Tres días después de las manifestaciones masivas contra la corrupción y el gobierno de Dilma, fue publicada una nueva encuesta sobre los índices de desaprobación del gobierno de Dilma y del Congreso.
Viernes 20 de marzo de 2015
Con una politización que alcanza a todas las clases sociales, la derecha canalizó el descontento en las calles durante las protestas del 15 de marzo. Sin embargo, el descontento excede a lo que la derecha puede organizar y capitalizar, porque contiene aspectos económicos y sociales a los no ofrece respuestas. El descontento alcanza también al régimen político y se sigue profundizando la crisis de representatividad, que afecta en primer lugar al gobierno pero también al Congreso.
Entre los entrevistados por el Instituto Datafolha, el 62% desaprueba y solo el 13% afirma aprobar al gobierno petista. Ironía del porcentaje o no, esta es la mayor desaprobación de un gobierno en el inicio del mandato desde que fue instaurado el régimen democrático en el país. Representa la peor evaluación desde septiembre de 1992, en las vísperas del impeachment de Fernando Collor. Cuando se les preguntó sobre el Congreso, solo el 9% aprobó el desempeño de los parlamentarios.
En cuanto a las franjas de desaprobación por regiones del país, la mayor se da en el centro oeste, con el 75% de desaprobación, seguida del 66% en el sudeste, 64% en el sur, el 55% en el nordeste y el 51% en el norte. Esto demuestra que incluso en regiones donde existe una fuerte base social del gobierno, como en el norte y nordeste, la desaprobación está en alza.
En cuanto a las franjas de desaprobación por ingresos, hay una disputa en cuanto al mayor índice de desaprobación. Los trabajadores precarios que reciben entre 2 y 5 salarios mínimos (llamados “nueva clase media”) lideran los niveles de desaprobación con el 66%. En las franjas de ingreso donde se encuentra los sectores obreros mejor remunerados (entre 5 y 10 salarios) la desaprobación es del 65%, junto a los que reciben más de 10 salarios.
Frente a esta situación hay límites para que la oposición burguesa institucional canalice el descontento, si tenemos en cuenta que es parte del mismo régimen y del Congreso corruptos. También está involucrada en grandes esquemas de corrupción, como el mensalão tucano (PSDB, en 1998). Anastacia del PSDB, ex–gobernador de Minas Gerais y hombre de confianza de Aécio Neves, es una de las figuras mencionadas en la lista Janot, que incluye a los políticos implicados en el actual escándalo de Petrobrás. Por otro lado, los defensores del impeachmeant o de la “intervención militar”, a diferencia de lo alardeado por el petismo, son minoritarios como quedó claro en las protestas del domingo pasado.
Se mantiene un escenario de crisis, que por ahora fortalece institucionalmente al PMDB, uno de los partidos más fisiológicos del régimen, que logró con su última “negociación” la caída del ministro de Educación Cid Gomes. Cid Gomes, se convirtió en el objetivo del PMDB luego de sus declaraciones contrarias a buena parte del parlamento y por esta vía afectando a su presidencia, el PMDB.
De este modo, ningún partido y mucho menos el Congreso logra hoy presentarse como alternativa a la enorme insatisfacción que atraviesa a todas las clases sociales. Solo una salida que resuelva de raíz esta situación puede dar respuesta a las demandas de la mayoría de la población trabajadora, pobre y la juventud. Esta salida debe ser independiente del gobierno y la oposición de derecha, ambas al servicio de los intereses de empresarios y capitalista quienes están descargando sobre las espaldas de los trabajadores los efectos de la crisis financiera y de representatividad del país.
