Críticas ha despertado el convenio entre la municipalidad de La Reina y un club de tiro para fomentar la instrucción en armas de fuego a la población de la comuna. Se abre el debate ¿quiénes tienen las armas y contra quiénes las usan?
Martes 28 de agosto de 2018
El acero contra la delincuencia y un apretón de manos
Dentro de las “medidas antidelincuencia” que está tomando la municipalidad de La Reina pudimos ver este domingo el convenio entre la municipalidad y un club de tiro local de la comuna. En otras palabras, un apretón de manos entre José Manuel Palacios, alcalde de La Reina y una empresa privada para enseñar a disparar armas de fuego.
Un alcalde militante de la UDI estrechando las manos con empresas privadas y entre ello el uso de armas de fuego. En Chile conocemos historias como esa por miles. Por una parte se expresa el rol subsidiario del Estado, llegando al borde del ridículo con casos como el bingo de Varela. Por otra parte, la manera en que el Estado responde a nuestras demandas es con mayor precarización del pueblo trabajador, con mayor fomento de privados y con mayor fortalecimiento policial, de esa misma policía que disparó con escopeta a una estudiante de la Universidad Iberoamericana la semana pasada, establecimiento que ya se declaró en quiebra y que está dejando a más de mil estudiantes y a decenas de trabajadores y trabajadoras en las calles. Por supuesto, el Estado no se ha hecho cargo de que tales estudiantes tengan posibilidades reales de continuar sus estudios ni de que esos funcionarios no pierdan su puestos de trabajo. No, su forma de hacerse cargo es negociar con nuestras vidas y balearnos si nos oponemos.
Al gobierno, que viene intentando recuperarse en las encuestas de opinión pública, no le gustó la noticia, o al menos no hasta que salió a la luz. Vimos a un Chadwick defensor de las fuerzas represivas del Estado por encima del uso de armas por la población civil en La Reina. Declaró que más que fomentar el uso de armas debiesen estar usando los recursos en fortalecer a quienes tienen el uso legítimo de las armas, es decir, a carabineros, militares, gendarmes, etc. Para el gobierno claramente hay que seguir fomentando la capacidad de represión.
Si la situación nacional al gobierno se le escapa de las manos necesitarán de mayor contingente destinado a defender la herencia de la dictadura bajo su mandato y mayor cantidad de armas, de gases lacrimógenos, de carros blindados, mayor modernización de la policía y mayor militarización en zonas como la Araucanía.
Kast por su parte, a través de su cuenta de twitter, dió el visto bueno a la iniciativa y declaró que “Ojalá más alcaldes se sumen a una iniciativa cómo está”. Las críticas le llovieron, pero a Kast poco le importa mientras pueda así apostar a ganar seguidores de su política, y para él ojalá que sepan usar armamento para usarlo contra lo que consideren delincuencia.
¿Y quienes tienen realmente acceso a las armas de fuego?
El ministro del interior y familiar de Piñera, Andrés Chadwick, nos entrega una parte de la respuesta: El legítimo uso lo tienen las fuerzas represivas estatales. Eso no quiere decir que no existan armas en manos de civiles, La Reina es un claro ejemplo de ello. El alcalde José Palacios, arquitecto y urbanista, diseña la comuna con un plan de civiles armados y entrenados dispuestos a disparar contra delincuentes, esa es su maqueta. ¿Y a quiénes considera delincuentes la UDI? Por supuesto que no a los empresarios que se coluden para engordar sus bolsillos a costa del sufrimiento y sudor del pueblo trabajador, ni a los militares torturadores, sino que además de asaltantes que el capital ha arrojado a la miseria, también consideran como delincuentes a vendedores ambulantes, a estudiantes ocupando las calles cuando se les niega su derecho a educación, a trabajadores luchando por recuperar sus puestos de trabajo y a mujeres que deciden abortar. Palacios nos dice que es peligroso que la gente tenga armas y no sepa usarlas. Es cierto, pero nuevamente ¿quienes tienen acceso a las armas? El precio de una pistola supera con creces un sueldo mínimo y una pistola no se la dan a cualquiera.
El gobierno debe evitar esta discusión, buscan recomponer su imagen pública y el debatir sobre quiénes pueden usar o no armas debe acotarse para ellos al Estado. Se abre por otra parte efectivamente el debate sobre las armas: Si efectivamente hay parte de la población que posee armas inscritas y puede practicar por ello, también hay una gran parte de la población que no tiene acceso.
Algo tenemos claro, la derecha quiere las armas cuando están de su propio lado, cuando pueden usarlas con el Estado que gobiernan o cuando buscan que los civiles cumplan el rol de policía para el Estado y tomen la justicia en sus propias manos, esa justicia que es, fundamentalmente, la que impuso la dictadura cívico militar y la constitución de 1980. Justicia para los empresarios y precarización para el pueblo trabajador.
Entonces ¿para quiénes están la mayoría de las armas y contra quiénes se usan?
