Este fin de semana, apoderados del Liceo Amunátegui presentaron un recurso de protección en defensa por el derecho a la educación de sus hijos/as. Esto producto a las medidas autoritarias y arbitrarias por parte del alcalde Felipe Alessandri quien decretó el cierre del semestre académico de los estudiantes.
Lunes 2 de julio de 2018
Las y los apoderados afirman que no fueron notificados por dicha medida y que se informaron por “la prensa” ésta noticia tomada por el alcalde derechista, quién buscó en los medios criminalizar la movilización en curso que llevaban las y los estudiantes, antes que ocurriera el incendio en el establecimiento educacional.
La medida tajante del cierre de semestre, correspondiente al decreto firmado por el Seremi de Educación, negando la posibilidad de que las y los estudiantes puedan recuperar las clases correspondientes al año escolar, puesto que estuvieron con sus clases paralizadas alrededor de 1 mes y medio, privando el derecho a la educación, dejando sin las notas ni las materias totalmente pasadas a las y los estudiantes. Por esto, apoderados/as declaran que muchos/as deben al rendir la PSU afectando gradualmente el futuro de poder optar por una carrera universitaria.
A esto se suma la reubicación “provisoria” en el Liceo Comercial Gabriel González Videla y comenzarían sus clases el próximo 30 de julio, sin embargo, las y los apoderados afirman que no hay ninguna medida tomada a cabalidad, puesto que se van enterando lo que sucede por la prensa, sin ningún tipo de documento firmado con el conjunto de la comunidad escolar, manifestando las declaraciones irresponsables de la principal autoridad del Municipio.
También atestiguan que no quieren cambiar la decisión del proyecto educativo por el cual optaron que otorga el Liceo Amunátegui, que consta de programas efectivos de acompañamiento como el PASE, más electivos que han ayudan a los/as estudiantes a llegar a la universidad, por ende trasladándose de liceo perderían esta oportunidad. Afirmando con esto, que no quieren la reubicación de los estudiantes aparte de que no tienen certezas explícitas de la reubicación total de la comunidad educativa.
La criminalización por parte del alcalde hacía los/as estudiantes movilizados y la comunidad escolar
Las autoridades por medio de la prensa, han buscado criminalizar constantemente la movilización que cursaban las y los estudiantes del liceo, culpan de cifras mayores de alrededor de 200 millones de pesos, en daños colaterales producto de la toma del establecimiento y la quema de parte de éste.
Sin embargo, se invisibilizan y maniobran estas cifras, ya que no son las correspondientes a la quema de un sector del establecimiento, si no que corresponden a las cifras del deterioro por años que ha tenido el liceo, del cual el alcalde ha hecho demagogia, de que las/os estudiantes y funcionarios “Por dignidad” no pueden cursar normalmente sus clases en aquel recinto educacional por los daños causados.
Por estas declaraciones, los/as apoderamos afirman y se preguntan ¿Por qué se iniciaron las clases normales en el colegio, pese a los daños estructurales del establecimiento?, como por ejemplo; salas con hongos, problemas de electricidad, entre otros. Podemos observar un claro abandono por parte de las autoridades para dar una previa solución a esta comunidad escolar y una clara criminalización en los medios televisivos producto a la movilización de estudiantes y apoderados frente al cierre inminente que habían declarado también las autoridades.
Estas mismas han declarado que la remodelación del liceo, estaría con una fecha tentativa hacía el 2020, pero las/os apoderados afirman que no tienen certezas frente a esta medida, puesto que no hay un documento factible que asegure esta misma, lo cual es poco serio hacía el futuro educacional y profesional de los estudiantes. Y un proyecto educacional estable para la comunidad.
Otra reacción por parte de las autoridades pero que encontraron respuesta de los apoderados, es en relación a la medida “Rompe y Paga” que ha declarado el alcalde de derecha Felipe Alessandri, en respuesta a los daños que puedan causar las movilizaciones de estudiantes. En este caso declaran que no hay ninguna investigación seria y que estas declaraciones buscan catalogar a los/as estudiantes como delincuentes frente a la opinión pública y que busca romper la movilización de los estudiantes y la organización de apoderados como actores participativos frente al ataque de la autoridad municipal.
Organización de la comunidad educativa y democratización de los planteles
Las y los apoderados del Amunátegui como han dejado ver en sus declaraciones y en sus actos, se han movilizado para que “no maten el liceo” organizándose en asambleas y colocando este recurso de protección por el derecho a la educación de las y los estudiantes, por el decreto del cierre de semestre.
Pese a todo lo ocurrido, deja en clara evidencia la nula participación y poder de decisión de los estudiantes, apoderados y profesores frente a la autoridad, teniendo que enfrentarse a las arbitrarias medidas del alcalde Alessandri. Por esto, se hace crucial la democratización de todos los liceos y colegios, para que decidan apoderados, estudiantes en conjunto con profesores para que sean parte efectiva del proyecto educativo, así como de su desarrollo, y decidir de esta forma, cuál será el curso a seguir que signifique mejores condiciones tanto para los estudiantes, como también, para el conjunto de la comunidad educativa que hoy vive precarizada bajo la lógica del mercado educativo.
Andrea Ramirez
Delegada de género y sexualidades en la Mesa coordinadora de Pedagogía en Educación Básica en la Universidad Ex- Pedagogico, Militante de Pan y Rosas y Partido de Trabajadores Revolucionarios
