Este fin de semana se realizan asambleas convocadas por el Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior, hoy en la UNAM y el domingo 24 en el IPN con jóvenes que por los elitistas exámenes de ambas universidades, que deposita en ellxs la responsabilidad de poder acceder al derecho a la educación.
Sábado 23 de julio de 2022
Como todos los años, los resultados de los exámenes de admisión para la UNAM y el IPN dejaron fuera a la gran mayoría de jóvenes que aspiraban a poder cursar una carrera en un país donde tan solo el 17% de la población cuenta con un título de educación superior y donde, contrario a las promesas del gobierno, la educación superior sigue estando muy lejos de ser universal y gratuita. Durante la pandemia las cuotas de distintas universidades públicas en el país aumentaron.
La 4T se ha negado por la vía de los hechos a incrementar el presupuesto educativo de manera que este pueda permitir el acceso irrestricto, las Becas del Bienestar y las Universidades del Bienestar son más que insuficientes para cumplir la demanda. Mientras tanto el presupuesto a la Guardia Nacional tuvo un incremento de casi el 70% este año, se continúa pagando la fraudulenta deuda externa y la educación sigue siendo un negocio para personajes como Carlos Slim y Salinas Pliego.
Con el incremento del alza de los precios y el estancamiento del presupuesto educativo, no solo no se garantiza la cobertura de la demanda, sino que el trabajo docente y de lxs trabajadorxs de la educación es cada vez más precario como lo ha denunciado el movimiento UNAM No Paga, la huelga del IEMS y las recientes protestas del magisterio michoacano y tabasqueño. Además cada vez son más niñxs y jóvenes que deben dejar los estudios pues ni las autoridades educativas ni el gobierno cubren todos los gastos (alimentación, transporte, vivienda) que contempla el poder estudiar. No se trata de “deserción” escolar, sino de un proceso de expulsión de los sectores más precarios de las universidades.
Desde la Agrupación Juvenil Anticapitalista consideramos que debe haber un incremento al presupuesto educativo de por lo menos el 10% del PIB, dinero que debe provenir de destinar cero pesos a la militarización del país, a la deuda externa y con impuestos progresivos a los empresarios que se enriquecen del trabajo precario de la juventud que no tiene derecho a estudiar.
Además, las universidades deben estar bajo el control de sus estudiantes, docentes y trabajadores con un gobierno tripartito, para garantizar que dicho presupuesto esté destinado a construir suficientes universidades, escuelas y contratar docentes con plenos derechos laborales y para conquistar universidades que estén realmente al servicio del pueblo pobre y la clase trabajadora y no de los empresarios y sus gobiernos. Esta perspectiva sólo la podremos alcanzar en la organización entre docentes, trabajadores y estudiantes.
Para acabar de raíz con la educación como perpetuadora de la división y desigualdad de las clases sociales, luchamos por acabar de una vez por todas con esta sociedad capitalista.
