Se establecieron nuevas restricciones tras una semana con un aumento de los casos positivos. El anuncio no estuvo acompañado de medidas para la "salud y la economía".
Maximiliano Olivera @maxiolivera77
Viernes 28 de agosto de 2020 20:01
El Comité Operativo de Emergencia (COE) de Tucumán anunció una nueva serie de prohibiciones tras una semana donde se incrementaron considerablemente los contagios de covid-19. Hasta el momento del anuncio, se contabilizan 1599 casos positivos y 23 muertes. La reunión, encabezada por la ministra de Salud, Rossana Chahla, y el ministro de Seguridad, Claudio Maley, no anunció medidas en torno al sistema de salud pública.
Entre las medidas resueltas por el COE se encuentra la suspensión de las actividades en bares, restaurantes, gimnasios y afines; la limitación del transporte sólo al personal esencial; prolongar la prohibición de reuniones familiares y sociales; y una restricción de la circulación interjurisdiccional junto a más operativos. El comercio seguirá funcionando, como así también los establecimientos privados cuyas actividades ya habían sido flexibilizadas. Las prohibiciones comenzarán a regir desde la medianoche y se extenderán por 15 días.
Sin GPS para la salud...
Con el aumento de los casos, comienzan a mostrarse fallas en el sistema de salud. Por un lado, la insuficiente capacidad del testeo e hisopados, donde creció la demanda. Se conocieron múltiples denuncias acerca de que no se otorgan turnos y hay una demora de días para su realización. En otros casos, hay que pagarlos por cuenta propia.
En una confesión de partes, Chahla dijo en la conferencia de prensa que “hay más casos porque estamos testeando más”. Claramente, sin testeo masivos no se puede detectar casos, sus nexos y determinar el aislamiento. La ministra afirmó que se “duplicó” la capacidad para 700 pruebas en solamente dos laboratorios. Además afirmó que “la parte privada no acompaña” para aumentar la capacidad de testeos.
Por otro lado, en los “hospitales de campaña” también comienzan a verse los límites en el tan anunciado aumento de las camas disponibles. En la carpa instalada al lado del Hospital del Este se alcanzó una capacidad del 50% en los primeros primeros días de circulación comunitaria. En el instalado en la Sociedad Rural, los pacientes denunciaron pésimas condiciones de higiene y salubridad. En el Hospital de Concepción preocupa colmar su capacidad. Como manera de reconocer la falta de capacidad, el Ministerio de Salud estableció que los positivos asintomáticos deben cumplir su cuarentena en sus hogares.
Aunque funcionarios de Salud vienen deslizando afirmaciones contra la parte privada, ya sea por derivar los pacientes al sistema público o por los testeos, lo cierto es que para el Gobierno no está contemplada la centralización del sistema de salud, combinando el área pública, privada y prepaga. Esta medida es fundamental para reorganizar y unificar la atención sanitaria en un sistema único estatal de calidad, sin que prevalezca el lucro por encima de las necesidades de la población.
Esta realidad de la salud pública es producto del desfinanciamiento estatal, realidad que se completa con la sobreexigencia para los trabajadores de salud, que sin los elementos de protección personal adecuado comienzan a sufrir los contagios.
Hasta el propio vicegobernador, Osvaldo Jaldo, disparó contra Manzur reconociendo que las únicas inversiones realizadas en el área salieron de los fondos de la Legislatura. Y es que el gobierno de Alberto Fernández, aun en un virtual default, destinó más fondos para el pago de la deuda que lo que se lleva el presupuesto en salud pública.
...ni para la economía
Con el aumento de los casos, el Gobierno debió admitir los contagios en los lugares de trabajo pero con una explicación insólita. Según los funcionarios, los contagios en los ambientes laborales se producen durante el tiempo de descanso o el almuerzo, cuando las denuncias de los trabajadores dicen lo contrario.
La falta de elementos de protección, de licencias pagas para el personal de riesgo y protocolos que no se cumplen, son algunas de las denuncias obreras realizadas durante estas semana. Varias de ellas fueron realizadas tras los primeros casos de contagio, otras se producen por las condiciones mismas, la mayoría de ellas en dependencias estatales, pero con numerosos casos en comercios e industrias. Para conquistar estos reclamos y defender las vidas obreras es necesario conformar comisiones de higiene y seguridad.
Además de esta realidad, un importante número de trabajadores sufre los embates de la crisis producto de la siempre alta tasa de trabajo informal (1 de cada 2 trabajadores) y de la desocupación que crece sin importar el decreto presidencial. Esta extensa realidad tiene sus expresiones, como las movilizaciones de trabajadores rurales que denuncian que tienen que “vivir” con un plan interzafra de $5000 o de los chóferes de colectivos, quienes todos los meses denuncian la extorsión de las patronales del transporte, que acaban de conseguir un nuevo aumento en los subsidios.
En sintonía con el Gobierno nacional, Manzur supo predicar en torno al dilema de “salud o economía” pero con el crecimiento de los casos, el escenario cambió y comienza a verse que el gobernador, sin tocar los intereses de los grandes empresarios, no está respondiendo ni a una cosa ni la otra.
