Los acuerdos previos entre el gobierno de Gabriel Boric y las autoridades de la ciudad se terminaron de concretar con la aprobación de la prórroga del Estado de Excepción. La aprobación contó con votos de la derecha y la ultra derecha, junto a la ex concertación, el Partido Comunista y el Frente Amplio.¿La extensión del Estado de Excepción es una solución frente a la crisis migratoria?¿Qué implicancias tiene y quiénes son las y los más perjudicados por mantener las fronteras militarizadas?
Domingo 20 de marzo de 2022
El miércoles se aprobó la prórroga del Estado de Excepción que previamente había sido discutida por la ministra del Interior, Izkia Siches, con autoridades locales de la región como el alcalde de Arica Gerardo Espindola y el diputado Vlado Mirosevic, ambos del Partido Liberal.
La prórroga tuvo los votos de la ultraderecha del Partido Republicano, pasando por la ex concertación y el Frente Amplio, hasta el Partido Comunista. Estos últimos con Sebastian Piñera como presidente, siempre cuestionaron la instalación del Estado de excepción, hoy votan a favor de su extensión. Esto expresa no solo una subordinación política a la derecha y la ultraderecha que impulsan y celebran estas medidas, sino que fortalece la moral y las acciones de los gremios camioneros que históricamente han sido dirigidos y conformado por empresarios. Esto queda demostrado con las palabras de Jose Antonio Kast quien felicita la postura del gobierno sobre el Estado de Excepción, afirmando: "Una zanja de esperanza que comienza el Presidente Piñera y que terminará de construir el Presidente Boric". A esto se le suma que en una entrevista realizada a Gabriel Boric, donde se le consultó si “migrar es un derecho”, el presidente contestó “no me puedes pedir un sí o un no en esto”.
Por su parte, el gobernador regional de Arica y Parinacota, Jorge Diaz(DC), ha afirmado la necesidad de que las “F.F.A.A acompañen en las labores policiales en resguardo de fronteras”. En la misma sintonía, Vlado Mirosevic viene exigiendo mayor dotación militar y policial para la región.
Las consecuencias del estado de excepción
El reglamento de la Ley de Migraciones le otorga al Ejecutivo la posibilidad de realizar de forma inmediata, procesos de detención y reconducción, a todo aquel que entre al país por alguna zona no habilitada. El estado de excepción tendrá a cargo a 4 uniformados de alto rango, quienes serán los jefes de la defensa nacional en cada provincia.
El proceso de reconducción que actualmente se implementa, no aborda los parámetros de actuación que deberán tener ante la situación de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes. De hecho, el mantener esta Ley de Migraciones, expone a las personas migrantes a ser víctimas de redes de trata o de tráfico de personas, donde los principales afectadas son mujeres, jóvenes, niñas y niños.
Por un plan de acogida para enfrentar la crisis migratoria
Para responder a la crisis migratoria es necesario impulsar un Plan de Acogida Internacional y la entrega de recursos, políticas sociales y laborales para responder profundamente a la precarización de la vida que ha traído la pandemia y los altos precios producto de la inflación que golpea a Latinoamérica. Los grandes empresarios nacionales e internacionales quieren descargar la crisis contra los trabajadores y los sectores más pobres. Mantienen una política xenófoba y racista, mientras se aprovechan de la mano de obra barata. Solo la unidad entre trabajadores, mujeres y estudiantes pueden conquistar una salida profunda como el Plan de Acogida Internacional junto a un impuesto progresivo a las grandes fortunas, para que la crisis de su sistema económico, no la siga pagando el pueblo trabajador.
