Privatizadas. Arrancó la audiencia pública para definir los tarifazos de Edenor y Edesur

La audiencia pública en la que se debatirá una tarifa de transición al 2023 para las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur, se desarrolla desde este martes a partir de las 8:00 de manera virtual con más de 150 oradores inscriptos ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Las exposiciones se podrán seguir a través de la página del organismo o por su canal en la plataforma de YouTube, informó Télam.

Con esta audiencia se complementarán las instancias de análisis de los cuadros tarifarios de transición que el Gobierno aplicará hasta 2023, plazo durante el cual prevé abordar una nueva RTI para los segmentos de generación, transporte y distribución de electricidad y de gas por redes.

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Entre los 151 inscriptos, además de los representantes de las empresas licenciatarias, y entidades que reúne a las generadoras, transportistas y distribuidoras del sector eléctrico, están inscriptos los defensores del Pueblo de la Nación, de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires, las asociaciones de defensa del consumidor, y entidades de bien público, entre otros.

En ese sentido, mientras Edenor y Edesur aseguraron que sus requerimientos de aumentos en las tarifas de los usuarios residenciales serán del 28 % y 34 % promedio, respectivamente, el ENRE afirmó que los pedidos en realidad son de hasta 157 % y 81 % ya que se afectan especialmente al alza las tarifas de los segmentos residenciales R1 y R2, que concentran el 80 % de los usuarios.

Las dos empresas sumadas cuentan con más de 5,7 millones de clientes, por lo que el nuevo tarifazo afectará a una gran proporción de la población. Edenor emite 3,2 de facturas que implican 9 millones de personas, con una participación del 20 % del mercado total, mientras que Edesur presta servicio a 2,5 millones de clientes o 6,1 millones de personas, equivalente al 21 % del total país.

Edenor se encuentra en proceso de venta por parte de Grupo Pampa Energía al nuevo accionista Edelcos, propiedad de Vila y Manzano. Para los usuarios residenciales, la corporación a cargo de la electricidad de la zona Norte, estima necesario una suba del 28 % promedio para los usuarios residenciales, pero tomando de referencia el 29 % de inflación anual del Presupuesto 2021 que solo defiende el ministro de Economía Martín Guzmán. Las consultoras relevadas por el Banco Central esperan se ubique cerca del 50 %. La estimación de Edesur de una suba del 34 % parte del mismo criterio.

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Teniendo en cuenta que las tarifas habían tenido subas superiores al 2.000 % durante el macrismo y que el precio del gas utilizado por las generadoras de energía continúa dolarizado, el aval para el aumento es un nuevo beneficio para Edenor y Edesur. Además las distribuidoras vienen acumulando una deuda con Cammesa, la compañía con control estatal encargada del despacho de energía, por más de cien mil millones de pesos. El Gobierno planea otorgarles una moratoria para que puedan abonar en cuotas a una tasa de interés subvencionada.

Mientras analizan cuánto afectar a las familias del AMBA, en el interior el Gobierno ya aprobó aumentos de valores similares a los solicitados por Edenor y Edesur para las provincias: Tucumán (35%), Corrientes (30%), Mendoza (27%), San Luis (25%), Río Negro (19,5%), Salta (21,78%), Jujuy (20%), Catamarca (20%), Entre Ríos (15%), Córdoba (8,69%), San Juan (6,48%) y Chaco (35%).

En un contexto de una inflación cada vez mayor que viene haciendo crecer los precios de los alimentos a un ritmo todavía mayor, el aumento de las tarifas sólo puede empeorar la situación. Cuando la pobreza ya supera el 40 % y la desocupación está por encima de los dos dígitos.

Para terminar con el negocio de las privatizadas es necesario la estatización sin pago del sistema energético nacional, es decir de todas las etapas productivas: desde la extracción de los recursos, la generación, el transporte hasta la distribución a los usuarios en donde se ubican Edenor y Edesur. Revirtiendo el proceso de privatización de los servicios públicos comenzado por la dictadura del ‘76 que profundizó el menemismo. Una de las principales razones para marchar este 24 de marzo

El Gobierno continúa privilegiando los ingresos de las empresas, por sobre el derecho básico a tener electricidad de millones de familias trabajadoras. También busca cumplir con las exigencias del FMI de bajar los gastos en subsidios para destinar esos fondos a pagar la deuda externa.