Este lunes se vivió en Cataluña la primera parte del juicio por la consulta no vinculante del pasado 9 de Febrero en el que comparecieron Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau.
Lunes 6 de febrero de 2017
FOTO: Alejandro García
Durante la primera sesión del juicio por la consulta no vinculante celebrada el 9N, más de cuarenta mil personas han acompañado al ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, la ex viceprsidenta Joana Ortega y la ex consellera de Ensenyament Irene Rigau.
Sectores sociales de Catalunya junto a organizaciones como la Asamblea Nacional Catalana, Asamblea de Municipios Independentistas y Omnium han estado presentes en una concentración planteada como "presión hacia los jueces" que se proponía ser toda una demostración de fuerza a las puertas del Tribunal de Justicia.
Bajo las consignas "Love Democracy" y "Tots som 9N" se encontraban los principales líderes de Junts Pel Sí, como Oriol Junqueres (ERC) y el actual President de la Generalitat, Carles Puigdemont. La masiva movilización pone de relieve que el llamado "procés" todavía sigue siendo uno de los principales problemas del Régimen. Tanto Catalunya Sí Que Es Pot como la CUP han declarado su apoyo a la protesta.
La sesión ha empezado con media hora de retraso, durante el juicio ninguno de los tres ha contestado a las preguntas de la acusación, limitándose a responder a su defensa siguiendo las líneas planteadas en la rueda de prensa celebrada anteriormente en el Museu d’Història de Catalunya. La Fiscalía pide 10 años a Mas por delitos de desobediencia y nueve años para las exconsejeras.
Durante las declaraciones, Irene Rigau mantuvo que no hubo ningún tipo de coacción hacia los directores de los institutos que durante la consulta cumplieron la función de colegios electorales, mientras que Joana Ortega destacó los más 42.000 voluntarios y voluntarias que pusieron en pie la consulta, destacando el carácter democrático de la jornada.
Por su parte, Artur Mas se ha declarado como principal responsable de la iniciativa política del 9N. Como base de su defensa, el expresident afirmó que su Gobierno no conocía con precisión las consecuencias que tendría la celebración de la consulta y como prueba de que no había ninguna intención de incurrir en un delito ha expresado que durante su mandato intentó pactar con el Gobierno de España en varias ocasiones, planteando que la consulta no se haría si no era de acuerdo con la legalidad y que se modificó el carácter de la consulta después de la prohibición del TC, convirtiendo el 9N en una consulta no vinculante pese a la oposición del resto de fuerzas del bloque soberanista que exigían la celebración de un referendum vinculante.
Precisamente, lo que el ex president pretende alegar para probar que no hubo delito es el callejón sin salida al que la estrategia convergente ha llevado al proceso independentista.
El jucio por la consulta del 9N pone en evidencia como la ofensiva españolista contra el soberanismo catalán se encuentra hoy en una lucha abierta de la que se desconocen los posibles finales. Son varias las lenguas que confirman que el juicio fortalecerá al ex presidente y acelerará el proceso soberanista.
Hasta la fecha hemos visto una y otra vez cómo los partidos del régimen cerraban filas contra el proceso soberanista, mientras de manera paralela Artur Mas lo relegaba a un futuro incierto rebajando su contenido, como ha manifestado en sus declaraciones durante el juicio.
Si es cierto que hoy la cuestión democrática nacional catalana sigue siendo fuerte en Cataluña y ha vuelto a demostrar su capacidad de movilización, también lo es que no podrán hacerse efectivo "el derecho a decidir" si no es superando las propias direcciones que lo encorsetan dentro de los estrechos márgenes de la legalidad española, algo a lo que ni el actual PDCat ni ERC quieren arriesgarse.
Está claro que están muy por delante sus intereses de clase que la defensa del derecho a decidir. Probablemente claudiquen, una vez más, ante las amenazas, con nuevas "hojas de ruta" que no lleven a ninguna parte.
