MOVIMIENTOS SOCIALES, GRUPOS AUTÓCTONOS E INTELECTUALES SE OPONEN AL DECRETO. Arco Minero del Orinoco vulnera fuentes vitales y diversidad cultural en Venezuela

El 24 de febrero del presente año fue promulgado el decreto 2.248 de la Gaceta Oficial 40.855, mediante el cual se crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional, también conocido como Arco Minero del Orinoco, al norte del estado Bolívar. El plan representa para el Estado venezolano una fuente que diversifica la economía; no obstante, para otros sectores de la población, éste proyecta el más grande ecocidio en la temprana historia del siglo XXI.

Mapa aportado por Frente Anti Arco Minero

¿En qué consiste?

El Arco Minero del Orinoco (AMO) es el nombre del área de 111.846,86 kilómetros cuadrados, duplicando así la Faja Petrolífera del Orinoco. Este abarca la zona norte del estado Bolívar y noreste del estado Amazonas, entidades en las que habitan la mayor cantidad de pueblos indígenas del país. También, colinda con los estados Apure, Guárico, Anzoátegui y Monagas.

Según el presidente Nicolás Maduro, este territorio cuenta con 7 mil toneladas de reservas de oro, además de cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de alto valor industrial.

El Arco comprende un espacio que equivale al 12,2% del territorio nacional y según el decreto, la división interna en áreas de producción (Artículo 3°), de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco minero del Orinoco”, es así:

El área 1, más occidental hasta el río Cuchivero, predomina bauxita, coltán, Tierras raras y Diamante, con una superficie de 24.680,11 km2. A su vez, el área 2, de 17.246,16 km2, se encuentra entre el río Cuchivero y río Aro, y en ella predominan hierro y oro.

Ahora bien, entre el río Aro y el límite este del Arco Minero, hay bauxita, oro y hierro, comprendiendo una superficie de 29.730, 37 km2. Por último, la cuarta área (4) se refiere a la extensión de esta Zona Estratégica hasta el Imataca, en donde se haya varios minerales como oro, cobre, caolín y dolomita.

“En la zona oriental del arco minero del país tenemos reservas probadas de oro de 4 mil 300 toneladas en el campo del oro nada más y con la firma del documento donde iniciamos la certificación oficial, las proyecciones de los expertos dicen que Venezuela podría colocarse por encima de las 7 mil toneladas (de oro) y ser la segunda reserva de oro del planeta", precisó el Presidente.

Este plan (Arco Minero del Orinoco) forma parte de la activación del “Motor Minero de Desarrollo” del país, el cual es el octavo de los 14 establecidos para recuperar y reimpulsar la economía del país, superando el modelo rentista de los precios del petróleo que provocaron una baja del 97% de los ingresos en divisas.

Además, la Zona Estratégica en cuestión busca impulsar la actividad minera de forma lícita y ordenada, con la participación directa de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, debido a la realización de la minería ilegal en el Escudo Guayanés.
El cumplimiento del Decreto se consolida con Ley para el Desarrollo Productivo Minero 2016-2018, que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro y demás minerales estratégicos.

De hecho, esto prevé la inversión estatal en un 65% y el capital privado de 35%. En relación, el Banco Central de Venezuela (BCV), la estatal petrolera PDVSA y el Ministerio de Petróleo y Minas presentaron un plan de inversión a 150 empresario nacional e internacionales de 35 países para la exploración del Arco Minero del Orinoco y la explotación de los minerales allí presentes.

Hasta el momento, se conoce que el Estado venezolano suscribió dos acuerdos con la República Popular de China; una con una empresa minera del Congo, y un memorándum de entendimiento entre Venezuela y la empresa canadiense Gold Reserve.

Golden Reserve: ¿volver a la minería trasnacional?

Respecto a lo anterior, en el año 2009, el ya extinto Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, a cargo de la Ana Elisa Osorio, en su calidad de rector de la política ambiental venezolana, solicitó a las empresas dedicadas a la minería que cumplieran con las leyes para garantizar el uso racional de los recursos naturales del país.

También, el ministerio se encargó de revisar las concesiones mineras, como en explotación maderera en la Reserva Forestal de Imataca, que forma parte de la región de la Guayana.

Así, una de las primeras decisiones fue revocar los permisos ambientales del proyecto “Las Brisas” de la Gold Reserve, Inc. y de la empresa Crystallex, en el yacimiento de oro, “Las Cristinas”, porque se verificaron los daños ambientales que provocaron estas minas.

De hecho, Osorio, en ese momento, declaró que no se otorgarían los permisos ambientales para la explotación de minas a cielo abierto pues esto causa degradación ambiental. "Estos permisos no son negociables, por su afectación al ambiente y a las comunidades que viven en el mismo", expresó, de acuerdo a los estudios de impacto ambiental que revelaban los daños ecológicos y sociales en la zona.

Luego, el año 2011, el presidente Hugo Chávez firmó el Decreto N° 8.413 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación de Oro, así como las Conexas y Auxiliares, para acabar con las concesiones mineras que se habían otorgado en el estado Bolívar a empresas transnacionales con la Ley de Minas de 1999.

Frente a estas acciones, la Gold Reserve interpuso un laudo arbitral contra Venezuela ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por la nacionalización en 2009 de las minas las Brisas y las Cristinas. Este órgano internacional, adscrito al Banco Mundial, sancionó a favor de la trasnacional y obligó a Venezuela a pagar 760 millones de dólares.

Para pagarle a la Gold Reserve, el Estado venezolano firmó con ésta un memorando de entendimiento en el que el país se comprometió pagar el monto reclamado por la compañía, incluyendo los intereses y costos procesales en un lapso de 60 días.
Así, la transnacional se comprometió a trabajar junto al Estado Venezolano, a través de la creación de una empresa mixta, en la misma área donde fue revocada la concesión en 2009. Con este proyecto, el país tendrá 55% de las acciones, pudiendo Venezuela cancelar la indemnización a favor de Gold Reserve, que a su vez tendrá el 45% de las acciones.

Ante esta situación, cabe recordar que en el año 2009, el Ministerio del Ambiente criticó la práctica minera a cielo abierto, empleada por esta empresa, donde la explotación del mineral se realiza mediante un circuito de procesamiento convencional de concentración gravitacional y de lixiviación con cianuro, que implica remover la cubierta vegetal y la contaminación de las fuentes de agua.

Es más, la megaminería de cielo abierto está prohibida, incluso, por la legislación canadiense debido a sus efectos irreversibles en el ambiente.

No obstante, el Presidente de la República, Nicolás Maduro, ha dicho desde la promulgación del decreto y en varias anuncios, que en el proyecto del Arco Minero del Orinoco, “la explotación minera se hará con criterios ecológicos y sustentables”, con el objetivo principal diversificar la economía del país y erradicar la minería que opera ilegalmente al sur de Venezuela.

“Sólo en la unión de Brisas de Cuyuní y parte de Las Cristinas debe haber en 20 o 25 años alrededor de 100.000 millones de dólares en oro y cobre”, señaló el 29 de febrero, el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes. Pero ¿cuáles son las consecuencias ambientales y sociales del Arco Minero del Orinoco?

Un plan de megaminería

Emiliano Terán Mantovani, sociólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela, ha definido al plan Arco Minero del Orinoco como un proyecto “megaminero”, debido a las dimensiones territoriales y la posibilidad cuantitativa de las empresas que participen.

Él señala en su artículo El Arco Minero del Orinoco en la encrucijada de la Revolución Bolivariana, “se va a impulsar la megaminería a cielo abierto, la cual es una de las actividades industriales más destructivas de todas. De ahí que en numerosos países o regiones haya sido prohibida”.

En entre el listado de países que prohíben la minería de cielo abierto se encuentran la comunidad Europea, Turquía; República Checa, Canadá, Nueva Gales, Australia, República de Costa Rica, República de Alemania, Argentina.

En relación, un trabajo realizado en el año 2011, “15 mitos y realidades sobre la minería transnacional en la Argentina” se define la “megaminería” como aquellos numerosos emprendimientos mineros que suelen establecerse cerca de las cuencas hídricas y reservorios de agua. Esto es, minería a gran escala orientada a la extracción de oro, plata, cobre y otros minerales críticos estratégicos.

A gran escala y a cielo abierto: impacto ambiental

Leandro Montes, profesor de Geomorfología en la UCV, señala que esta actividad minera comprende una primera fase de exploración. “Con un estudio geológico se define la ubicación del mineral que se pretende explotar. Esta primera fase sería la de exploración, aun cuando ya se sabe que ese AMO (Arco Minero del Orinoco), es un reservorio de una amplia gama de minerales de gran valor económico”, expone.

Luego, una vez completada la primera fase, se delimita el área a explotar de acuerdo al orden de importancia en términos de interés del mineral, “y según el número de empresas a las cuales se le ha concedido una concesión. Es decir, que de haber varias compañías con distintos intereses, en esa medida se expandiría el área a ser impactada”, expresa Montes.

Montes explica que “la planificación de vías de penetración implicaría una deforestación a lo largo de todos sus trayectos, y por supuesto, otro proceso de deforestación en el sitio de explotación, cuya área dependería del mismo sitio de interés; es decir, mayor área de interés, mayor área de deforestación”.

A esto hay que añadirle la implementación de zonas para campamentos tanto de oficinas como para trabajadores, lo cual implicaría sitios adicionales a ser intervenidos por las mismas prácticas anteriores.

Del mismo modo, se deben incluir los espacios de maquinarias donde además ocurrirían botes de combustibles y lubricantes que constituyen también focos de contaminación de los suelos y aguas.

Por su parte Carlos Barrios, profesor de Geoquímica de la UCV, en el foro “Ciclo de charlas Macro Proyecto Arco Minero” (13/5/2016-UCV), comentó que el cierre de una mina es la fase más contaminante de esta práctica extractivista, “porque estos pueblos de paso, es decir, los campos mineros, provocan pasivos ambientales debido a los desechos tóxicos y combustibles que dejan en la zona explotada”, apuntó Barrios.

“Un crimen ecológico”

En la actividad minera el uso del agua es indispensable. De acuerdo al documento “Minería en Colombia: derechos, políticas públicas y gobernanza”, un (1) gramo de oro equivale a 450/1060 litros de agua.

Si se considera la declaración de Eulogio Del Pino, Ministro de Petróleo y Minería, dada en una entrevista al medio internacional Telesur: “Creemos que podemos iniciar con una producción de oro de 20 toneladas por año y llegar a las 100 toneladas anuales”, señaló, entonces, estarían utilizándose entre 45 mil y 106 mil millones de litros de agua.

En Venezuela, gran parte del agua dulce se encuentra en torno a la cuenca del río Orinoco, que representa un total de 90,2%, mientras que sólo el 4,1% del total del agua en el país es aportado por los cauces del norte del país, donde vive el gran parte de la población, según datos del Ministerio del Ambiente. En medio de la cuenca se encuentra la Faja Petrolífera del Orinoco y el Arco Minero del Orinoco.

Ríos o cuencas impactados

Mapa aportado por “Frente Anti Arco Minero”

Además, Leandro Montes explica que “los ríos o cuencas que se verían afectadas, son los que desembocan en el río Orinoco, y éstos serían, el Suapure y sus tributarios, el río Cuchivero y sus tributarios, el Caura y sus tributarios, el río Aro y sus tributarios y por supuesto el río Caroní y sus tributarios”.

La afectación sería por la contaminación de las aguas con todo tipo de fluidos mecánicos y para la separación de los minerales. De esta manera, cada río mencionado, si resultaren contaminados, esos contaminantes irían al río Orinoco.
En éste (y otros ríos) habitan toninas, manatíes, tortugas arrau, caimanes y 450 especies de peces reportadas, entre las que destacan el lau-lau y la zapoara; las vistosas aves como la chenchena, garza morena, además de las 129 especies de aves migratorias que cada año viajan por el río padre.

El Padre de las aguas comprende 2.140 kilómetros, desde su nacimiento en Sierra Parima, en el Estado Amazonas, hasta su desembocadura en el Atlántico. Además, representa una riqueza biodiversa que lo convierte en el tercer ecosistema ribereño más importante del mundo, según el Fondo Mundial para la Naturaleza.

Por tal motivo, “no hay que olvidar también la fauna, la cual resultaría afectada tanto por contaminación del agua y contaminación sónica, que no existían antes de que incursionaran en su medio ambiente; pensando no solo en la circulación de las maquinarias pesadas, sino también en el uso de explosivos que implica este tipo de minería [1]”, explicó el profesor Leandro Montes.

Áreas Bajo Régimen de protección Ambiental

El Dr. antropólogo, exsenador, ambientalista, autor de las normas ambientales contempladas en la Constitución de 1999, define al Arco Minero del Orinoco como un “crimen ecológico [2], porque en esa zona se encuentran áreas protegidas y biodiversas y suelos frágiles del precámbrico.

“Ya desde el año 1962, el gobierno venezolano se encargó de crear parques nacionales, reservas forestales, áreas bajo régimen de administración especial, para el aprovechamiento, por ejemplo, del potencial hidroeléctrico de una cuenca estratégica como la del Caroní”, expresó el Luzardo.

Cabe mencionar que con la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, promulgada en 1983, en Venezuela se establecen la Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (A.B.R.A.E.), que debido a sus características ecológicas fueron decretadas para cumplir funciones productoras, recreativas y protectoras.

No obstante, “el Arco Minero del Orinoco se superpone en estas áreas protegidas”, afirma Luzardo. “Éstas son la reserva forestal El Caura (Área 2, del Arco Minero). A su vez, (el área 3) incorpora la reserva Forestal La Paragua y parte baja del Caroní. Por último, (el área 4) comprende la reserva forestal Imataca, o Cerro Imataca, con 5 millones de hectáres”, dice el Dr.

En relación el área número 1 corresponde antiguos tepuyes de los suelos amazónicos del precámbrico. “Al respecto, el Decreto N° publicado el 19 de junio de 1989 prohibe la explotación minera en el Amazonas, por ejemplo”, refiere Luzardo. Además, son normas sustentadas por la máxima carta magna, la Constitución de 1999.

Por otro lado, acota que “un 30% de los bosques del territorio guayanés se podrían ver sacrificados”.

En cuanto a la deforestación masiva que se ejercerá en el AMO, Santiago Arconada, ambientalista, considera que implicará, incluso, un incremento de la emanación de gases del efecto invernadero y una reducción de la capacidad de nuestros bosques de retener/absorber dichos gases, acelerándose el calentamiento global. Lo cual trasciende nuestras fronteras.

La cuenca hidroeléctrica más importante del país está en peligro

Por otro lado, Luzardo agrega que “este es un Decreto que anuncia la depreciación de la cuenca del Caroní, tomando en cuenta los efectos devastadores que causa la actividad minera como se practica en esa zona. Además, esa es una cuenca bendita si tenemos presente que del Caroní depende la electricidad del país. Muy pocos países tienen el privilegio de contar con un río como el Caroní. Tan alarmante que surte las represas hidroeléctricas del Guri”.

La actividad minera en la zona del río Caroní provocaría una reducción del caudal del río. Igualmente, las otras actividades mineras ríos arriba de estás represas, al reducir la vegetación de las zonas circundantes, por la deforestación, se incrementan los procesos de sedimentación. Con esto se reduciría progresivamente su capacidad de almacenamiento y su vida útil.

“La totalidad de los lagos, y represas hidroeléctricas de este sistema del bajo Caroní, están demarcadas dentros de los límites del Arco Minero del Oricono”, señala Arconada.

Tan sólo el 65% de la electricidad que se consume viene del Guri, por tal motivo, Luzardo cree que el Arco Minero del Orinoco afecta a toda la población venezolana.
“Llenar un embalse gigantesco como El Guri requiere de mucha intensidad de lluvias en las cabeceras del Caroní, y eso todavía no se ha producido. No hay Guri sin cuenca de Caroní, y al mismo tiempo, no hay cuenca sin reservas del Parque Nacional Canaima, el cual se verá afectado con la megaminería en la zona”, acota Alexander Luzardo.

Mapa aportado por el Frente Anti Arco Minero

Las comunidades indígenas se han visto afectadas por los procesos de transculturización o migraciones surgidas por las actividades mineras. En varios casos, parte de los pueblos originarios participan en la minería que se desenvuelve en la región. Sin embargo, como se ha demostrado, la minería tiene sus efectos nocivos en el ambiente y a su vez, en los habitantes [3].

A lo largo de los 111.846,86 kilómetros cuadrados, coexisten territorios indígenas autodemarcados como lo establece la Constitución de 1999.

La Dra. Nalúa Rosa Silva Monterrey, Coordinadora Centro de Investigaciones Antropológicas de la UNEG, expone en un artículo publicado en derechos.org.ve que el “Arco Minero comprende tanto la margen derecha como la margen izquierda del Orinoco y va desde el río Apure, tierra de la comunidad indígena Pumé, pasando por Palital (reconocida zona de los indígenas Kari’ña) hasta el límite con el Estado Delta Amacuro en Barrancas, es decir, zona de los Warao, por la margen izquierda”.

También, el Arco entra hacia la margen derecha del Orinoco, hacia el río Cuyuní, en el que habitan los Arawk, pemón y kari’ña; así como a la zona de influencia del Parque Nacional Canaima (Pemón). En este sentido, Alexander Luzardo asegura que son zonas doblemente protegidas por ser ABRAES y, a su vez, territorios indígenas.

Continúa el Arco y se superpone al río Paragua (afluente del Caroní, en los que se encuentran los Pemón, Sapé, y tierra de los últimos Uruak y Arutani), y luego cae al río Aro (también zona zonaKari’ña) desde donde avanza hacia la cuenca del Caura, característico territorio ye’kwana, sanema.

Así, el AMO atraviesa y sigue hacia el Monumento Natural Sierra de Maigualida (zona Hoti) hacia el Cuchivero (zona Eñe’pa-Panare) y va hacia el Parguaza (zona Wanai- Mapoyo yPiaroa) de donde regresa al punto original en donde también hay ocupación estacional Hiwi, caracteriza Nalúa Monterrey en su artículo.

Es decir que más de diez comunidades indígenas coinciden con la actividad extractivista (la minera), porque se ubican, desde tiempos ancestrales, en el área delimitada y llamada hoy “Arco Minero del Orinoco”.

Respecto al impacto social de esta actividad aurífera, específicamente en la salud, según un último estudio ratificado por la UDO, “los habitantes yeku’ana tienen 40 veces más mercurio permitido en pelo que lo permitido por la Organización Mundial de la Salud”, apunta Silva.

“El costo social de la minería”

Por su parte, el antropólogo con aporte teórico y práctico de los pueblos originarios, Ronny Velásquez, coincide en que “puede generalizarse y afirmarse que todas las comunidades que están cercanas a los ríos o caños, que poseen oro o arrastran oro aluvional, son afectadas por el mercurio. Además, los mismos mineros acaban con sus ecosistemas y con los animales que generalmente comen”.

Además, asegura que las poblaciones aledañas a los campos mineros “cambian sus hábitos de vida tradicional. Todos los hombres que se dedican a la minería, abandonan sus conucos, el trueque, la cacería y la recolección de alimentos”, afirma Velásquez.

Esto hace que los indígenas se vayan a trabajar en las minas, abandonen sus hogares y aprendan otros hábitos que, generalmente, son vicios de la cultura criolla, como el alcohol. Mientras tanto, las mujeres permanecen solas en sus hogares.

“En las minas a veces suceden accidentes por desprendimientos de tierra, o asesinatos y enfrentamientos entre bandas mineras ilegales. Esto hace que las mujeres queden abandonadas con sus hijos y algunas veces nunca reciben algún beneficio. Es lo que yo llamo, el costo social de la minería”, expone Velásquez.

Por otra parte, comentó que no se puede afirmar que existen pueblos indígenas que sean mineros, aunque exista alguna excepción. Para él, tradicionalmente, ningún pueblo indígena es o fue minero.

De hecho, “el oro,para los pueblos indígenas era concebido como una ofrenda de los Dioses, que representa del Sol que les da vida, aquí, podría entenderse que hay una relación mítica, pero, el oro existe en la realidad, como existen otros minerales. Para ellos, el oro sirvió sólo para realizar obras de arte, de orfebres aborígenes. Ni siquiera fue usado como moneda de intercambio”, explica el profesor RonnyVelasquez.

Por cierto para los Akawaios, el oro y el diamante son riquezas malditas. “No obstante, la minería (ilegal) tiene más de 50 años en el territorio guayanés y ha trastocado los sistemas de vida de los pueblos autónomos y afectado, indudablemente, la naturaleza”, expresa Velasquez.

Al respecto, Esteban Moyonyi, rector de la Universidad Indígena del país, expresa que “una vez instalado el Arco Minero del Orinoco, se produciría una destrucción total del hábitat y pérdida de la ética”. Así, afirma que el AMO afectará directamente (cuando el criollo o indígena participa como subproletario del campo minero). O de forma indirecta, a través de la contaminación de su hábitat.

Los mineros, incluso hoy, “creen que con oro o demás minerales valiosos, piensan que pueden adquirir todo, incluso el sexo forzado de jóvenes mujeres, casadas o no, que se dejan seducir y así adquieren enfermedades”, consideraVelasquez. A la larga, si se curan, ya siguen siendo fáciles presas de hombres hábidos de aventura y sexo y continúan con esa forma de vida por necesidad, San Martín de Turumbán en el Municipio Cedeño del Estado Bolívar, este es un ejemplo palpable y así se van degradando los pueblos y las relaciones sociales de todo tipo.

Por su parte, Santiago Arconada, quien también ha estado cerca de las comunidades indígenas venezolanas, expresa que el Arco Minero del Orinoco connota una situación irreversible para los pueblos indígenas, ya que significaría “la enajenación de su propio mundo, de sus tierras. Es decir, la destrucción del mundo indígena”.

Además, critica la posición dominante por parte del mundo occidental, en este caso de la figura del Estado y el Capital extranjero, de acabar con la diversidad cultural que existe en América Latina y otros suelos. “El Arco minero del Orinoco le plantea a los indígenas, que se quedan en sus territorios, convertirse en mano de obra de la trasnacional, y así abandonen su cultura original”, considera Arconada.

A su vez, Mosonyi supone que aproximadamente 3 millones de indígenas podrían sentir los efectos del Arco, como así mismo, la posible extinción de animales, plantas y culturas milenarias.

El antropólogo y lingüista de los pueblos originarios, Mosonyi, pronostica en el Arco Minero del Orinoco, un ambiente de rivalidad y conflictos por las pugnas entre extranjeros y garimpeiros, que penetrarán aun más la tierra del Dorado, forzando, a su vez, estas 150 compañías con mala fama, desplazamientos y migraciones de criollos. Por su parte, el AMO significa, además, un “irrespeto a la vida humana”

¡El agua vale más que el oro!

Luego de la promulgación del decreto 2.248, que expone el proyecto “Arco Minero del Orinoco”, varios colectivos, movimientos sociales, organizaciones indígenas, fundaciones e individualidades, se han manifestado en contra del Arco Minero del Orinoco.

A partir de esa fecha, la inconformidad social se tradujo en encuentros, debates, foros, dentro y fuera de espacios académicos, para exponer varios de los motivos anteriormente explicados.

De hecho, el 3 de marzo del presente año, integrantes del movimiento popular venezolano se reunieron en el parque Los Caobos (Caracas-Bellas Artes), para abrir un primer debate sobre el Arco Minero del Orinoco, cuenta Tania Abreu, miembro del colectivo agroecológico “EcologArte”.

Luego, el lunes 28 de ese mismo mes, se llevó a cabo un tuitazo nacional para posicionar hashtag’s y tendencias en la red social con las siguientes consignas: #NoAlArcoMinera #LaMineríaEnvenena #SiALaVidaNoALaMineria, entre otras. Así, el martes se realizó un foro en el cual asistieron más de veinte movimientos populares en lucha por la tierra y el agua.

Para el martes 29 de febrero, para sensibilizar a la población venezolana en cuanto al tema e incluirla en las actividades, se organizó un foro nacional con Esteban Mosonyi (Rector de la Universidad Indígena de Venezuela), Ana Elisa Osorio (ex ministra del ambiente del presidente Chávez), José Luis Rodríguez (miembro de Forja: Federación de Organizaciones y Juntas Ambientales).

Seguidamente, se realizó una movilización hacia PDVSA La Campiña, para la entrega del Manifiesto del Poder Popular por la vida plena, en rechazo a las medidas tomadas y para exigir el cese de las trasnacionales mineras. El documento incluye una serie de propuestas que le movimiento popular sugiere al Estado venezolano, para acabar con el rentismoextractivista:

• Optimizar nuestros actuales sistemas de prestación de energía (hidroeléctrica, termoeléctrica, gasífera, entre otras) de manera eficiente para lograr un real abastecimiento en nuestro país.

• Disminuir nuestros patrones de producción y consumo, ya que siguen vinculados con la lógica del desarrollo capitalista, entre otras alternativas que allí se exponen.

• Por otra parte, un grupo de luchadores ambientales, académicos, exministros y estudiantes pediránun recurso de amparo constitucional para detener el “depredador Arco Minero del Orinoco”, comenta Santiago Arconada, partícipe de la petición.

Este recurso constitucional se sitúa en tres elementos. El primero se refiere a los pueblos indígenas, en el marco de sus derechos para preservar sus prácticas culturales, vida, y territorios autodemarcados (Capítulo IX De Los derechos de los pueblos indígenas, Constitución 1999). El segundo elemento es el referido al ambiente, agua, aire y biodiversidad de nuestra amazonía (Capítulo VII de los Derechos Ambientales, Constitución 1999).

Por último, el tercer elemento se refiere a la soberanía, en el marco del preámbulo constitucional, la cual reside en el pueblo. “En lo absoluto, debemos hacer énfasis en esto. No hubo consulta previa a las comunidades que habitan en la región delimitada como Arco Minero. No se consultó al pueblo”, agrega Arconada.

No así, el Arco pretende acabar con la minería ilegal realizada en territorio venezolano por parte de brasileños, colombianos y criollos, extrayendo oro y diamante desde el Imataca y las regiones del Esequibo. “Es mejor para ellos mantenerlo así, sin ley. Y esos productos del tráfico ilegal salen por Georgetown, capital de la República Cooperativa de Guyana, por estas razones hay enfrentamientos y matanzas como ocurrió con la masacre de Tumeremo. Enfrentamientos entre mineros ilegales”, expuso Ronny Velásquez.

Sin embargo, este proyecto, debido a su amplitud y método de realización, generaría efectos irreversibles en una región que comprende las últimas reservas de agua en el mundo, Venezuela, y además se podría ver afectada la dinámica eléctrica nacional. Y como se explica, se produciría un etnocidio y proceso migratorio. Todo esto,mediante el alegato de“diversificación económica”, que se realiza bajo una misma política extractivista y rentista.