Conformará un “Consejo Consultivo” con funcionarios de los ´80 y ´90 y va en busca de un acuerdo federal. Esperan fallo favorable de la Corte que avale el tarifazo. El martes deberá ir al Congreso.
Sábado 13 de agosto de 2016
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, se reunió ayer con ex secretarios del área para conformar un "Consejo Consultivo" en procura de un "acuerdo federal" con partidos políticos y gobernadores en temas del sector energético, al tiempo que reforzó la presión para que la Corte Suprema respalde la suba de tarifas de gas dispuesta por el gobierno.
Para el ministro, "pase lo que pase" con la decisión del máximo tribunal, e insistió que "tarde o temprano hay que recuperar el costo económico de generar energía". En relación con las audiencias públicas reclamadas por asociaciones de consumidores y organizaciones sociales, buscó ampararse en que "tenemos el respaldo político del 52 por ciento que votó a Mauricio Macri".
Y agregó después que "no existe en ningún lugar (de la Constitución o las leyes) el requerimiento de audiencia pública para determinar el costo del gas, que representa 60 por ciento" de la factura, mientras que "la tarifa (el valor del transporte) equivale al 21 por ciento y el resto es impuestos".
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Aranguren precisó que las audiencias públicas para analizar los cuadros tarifarios serán en octubre. Las mismas no tendrán carácter consultivo, sino sólo informativo de lo que ya decidió el gobierno. Con esto, el Ministerio decidió mantener en suspenso la convocatoria que había anunciado a principios de semana, con la atención puesta en algún pronunciamiento favorable de la Corte en el transcurso de la semana próxima.
De no mediar una instrucción o recomendación judicial específica sobre el tema audiencias, el Ministerio descartará su realización y ratificará la ya prevista y anunciada para octubre en el marco de la Revisión Tarifaria Integral (RTI).
El ministro insistió en que si la Corte Suprema no autoriza el nuevo cuadro tarifario dispuesto por el Gobierno para el servicio del gas, "los pobres seguirán subsidiando a los ricos como ocurrió en los últimos años".
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En tanto, la facturación de los servicios de gas sigue suspendida y la de electricidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires se calcula de manera diferente, con tarifa anterior en el Gran Buenos Aires, y con tarifa nueva (aumentada) en Capital Federal.
En este contexto de complicaciones (judicial y social) Aranguren recurrió al grupo de ex secretarios con los que se ha venido relacionando en los últimos años, coincidiendo en sus críticas a la política tarifaria del kirchnerismo. Se trata de "un Consejo Consultivo Federal permanente para trabajar en la búsqueda de los consensos necesarios para el establecimiento de políticas energéticas de mediano y largo plazo junto al Estado Nacional", comunicó el Ministerio.
Sus integrantes son los ex secretarios -durante las décadas del ’80 y el ’90- Daniel Montamat y Emilio Apud (ahora directores en YPF), Jorge Lapeña (actual director en la estatal Enarsa), Alieto Guadagni, Julio César Aráoz, Alberto Devoto y Raúl Olocco.
El funcionario también puntualizó que su Ministerio, a través de los entes reguladores, instruyó "a las empresas para que no corten" el servicio, por lo que garantizó, sobre todo en lo que tiene que ver con el servicio eléctrico, que "nadie va a cortarlo".
Respecto del acuerdo federal, Aranguren señaló que esperaba lograrlo "antes de fin de año" y que la intención "es lograr condiciones para tener una política de Estado del sector energético", basada en los 14 puntos de un documento elaborado por los ex secretarios durante la campaña presidencial.
Respecto de su participación el martes ante distintas comisiones de la Cámara de Diputados, Aranguren expresó que "vamos a explicar lo que hicimos y lo que vamos a hacer", pero destacó que "a partir de la intervención de la Corte vamos a tener una respuesta sobre un tema crucial para saber cuál es la capacidad de las empresas para abastecer" tanto de gas como de electricidad.
Los ex secretarios respaldaron la posición del Gobierno, entre ellos Montamat puntualizó que "las audiencias públicas no se podían hacer antes de octubre", mientras que Lapeña cuestionó a los candidatos que suscribieron el documento que ellos elaboraron y que ahora "muestran incongruencias respecto de lo que firmaron".
