El presidente catalán pide a su homólogo español continuar con los acuerdos de Pedralbes, que firmó con Torra hace un par de años, desde la reunión del Círculo de Economía.
Jueves 17 de junio de 2021
Este miércoles hemos asistido a una batería de muestras para gestionar el autonomismo hechas por el flamante presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. La foto y la charla con el Rey Felipe VI y el discurso hecho ante los empresarios del Círculo han sido las “perlas” del nuevo discurso “independentista” del bloque soberanista de ERC, JxCat y la CUP.
Obviamente, ante los grandes empresarios del Círculo, Pere Aragonès no hizo ninguna mención a la 1-O. Y mucho menos recordar que muchas empresas catalanas cambiaron su domicilio social ante el “a por ellos” del Rey del 3-O. El presidente decidió continuar con la Declaración de Pedralbes de 2018 (muchos historiadores han tenido que volver a revisar los papeles para saber de qué estaba hablando). Y ya que estamos, también pidió al ejecutivo español la gestión del puerto y el aeropuerto.
Todo esto no puede ser una sorpresa. El diálogo es el que pidió Carles Puigdemont para evitar hacer efectivo el claro mandato del referéndum del 1-O. Y que durante estos cuatro años también pidieron Torra y Aragonés. El resultado es una reunión de la mesa de diálogo, ataques constantes contra la cultura catalana, más de tres mil represaliados y que ERC y JxCat se hayan arrodillado ante “la mano que les da de comer” como es la del Grupo Planeta, CaixaBank, Banco Sabadell, Telefónica, La Vanguardia,... El pacto de Pedralbes es más de lo mismo.
Hay que insistir, todo esto no es una sorpresa. Es lo mismo que pedía Artur Mas cuando tuvo la reunión con el entonces presidente Rajoy. Mas quería más dinero y por eso pedía un pacto fiscal. Y Rajoy le dijo “nada de nada”. Ahora Aragonès pide la gestión del Puerto y el aeropuerto. En este sentido hay que tener en cuenta que ayer la UE aprobó los fondos europeos para España, y una buena parte de los 140.000 millones podrían recaer en inversiones en Cataluña. Esquerra Republicana quiere dinero para sus jefes, la burguesía catalana (igual que JxCat y PDeCAT).
No importa si Marcel tiene que sufrir cinco años de prisión gracias a la intervención de la Generalitat catalana que actúa como acusación particular. No importa si la lengua catalana es marginada continuamente. No importa acabar con el paro, la precariedad laboral y los salarios de miseria. A ellos les da igual, si una persona se suicida cuando iba a ser desahuciada o la subida meteórica de los precios de la luz. Ellos solo piensan en el beneficio de los amos de las grandes empresas catalanas, como siempre.
Tampoco tiene importancia si miles se arriesgaron para llevar las urnas en Cataluña, para defender los lugares de votación, para hacer colas ante las escuelas, a pesar de la represión con más de mil heridos contra las más de dos millones de personas que fueron a votar. O los millones de trabajadores que hicieron huelga el 3-O. Aragonès y todo su gobierno esperan el perdón del Rey, el indulto del presidente y que la “justicia” pare la persecución contra sus compañeros de partido. Y, claro está, también esperan la famosa lluvia de millones, de la UE y del Estado. Por eso, no quieren morder la mano de quien les da de comer.
Cada vez está más claro que el nuevo gobierno de ERC y JxCat será un gobierno para gestionar la autonomía a favor de los grandes empresarios. No es una sorpresa. Esto mismo hizo Jordi Pujol durante veintitrés años, después el tripartito del cual Esquerra Republicana fue clave conjuntamente con el PSC e ICV (que ahora son de los Comunes) y más tarde Artur Mas. A nadie le puede sorprender, puesto que con Torra y Aragonès trataron de hacer el mismo estos últimos años.
La CUP, ante una encrucijada
Y la CUP, ahora se encuentra en un momento delicado donde tiene que tomar una decisión. Hace semanas daba apoyo político al gobierno de ERC-JxCat por dos años con un acuerdo para desarrollar un incierto nuevo “embate democrático” contra el estado y también que la Generalitat dejaría fuera las BRIMO de los desahucios y acabaría con la persecución judicial contra los militantes de la izquierda independentista. Nada de esto ha pasado todavía (ni pasará).
Además, los gestos y la política de Aragonès hacia los grandes empresarios es la misma que cualquier gobierno autonómico catalán anterior. Y la Generalitat no hace nada para acabar con el paro, la precariedad (no olvidamos la Ley Aragonès) con la excusa de tener pocas competencias. En síntesis, volvemos descaradamente al neo-liberalismo y autonomismo de Convergència y el PSC: puño cerrado contra la izquierda y mano extendida hacia los empresarios.
Por eso, la CUP tiene que decidir si continúa apoyando a un gobierno que está enterrando el 1-O y atacando a los trabajadores; o si por el contrario, rompe con este gobierno y organiza la oposición en las calles, agrupando a los jóvenes, trabajadores y mujeres que quieren defender sus intereses. Una decisión que tiene que tomar si en realidad se considera una fuerza “anticapitalista”.
De nada sirven los lamentos porque Aragonès y Puigneró no hacen aquello o aquello otro. Las quejas de que los políticos burgueses solo favorecen a los poderosos, solo sirven si se utilizan para organizar a los miles de luchadores y salir a pelear por nuestros derechos en la calle. No se puede presionar a la burguesía y sus representantes. El octubre de 2017 es una clara muestra que esto no sirve.
