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Minería. Argentina, ¿un "país minero"? Dudas y omisiones en la exposición del Gobierno en Diputados

Participaron la Subsecretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila y los ministros de las provincias, y respondieron a preguntas de los diputados. Las principales definiciones, perspectivas y debates de la primera reunión del año de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados. El Frente de Izquierda, la voz disidente del consenso extractivista.

Jueves 16 de febrero de 2023 14:55

Fernanda Ávila, Secretaría de Minería de la Nación

Fernanda Ávila, Secretaría de Minería de la Nación

En el día de ayer tuvo lugar la primera reunión del año de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por el Diputado de San Juan Walberto Allende del Frente de Todos.

La reunión contó con la participación como invitados y expositores a la Subsecretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila; el presidente del Consejo Federal de Minería (COFEMIN) y secretario de Minería de Jujuy, Miguel Soler; la ministra de Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, Silvina Córdoba; el ministro de Minería de San Juan, Carlos Astudillo; el ministro de Minería de Catamarca, Marcelo Murua.

Los mismos tuvieron la oportunidad de presentar un balance sobre la actividad minera durante el año 2022 y los objetivos y proyecciones de desarrollo del sector para 2023. Respecto a los lineamientos generales, tanto desde Nación como desde las provincias, coincidieron en el énfasis de presentar a la Argentina como “un país minero” y centraron la agenda en las posibilidades de aumentar la explotación minera para la exportación. En particular el litio y el cobre, son vistos como una gran oportunidad por el papel fundamental que tienen en la transición energética.

En el conjunto de las exposiciones se pudo vislumbrar dos grandes preocupaciones para alcanzar un mayor desarrollo minero. Por un lado la necesidad de mayor inversión, y por otro la de lograr “licencia social” para la actividad, que genera resistencias y protestas en las comunidades que defienden el agua y otros bienes comunes.

Por su parte, los diputados participantes de la comisión pudieron realizar observaciones y preguntas. Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca y Romina del Plá, siguen denunciando "el consenso extractivista" entre las dos coaliciones mayoritarias, y es la bancada que viene acompañando en las calles y el recinto a las organizaciones socioambientales en sus denuncias a la minería contaminante y el reclamo por la urgente aprobación de la Ley de Humedales que sigue frenada por el lobby agrario y minero.

En el debate también hubo discusiones y posiciones encontradas sobre el régimen de las regalías. El tema del litio fue uno de los grandes protagonistas con matices en cuanto a la definición del recurso, a la industrialización y su cadena de valor.

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Minería en Argentina: los datos y las omisiones

Según el informe de la Subsecretaría de Minería de la Nación Fernanda Ávila, actualmente el país cuenta con 113 proyectos mineros, de los cuales 18 se encuentran en la fase de producción, 8 en construcción, 6 cuentan con estudios de factibilidad, otros 6 con estudios de pre-factibilidad, 13 tienen aprobadas las evaluaciones económicas preliminares, y son 62 los proyectos con exploración avanzada.

El volumen de las exportaciones en minería alcanzó en el año 2022 los 3,8 mil millones de dólares, que representan tan solo el 4 % del total exportado en Argentina, pero con un peso mucho mayor en el cuadro de exportaciones por provincia, con esquemas como el de Catamarca, cuyo 86 % de exportaciones corresponde a minería, Jujuy con el 84 %, Santa Cruz con el 77 % y San Juan con el 75 %.

Respecto del empleo, hasta septiembre de 2022 los datos indican 37.390 puestos de trabajo. Sin embargo, en los números presentados no se constataron los niveles de desempleo y subempleos, ni tampoco se analizó si la actividad minera desplaza a otras actividades generadoras de empleo. Para el caso de Jujuy por ejemplo, una de las provincias señalas con un importante peso de la actividad minera en la exportación, según el INDEC, el desempleo creció en el segundo trimestre de 2022 en el conglomerado urbano que abarca el Gran Jujuy y Palpalá, con una tasa de desocupación del 5,6% y una de subocupación del 13,1%. Asimismo, se mostró que los salarios del sector superan entre un 80% y 90% el promedio del sector formal privado nacional. Un dato que no alcanza a ocultar que, como ha denunciado la diputada del PTS-FITU, Myriam Bregman, "el mapa del extractivismo coincide con el mapa de la pobreza".

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En cuanto a las proyecciones del sector, la Dra. Ávila señaló que la “Argentina tiene el potencial para quintuplicar sus exportaciones mineras en la próxima década” y que en comparación con Perú y Chile en la región, el país aún está detrás de sus posibilidades y recursos. Sobre este punto, la diputada Romina del Pla (PO-FITU), intervino en la comisión y señaló que “ni en Chile ni en Perú el nivel de exportaciones significa para la mayoría de la población ninguna solución a la pobreza, todo lo contrario” y agregó “en Perú donde se desarrolla principalmente la actividad minera es donde se están dando las rebeliones populares más enormes contra el golpe de estado, y en Chile hemos tenido una rebelión popular enorme, lo que demuestra que les irá muy bien en la exportación de cobre pero para la mayoría de la población no llegan nada de estos beneficios”.

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La diputada Anahi Costa (FdT) de Catamarca recordó que no hay legislación específica sobre jubilación para las y los trabajadores del sector desde el año 68, y que la actividad laboral “se desarrolla en general en altura, son 12 horas de jornada continuadas y genera vejez prematura”. Sin embargo, desde su propio espacio este reclamo es ninguneado.

A pesar de los intentos por presentar perspectivas favorables, la Subsecretaria tuvo que admitir que las inversiones vienen muy por detrás. Ávila explicó esta falta diciendo que “la inversión productiva es muy riesgosa, a largo plazo y la expansión de la actividad se rige en buena medida por los precios de mercado que son muy volátiles”. Pero en vez de denunciar las maniobras especulativas del gran capital, declaró que “la seguridad jurídica es fundamental por los riesgos asociados a la actividad, falta que las normas que hoy están vigentes se mantengan sin cambios abruptos, sin discutir y sin consultar con la empresa minera”, un régimen de beneficios para atraer capitales.

Sin embargo, las ganancias que ya tienen las mineras son tan imponentes que incluso a algunas voces dentro de este gran acuerdo de dependencia y connivencia con las trasnacionales les parece mucho. Así lo expuso el ministro Astudillo de San Juan quien planteó que la provincia cumple con las leyes pero que “el 3 % [de regalías] es poco”. Además, como señala el especialista Ernesto Calvo en una entrevista en La Nación, sobre las regalías del litio: “ese 3 % se calcula sobre la boca se porcentaje, como dice el Código Minero, se calcula sobre el valor a boca de mina, o sea, el valor de la salmuera que es agua con sales. La regalía se convierte en el 0,6% aproximadamente”.

Este número resulta aún más escandaloso si tenemos en cuenta las consecuencias de las actividades mineras, como los derrames contaminantes en Jáchal que son constantes. Más allá de un tibio intento por una pequeña porción de las regalías, el “estado presente” del que se jacta el Ministro de San Juan oculta sistemáticamente estos derrames con graves impactos socioambientales.

Regalías, estafas y el fraude regulado

Frente a este régimen de regalías, algunas provincias optan por esquemas con aportes adicionales que en ningún caso superan el 3,5 % de facturación de las empresas. Pero incluso con estas contribuciones tan insignificantes existen fraudes y evasiones por subfacturación, como el escandaloso caso de la empresa Livent Lithium, denunciada el año pasado por la Dirección General de Aduana.

En ese momento se hizo un pedido de informe en la Comisión de Minería al respecto, que el diputado Carlos Manzi (Coalición Cívica) volvió a retirar en esta ocasión a Nación y al Ministerio de Catamarca, ya que la respuesta nunca estuvo y al parecer “se perdió” (sic).

Por si no fuera poco, la AFIP, que fija el precio mínimo de exportación, estipuló un precio testigo de 53.000 dólares la tonelada, muy por debajo del precio en el mercado mundial, que durante el tercer trimestre osciló los 73.500 dólares la tonelada para el litio grado batería.

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Así, no solo no se cuestionan las condiciones de subordinación sino que la entrega de recursos es exorbitante. Incluso en comparación con el régimen chileno, totalmente liberal y de mercado abierto, la Argentina se queda con menos regalías. Pero en el marco de la política de “desarrollo” de Nación y las provincias, la prioridad la tienen las empresas privadas, únicas capaces de explotar los recursos mineros según lo que establece la legislación.

¿Minería sostenible, sustentable y soberana?

La defensa de esta política de “desarrollo” no resulta nada fácil. Pero no faltan voces incluso desde el propio kirchnerismo que están dispuestos a hacerlo. La diputada Lía Verónica Caliva del Frente de Todos Salta quiso armonizar estas políticas extractivistas con los intereses de las comunidades y expresó que “en la puna salteña, alrededor y en torno a los proyectos litíferos que son muchísimos, están las comunidades coyas, que son preexistentes al estado nacional y las dueñas principales de los bienes, y ahí viven desde hace cientos de años, estńa los lagos, las lagunas, los salares por supuesto y no podemos dañar y alterar la vida de todas esas familias, se puede tener una visión de la minería sustentable, sostenida y soberana”.

Sin embargo, la defensa de la extracción de litio a toda costa es uno de los principales motivos por los cuales está cajoneada la Ley de Humedales. El año pasado, el propio presidente de la Comisión de Minería Walberto Allende del Frente de Todos, convocó una reunión de la comisión con las cámaras empresarias mineras para que cuenten todas las "bondades" de la actividad y cómo podría afectar la ley de humedales en el desarrollo del litio. En esa comisión dijo "hay una oportunidad histórica de la actividad minera, nos preocupa lo que pueda resultar de los proyectos de Ley de Humedales como expresaron los gobernadores. Si se puede realizar la actividad cuidando los humedales, ¿por qué tanto lobby para que no salga la ley que los protege?

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Son las y los trabajadores y las comunidades quienes constantemente denuncian las consecuencias de las actividades mineras en sus territorios. En un video filtrado tomado en la Empresa Livent en el Salar del Hombre Muerto en Catamarca se da cuenta del desecho de químicos contaminantes. La empresa sostiene que es "sostenible".

“Desarrollo verde” para la transición energética

La “ventana de oportunidad” con la que insistió la Subsecretaria de Minería respecto del litio, está relacionada con el papel de este mineral en las nuevas tecnologías para las llamadas “energías limpias”. En este marco, se presenta la explotación del litio como fundamental para la transición energética, eludiendo que la extracción de litio demanda grandes cantidades de agua dulce, un bien que resulta indispensable para la vida.

Lo que se omite es que la demanda de litio abona una particular forma de “transición energética”, comandada por las principales potencias imperialistas que no problematizan la acumulación de capital ni la necesidad de revalorizarlo constantemente. Por el contrario fomentan nuevos nichos de mercado “verde” con nuevas mercancías “verdes”, que no resuelven problemáticas sociales ni están orientados a satisfacer necesidades populares, porque su principal objetivo es el beneficio privado y la generación de ganancia.

Así, la explotación de litio se realiza en función de la demanda de grandes automotrices como Tesla, Ford, General Motors, BMW o Toyota, que se disputan el mineral para fabricar autos eléctricos a los que solo una porción de la población va a poder acceder, sin resolver de conjunto la gran problemática del transporte urbano en todo el mundo.

No es casualidad entonces que este modelo sea resistido por las comunidades que ven contaminados y devastados sus bienes comunes para una transición que no significa ninguna mejora en sus condiciones de vida. Solo la discusión democrática desde abajo, con el control de los bienes comunes por parte de las y los trabajadores y las comunidades, puede garantizar la planificación, en función de las necesidades sociales, de una verdadera transición energética y dar respuesta de conjunto a las problemáticas socioambientales y la crisis climática.

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Lihuen Eugenia Antonelli

Redacción Ciencia y Ambiente | @lihuiliyo

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