Crónica. Ardiente diciembre 2001: devenires de la causa judicial por las muertes en Buenos Aires

Esa noche hacía calor. Al salir de la redacción de la calle Belgrano la marea humana que iba hacia Plaza de Mayo me desvió de mi camino a casa. Las personas desbordaban las veredas y circulaban por las calles. La necesidad era estar ahí, había una extraña comunión entre los que protestaban, cierta euforia por la expectativa de protagonizar algo.

Cerca de las 23, cuando la noticia de la renuncia del ministro de Economía Domingo Cavallo llegó a la plaza, hubo festejo. Eso que esperábamos empezaba a suceder. Algunos siguieron el mensaje de De la Rúa por la radio y volvió la bronca. El anuncio del estado de sitio fue puro combustible al fuego. Al rato ardió una de las palmeras de la plaza. “Uy, se les fue la mano, la protesta es pacífica”, dijeron varios.

Quedé demasiado cerca del vallado de la Casa Rosada, la primera bomba de gas que tiró la policía cayó casi a mis pies, siguieron varias estampidas que retumbaron en la plaza y terminé sobre el asfalto cuando empezó el desbande. En la puerta de algún recital de rock había aprendido a correr para el lado contrario del viento, pero esa noche fue imposible, el aire picaba, quemaba.

Quedé tan aturdida que al día siguiente no tuve resto para la batalla que seguía entre Plaza de Mayo y Avenida 9 de Julio. “Cayó uno de los nuestros”, me dijo por teléfono una compañera de Correpi, por Petete Almirón. Supe de los demás muertos, mis magullones se volvieron insignificantes.

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La noche de la palmera incendiada en Plaza de Mayo y del manifestante Jorge Demetrio Cárdenas desangrándose en la entrada del Congreso se convirtió en el día en que la Policía Montada arremetió con sus caballos contra las Madres, de la cacería y la resistencia con piedras. ¿Dónde estaba cada una y cada uno? Los que confluyeron en la protesta tenían diversas motivaciones, la imagen de Cárdenas, a quien se creyó muerto, de las Madres apaleadas, la declaración del estado de sitio de De la Rúa.

“Los mozos del hotel Intercontinental salieron a traernos limones para los gases”, recuerda el sobreviviente Martín Galli. Todo servía, remeras mojadas como improvisados cascos. “La próxima vez que haya que prender fuego todo nos va a encontrar mejor parados”, dice el Cabra de Las Manos de Filippi, y es inevitable pensar en las lecciones que vinieron de Chile.

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La causa

En esa época recorría cada tarde los pasillos de los Tribunales Federales de Retiro, pero a la causa por la masacre le puse toda mi energía. Primera maniobra, la jueza María Romilda Servini de Cubría desdobló el expediente para quedarse ella con las responsabilidades políticas y darle a los fiscales las de los policías.

Fuimos descubriendo que también fue una operación meter a supuestos francotiradores que nunca estuvieron en los edificios de Avenida de Mayo, sólo para salvar el pellejo del represor Jorge Varando, cómplice de la desaparición de cuatro militantes del MTP durante la represión con que el Ejército recuperó el cuartel de La Tablada en 1989. Era militar entonces, fue vigilador privado en diciembre de 2001 y uno de los que fusiló a Gustavo Benedetto desde adentro del banco HSBC.

Fue una lluvia de proyectiles que provino desde el interior del edificio del banco de Hong Kong y Shanghai (HSBC), donde un grupo de policías decían buscar resguardo de las piedras de los manifestantes. Ellos y los custodios del banco, al mando de Varando, iniciaron los disparos que atravesaron los blindex y una de esas balas fue la que terminó con la vida de Benedetto, la primera víctima de aquella represión, a las 16.45 del 20 de diciembre de 2001.

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Los peritajes determinaron que hubo 59 balazos y una primera reconstrucción había determinado que Varando fue el asesino del joven, por lo cual la jueza federal Servini de Cubría lo procesó y lo mantuvo tres años preso. Sin embargo, el proyectil del arma 9 milímetros no pudo hallarse y esto dio pie a los reclamos de su defensa, que pidieron una segunda reconstrucción. Según consta en la causa, esa tarde Varando arengó a sus empleados al grito de “tiren carajo, no sean cagones”. E incluso está filmado disparando.

En noviembre de 2004 la Corte Suprema aceptó un planteo de la defensa respecto a arbitrariedades, lo que derivó un desprocesamiento y la consecuente recuperación de su libertad. Si bien el acusado admitió que había disparado, no podría probarse que él hubiera sido el responsable del disparo y debía regir el beneficio de la duda.

Por eso, en un juicio aparte y anterior al del resto de los imputados, no fue juzgado por homicidio sino por abuso de armas. “Como ya intervino la Corte no hay posibilidad de dar vuelta esa decisión”, se lamentó en aquel momento Eliana Benedetto, hermana de Gustavo. Finalmente, en el proceso que llevó adelante el juez Norberto Oyarbide resultó absuelto.

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Jorge Varando es un exteniente coronel de Inteligencia del Ejército, se graduó en la Escuela de las Américas, como recordó Adriana Ochoa en la recorrida de los familiares por las placas colocadas en el centro porteño. Fue denunciado por dos desapariciones en el copamiento de La Tablada y aparece mencionado como represor en el libro de Alipio Paoletti Como a los nazis como en Vietnam.

"Justicia" e impunidad

Servini de Cubría, Claudio Bonadío y los sucesivos jueces y camaristas que intervinieron en esta emblemática causa jugaron el partido a favor de los poderosos y de la clase política puesta en jaque con el “que se vayan todos”. Los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers, que tuvieron en sus manos las primeras investigaciones, son considerados “ineptos” por la querella.

Los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzún fueron responsables de que De la Rúa zafara en la causa, mientras su colega Horacio Cattani votó en disidencia en esa oportunidad. Así como Servini fue nefasta, Bonadio es calificado como un mamarracho por quienes bregaban por una justicia imparcial.

Y en los últimos años, los jueces de Casación Ángela Ledesma, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña no tuvieron ninguna vergüenza en demorar cinco años su fallo confirmatorio de las penas del juicio oral.

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Una perla negra del tiempo batallando en Tribunales: Virgilio Loiácono, el abogado del exjefe de la Policía Federal Rubén Santos, se refería de manera sumamente ofensiva respecto de las víctimas y terminó imputado en la causa porque, como secretario legal y técnico de De la Rúa, fue quien armó el decreto de estado de sitio y los borradores de decretos por las detenciones arbitrarias de aquellas calientes jornadas.

Justo es destacar que por debajo de todos ellos, hubo funcionarios de menor jerarquía que trabajaron a la altura de las circunstancias. Sin embargo, nada hubiera sucedido en la vapuleada causa judicial sin la obstinada perseverancia de los sobrevivientes, las familias y algunos de sus abogados y abogadas. Así fueron apareciendo los nombres y las imágenes de los asesinos y, a pesar de la cantidad de rollos de fotos y cintas de televisión, la mayoría fue zafando porque no fue posible identificar a los tiradores.

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Quince años tardó en llegar el juicio oral, y otros cinco en quedar firme la sentencia que condenó al exsecretario de Seguridad de la Alianza, Enrique Mathov, al exjefe de la Federal Santos por los cinco asesinatos de la Ciudad de Buenos Aires. El fallo de 55 páginas firmado por los camaristas Barroetaveña, Petrone y Ledesma ratificó las penas a cuatro años y tres meses para Mathov y a tres años y medio para Santos, en ambos casos de cumplimiento efectivo, por lo que deberían ir presos salvo que este Poder Judicial adicta les conceda un arresto domiciliario, que probablemente pedirán.

Se dijo que el fallo no está firme porque aún estaría pendiente el recurso de la Corte Suprema. La querella de los familiares anticipó que no recurrirá al Máximo Tribunal, porque apelaría por seis meses y no considera que se justifique demorar aún más la consolidación de la sentencia por un tiempo tan exiguo. En tanto, las defensas podrían ir en queja a la Corte pero los cortesanos ya fijaron su posición en esta causa al rechazar planteos del exsuperintendente de Seguridad Metropolitana, comisario Raúl Andreozzi, por lo tanto sería esperable que desistan.

Además, se confirmó la condena contra el exsubcomisario Carlos José López, a cinco años y nueve meses de cárcel, como “coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio en agresión, por la muerte de Alberto Manuel Márquez, en concurso ideal con lesiones en agresión”. Y el fallo también ratificó las condenas del exdirector general de Operaciones de la Policía Federal Norberto Gaudiero, a tres años; y Víctor Manuel Belloni a dos años y nueve meses, pero en su caso sólo por el delito de “abuso de armas”.

En el camino, ya sobreseídos en el juicio oral, habían quedado los policías Mario Seia, Norberto Sabbino, Sebastián Saportii, Horacio Berardi, Eugenio Figueroa, Jorge Daniel Toma y Carlos Alberto Loforte.

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Cuando los familiares expresan su bronca no sólo piensan en el Poder Judicial. En 2016, cuando terminó aquel juicio, la UCR pagó una solicitada en los diarios en defensa de Mathov.

Una pelea que se perdió fue la que encabezó el abogado Rodrigo Borda al impugnar penalmente –por ilegal e inconstitucional– el dictado del estado de sitio por parte de De la Rúa, que debió haber contado con la aprobación del Congreso y no la tuvo. Además, el listado de personas a ser detenidas en su marco fue completado a posteriori de las detenciones. Es decir que blanquearon con el decreto arrestos arbitrarios y al voleo.

El objetivo de máxima del planteo, que hubiera significado el procesamiento del expresidente radical, era dejar establecido que el estado de sitio no es una licencia para matar. Se perdió así la posibilidad de obtener un precedente para limitar futuras represiones, como la que le costó la vida al maestro Carlos Fuentealba, a Kosteki y Santillán y a tantos más. Las causas por las responsabilidades políticas de las represiones posteriores nunca avanzaron.

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Fernando de la Rúa murió impune en julio de 2019 porque las sucesivas instancias por las que pasó la causa, en ese laberinto que el Poder Judicial arma adrede para desgastar a las víctimas y construir la impunidad, impidieron que fuera condenado por “homicidio imprudente” y lesiones culposas”, como pretendían los abogados Rodrigo Borda y Rodolfo Yanzón.

En aquel momento escribí que al expresidente le pesaban más muertes: 483 asesinatos por gatillo fácil y en lugares de detención, y 42 personas perdieron durante represiones a la protesta social, entre ellas Mauro Ojeda y Francisco Escobar en 1999, Aníbal Verón, Omar Barrios y Carlos Santillán y otros. Durante su mandato hubo 12 desapariciones forzadas, entre ellas la de Natalia Melmann, en Miramar.

Presentes

El lunes 20 los familiares y amigos de las víctimas de aquella masacre con la que el gobierno de la Alianza sofocó la pueblada que los expulsó del poder recorrieron las placas que recuerdan a los asesinados en el centro porteño, cuando De la Rúa ordenó desalojar Plaza de Mayo “a como dé lugar”: Gastón Riva, Carlos “Petete” Almirón, Diego Lamagna, Gustavo Benedetto y Alberto Márquez.

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Los aniversarios de números redondos como éste son propicios para que aparezcan opinadores, que pretenden solucionar la impunidad acumulada con un proyecto de ley de violencia institucional, y evocan los 20 años hablando con aquellos que nada tuvieron que ver con la lucha y además son parte del poder de turno. Deshistorizan y desdibujan dos décadas de resistencia al hablar en singular de “un reclamo”, al referirse a la última conferencia de prensa en Comodoro Py.

Las familias de los muertos y los sobrevivientes pasaron la mayoría de estos años en soledad. Algunos pocos seguimos el devenir del expediente y nos comprometimos con la reconstrucción de los hechos y de la memoria de los caídos, peleando espacios porque no era tema “de agenda” ni muchos menos “de tapa”.

Esa Plaza de Mayo incendiada perdió casi una mitad por el vallado que la Policía comenzó a poner luego de cada protesta. El macrismo directamente lo dejó fijo y nos robó esa parte. Es que tras aquellas jornadas la gente llegó demasiado cerca, el poder tuvo miedo y salió a matar.

La plaza recobró ese pedacito pero el poder real sigue saliendo a matar cuando se siente amenazado por las demandas colectivas que, cada vez más organizadas, se vertebran aunque metan infiltrados, causas armadas, espionaje, hostigamiento, cárcel y represión: una tradición que marca a sangre y fuego a los uniformados argentos, más poderosa que la letra de la ley.

Por eso, la voz de los familiares de las víctimas siempre fue clara. “Cuando el Poder Ejecutivo vuelve a desplegar la represión de la protesta popular –como sucede en estos días en Chubut y como ocurrió en diciembre de 2017 por la reforma previsional– la historia regresa como un boomerang”.