El lunes 21 de enero un agente de la policía bonaerense abusó de una vendedora de comida que se encontraba en el ingreso del edificio central del Ministerio de Economía bonaerense y ARBA. La comisión de mujeres de dichas dependencias exigió su inmediata desafectación pero la respuesta de la gestión de Cambiemos fue impedir el ingreso de todos los vendedores al edificio, mientras que por la mañana de hoy el policía aún permanecía en su puesto.
Jueves 24 de enero de 2019 00:26
En el día de ayer la Comisión de Mujeres de ARBA y del Ministerio de Economía bonaerense dio a conocer mediante un comunicado la situación que se vivió el lunes al mediodía cuando “el agente policial Mauricio Rosales se acercó a una joven vendedora de comida que, como todos los días, se encontraba parada del lado externo del molinete de acceso de calle 45. Dicho agente policial, con la excusa de hacerle unas preguntas referidas a su trabajo, aborda y manosea a la muchacha de 19 años.”
Las trabajadoras denunciaron además que esto no fue un hecho aislado sino que “previamente existía una situación de acoso de manera recurrente hacia ella, y que culmina ese día con la situación de abuso. Ante la reacción de la vendedora, el personal policial se dirige con expresiones violentas y amedrentamientos, que motivaron la angustia y retiro casi inmediato de la joven”.
Frente a esto, la joven se disponía a denunciar lo ocurrido ante el jefe de la guardia policial del edificio, acompañada por una trabajadora de ARBA que fue testigo del abuso y hostigamiento realizado por el efectivo Rosales. Ambas fueron intimidadas y amenazadas por el plantel policial de las instalaciones.
La comisión de mujeres se reunió con funcionarios de ARBA y Economía para exigir la inmediata desafectación del oficial. En dicha reunión la gestión manifestó estar trabajando para separar al efectivo. Sin embargo, en los hechos, la primera respuesta que dio fue impedir el ingreso de los vendedores de comida al edificio hasta que “puedan resolver la posibilidad de un comedor para dar respuesta a la cuestión gastronómica”.
De esta manera, la impunidad con la que actuó el agente policial no solo se vio respaldada por el resto del plantel policial que está afectado al control de las instalaciones, sino que tuvo un nuevo capítulo en el día de ayer cuando la Gestión de Recursos Humanos de Economía decidió mantener a Rosales en su puesto a la par que impedía el ingreso de los vendedores de comida al edificio.
Es una verdadera provocación por parte de la gestión que la consecuencia de denunciar el abuso sea que la víctima se quede sin la posibilidad de realizar su trabajo.
La respuesta del gobierno implica una doble vulneración a la trabajadora: por denunciar haber sido violentada por un policía (que abusa de su autoridad estatal, lo cual supone además de violencia de género, violencia policial) se queda sin la posibilidad de sostener su trabajo diario.
Y junto con ella, ataca a todos los trabajadores ambulantes del organismo, que se encuentran impedidos de ingresar al organismo donde hace años trabajan vendiendo comida. Trabajadores precarios y por ende más vulnerables, en una región que está tercera en el ranking bonaerense de desempleo.
Además la medida de las autoridades implica que los propios trabajadores del organismo se vean impedidos de comprar su almuerzo dentro del edificio, siendo que el horario laboral en dicha dependencia es hasta las 16 horas y, desde que existe el control biométrico y molinetes, cada minuto que un trabajador sale del edificio, debe ser compensado por fuera del horario. Ese es uno de los motivos por los que usan el servicio de los vendedores ambulantes.
No nos callamos más
Como viene sucediendo frente a cada caso de violencia de género, la respuesta de las trabajadoras y trabajadores del organismo fue la rápida solidaridad con la joven, acompañándola a hacer la denuncia y exigiendo la inmediata desafectación del policía Rosales. En el día de ayer se realizó una asamblea y fueron muchas las trabajadoras que se comunicaron con la comisión de mujeres para organizarse.
Desde la agrupación Marrón se exigió además el retiro de toda la guardia policial del edificio, ya que las funciones de control de ingreso y egreso la realizan con los mismos empleados de ARBA que se encuentran en el ingreso del edificio.
Consultada por este diario, Ailen Blanco –integrante de la comisión de mujeres y de la agrupación Marrón- sostuvo: “Es un escándalo que la respuesta de la gestión haya sido impedir el ingreso de los vendedores mientras Rosales hoy estaba en su puesto como si nada. Es una provocación que sólo le da más impunidad a estos policías. Esto no es un hecho aislado”.
En ese sentido Ailen continuó: “Todos sabemos que la policía no está para cuidarnos. Es la que nos re victimiza cuando vamos a las comisarías a denunciar violencia de género, la que nos reprime cuando nos movilizamos por nuestros derechos, como vimos el año pasado con los trabajadores del Astillero y decenas de ejemplo más. Lo que sufrió esta vendedora demuestra que nada tiene que hacer la policía en nuestros organismos. Los trabajadores y usuarios no los necesitamos, muchos compañeros se acostumbraron a verlos todos los días pero desde un principio fueron asignados para que se nos controle, como hicieron también con los molinetes, no para “cuidarnos”. De hecho, yo trabajé varios años en el call center de ARBA donde no había efectivos policiales y nunca hubo un incidente. Las tareas de registro de ingreso y egreso las hacen nuestros propios compañeros.”
La comisión de mujeres y la Junta Interna de ARBA-Economía seguirán movilizadas hasta la efectiva desafectación de Rosales y convocan a asamblea de trabajadores para el jueves para decidir nuevas medidas de lucha. Además Comisiones de mujeres de otros ministerios manifestaron su solidaridad y se esperan acciones en conjunto.
