Martínez Minetti, Jorge Alberto Figueroa Minetti, Fernando Cornú de Olmos y Eduardo Butori.
El fallo de los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos deja sin efecto la falta de mérito dictada por el entonces juez federal de Tucumán Daniel Bejas (hoy nombrado en la Cámara Nacional Electoral) y confirmada por la Cámara de Apelaciones de Tucumán en julio. Casación encomendó a la Cámara de Apelaciones de Tucumán que vuelva a dictar una nueva sentencia. La última decisión fue bien recibida por la fiscalía y la querella de Andhes, en una causa donde se contemplan 68 casos.
Empresarios y genocidio
De acuerdo a los testimonios, presentados en la reconstrucción hecha por la fiscalía, desde febrero de 1975, mes en el que se inicia el Operativo Independencia, se instaló en el predio del ingenio un centro clandestino manejado por el Ejército. Este campo de concentración se mantuvo durante cuatro años. Además de las instalaciones, el Ejército hizo uso de los vehículos de la empresa para secuestrar personas.
El fallo de Bejas ratificado por la Cámara de Apelaciones tucumana indicaba que no había certeza del consentimiento empresarial para la instalación del Ejército. Además equiparaba a los empresarios con las víctimas de secuestros y torturas, cuando los testimonios y hechos demuestran lo contrario. El grupo Minetti además de apoyar el Operativo Independencia y la dictadura se benefició directamente: la erradicación de la organización y conflictividad obrera les permitió avanzar en la mecanización de la cosecha y reducir la mano de obra ocupada (un 35% en 1978, ascendiendo a un 62% para 1983), aumentar la productividad en un 30 % e incluso la compra del ingenio Bella Vista. Además, se beneficiaron con el hostigamiento y disciplinamiento a la población, centrado en las colonias de obreros.
El accionar de los Minetti no es único, ya que gran parte de los empresarios azucareros fueron partícipes de un genocidio contra la clase obrera con el fin de imponer un plan económico. Además de prestar instalaciones y elaborar listas para los secuestros, los empresarios colaboraron económicamente con el genocidio: en agosto de 1976 crearon el Fondo Patriótico Azucarero, a través del cual Domingo A. Bussi recibió el respaldo económico a su gobierno mediante los aportes de los ingenios Concepción, La Fronterita, el Bella Vista, y La Providencia, entre otros. Los empresarios apuntaron hacia la organización de los trabajadores, protagonistas de grandes luchas en ese período. En el caso de Minetti y La Frontera es ilustrativo el secuestro y la desaparición de Fidel Jacobo Ortiz, secretario general del sindicato del ingenio.
En Jujuy, Carlos Blaquier sigue impune a pesar del claro papel jugado desde Ledesma en el secuestro y desaparición de torturas, aportando hasta vehículos para los crímenes. Recientemente también fue procesado Marcos Levín, antiguo dueño de La Veloz del Norte, que fue parte del secuestro y torturas de trabajadores de Salta y Tucumán.
La impunidad es la regla general para los capitalistas que jugaron un rol activo durante el genocidio. Durante décadas, bajo diferentes gobiernos, gozaron de la protección, incluso cuando llegan a instancias judiciales. Hace una semana, la Corte Suprema anuló la sentencia contra dos empresarios que cedieron una chacra para el funcionamiento de un centro clandestino. La movilización sigue siendo el camino sigue siendo el camino para lograr el juicio y castigo de todos los genocidas y sus cómplices.
