Especulación empresaria. Arcor, Fargo, Molinos y otras empresas desabastecen el programa Precios Justos

El programa Precios Justos anunciado por Sergio Massa el 11 de noviembre de 2022 junto a empresarios y sindicalistas en el CCK no pasa por un buen momento. El intrumento diseñado por el supreministro para intentar contener la inflación contempla el control del precio de alrededor de 1.788 productos, permitiendo un aumento del 4% mensual.

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El 26 de diciembre de ese año, se oficializó que el programa se extendería durante el 2023. Si bien la parte que correspondía a los empresarios y supermercadistas de abastecer y poner en góndolas la totalidad de los productos acordados, nunca fue cumplida totalmente (70% en su mejor momento), el anuncio de esa prórroga llevó a que las grandes empresas y supermercados profundizaran el nivel de desabastecimiento.

Según un relevamiento del periodista Leandro Renou, tan sólo 5 de las 30 empresas más grandes que firmaron el programa entregan mercadería por encima del 50 %, el resto lo hace por debajo de ese nivel, a pesar de tratarse en algunos casos de alimentos de consumo masivo como la yerba (30% promedio) o el café (0%).

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El declive en el cumplimiento por parte de las empresas nacionales y extranjeras, había comenzado ya a fines de diciembre pero durante las últimas semanas se acentuó hasta niveles críticos. En los supermercados se pueden registrar góndolas vacías o productos particulares que no se consiguen. Según los empresarios de este sector, los faltantes son por la falta de entrega de los proveedores, es decir las grandes empresas de alimentos y productos de primera necesidad. Situación que se agrava por las formas de operar de los supermercados, que no “stockean” y sólo compran lo que calculan venderán en el corto plazo.

De las 30 empresas más grandes que están en el programa, cerca de 25 abastecen a los supermercados con menos del 50 % de los productos. Otras entregan entre el 30% y el 20%, y otras directamente 0%, como en el caso de las marcas de café, La Virginia y la Morenita.

Entre otras, Arcor, la alimenticia oligopólica Pagani, cumplió tan sólo con el 32% de lo pedido, mientras que Bagley (propiedad también de Arcor) con 27 productos incluidos en el programa, entregó el 59% de la mercadería. Quilmes, por su parte, entregó en los últimos quince días un 28% promedio para su gama de productos que integran Precios Justos.

Un caso que se destaca por la importancia del producto es el de la empresa Fargo, que a pesar de tener alrededor de 20 productos en Justos, envió sólo el 19% durante los últimos quince días. Vale tener en cuenta que las empresas productoras de pan de mesa son centralmente dos. Otro caso relevante por ser un producto extendido en la mesa de las mayorías, es el de la yerba. La empresa Las Marías, productora de la marca La Unión, proveyó sólo un 30% promedio. Entre otras empresas nacionales, la harinera Morixe vendió un 31% y Molinos Río de la Plata un 35%. Manfrei, fábrica láctea, aportó sólo un 28%.

Pero las empresas extranjeras tampoco se quedan atrás con la especulación. Johnson y Johnson entregó un 23% durante los últimos 15 días. Loreal, un 18%. Mientras que Kimberly Clark lo hizo en un 42%. Unilever, que fabrica productos de limpieza y algunos alimentos, vendió por un 52%; mientras que Procter and Gamble lo hizo con un 37%.

Se sospecha que los productos que se deabastecen a los grandes supermercados (con quienes se acordó el programa) por parte de esas grandes empresas, sean “desviados” por esos mismo proveedores hacia comercios más chicos, en los que el programa no rige, y que pueden ofrecerlos a precios más altos de lo acordado.

Precios Justos es un programa más entre muchos del mismo tipo aplicados en el pasado, como su antecesor Precios Cuidados, que intenta poner algún tipo de freno a la inflación. Sin embargo no puede funcionar más que como un parche endeble ante un fenómeno multicausal como lo es la suba generalizada de precios, y “atacando” en las consecuencias últimas y no en las causas estructurales de la inflación.

El fenómeno inflacionario es complejo y tiene varias causas. Entre ellas, la propia estructura económica del país fuertemente primarizada, la evolución del precio del dólar, el de las tarifas de los servicios públicos y la evolución de los precios internacionales, entre otras. En el contexto de fuerte inflación, la conducta del gran capital concentrado es remarcar los precios para defender y mejorar su rentabilidad, como se reflejó en el índice de inflación de 94,8% que alcanzó 2022. Y cuando esto no es posible en su totalidad, por la existencia de algún acuerdo formal, prácticas como el desabastecimiento son las que ponen en funcionamiento.

Para combatir maniobras como el desabastecimiento por parte de las grandes empresas de alimentos y productos de primera necesidad, son necesarias medidas de fondo como el control por parte de sus propios trabajadores y trabajadoras de la producción de esas compañías, lo cual permitiría tener conocimiento pleno sobre los stocks disponibles.

A su vez, contra la inflación son necesarias medidas de otra clase junto a medidas de emergencia que garanticen los productos básicos y el nivel de vida del conjunto de las mayorías trabajadoras. Algunas de ellas son: el aumento salarial de emergencia para recuperar lo perdido para jubilados, ocupados y programas sociales; el control de precios por medios de comités de trabajadores y consumidores; el monopolio estatal del comercio exterior permitiría controlar la entrada y salida de dólares bajo control de los trabajadores, frenando así las maniobras especulativas que hacen las grandes patronales; el acceso público a los registros contables y de los movimientos bancarios de las grandes empresas que al día de hoy no son visibles; la nacionalización de las empresas de servicios públicos; la nacionalización de la banca bajo control de sus trabajadores y usuarios es clave para evitar la fuga masiva de capitales, para proteger a los pequeños y medianos ahorristas y canalizar el ahorro nacional hacia el crédito que responda a necesidades sociales; y la nacionalización de las empresas de servicios públicos; entre otras.