Los primeros resultados de la autopsia sobre el cuerpo de Nelson Mariano Cardozo que se conocieron ayer confirman que el joven murió producto de “golpes y asfixia mecánica por estrangulamiento manual” producida por terceros. Desmintiendo el informe oficial del Servicio Penitenciario que aseguró en un comunicado de prensa que se trató de un suicidio.
Andrea Gutiérrez Concejala (MC) del PTS-FIT en San Salvador de Jujuy
Verónica Valdez @valveritos
Jueves 8 de diciembre de 2016
El joven de 21 años estaba procesado por un asesinato, se encontraba detenido en el pabellón 3 del Penal N° 1 del barrio Gorriti, en la Capital jujeña y fue hallado sin vida en horas del mediodía del martes en su celda.
Te puede interesar: Jujuy: autopsia confirmaría que Nelson Cardozo fue asesinado en la cárcel
Ante las dudosas circunstancias de la muerte, otros presos pidieron explicaciones sobre los hechos, y como respuesta recibieron golpes y balas de goma, según denunciaron familiares de internos a medios locales.
Esto desató un intento de motín en protesta por la muerte de Cardozo y contra las condiciones infrahumanas del penal que funcionó como Centro Clandestino de Detención y que se sigue rigiendo por leyes del Servicio Penitenciario de la última dictadura.
Los internos fueron brutalmente reprimidos quedando decenas de heridos.
Los familiares que se concentraron en la puerta del penal en busca de explicaciones y noticias sobre sus seres queridos también fueron víctimas de la represión policial que descargó balas de goma y gases contra mujeres embarazadas, niñas y niños.
Te puede interesar: Jujuy: motin, represión y torturas en el Penal N° 1
Los resultados de la autopsia confirman la denuncia de los internos que se amotinaron el martes, y de las familias que se movilizaron a la puerta del Penal. Al mismo tiempo dejan en evidencia la brutalidad y la necesaria participación del Servicio Penitenciario que intentó hacer pasar por suicidio este asesinato.
Sin embargo, el ministro de Seguridad, Ekel Meyer, informó ayer en conferencia de prensa que “el fiscal tomó la decisión de liberar a los 7 efectivos pertenecientes a la institución que en un primer momento fueron detenidos por orden de la fiscalía a cargo de la investigación”, asegurando que estos están “a total disposición de la Justicia desde el primer momento”.
Mientras decenas de presos -luego de ser brutalmente reprimidos- fueron sancionados, y sólo pueden recibir visitas de diez minutos a la semana, según denuncias de familiares.
Este hecho escandaloso empaña el festejo “por la paz, unión y libertad civil” que Gerardo Morales prepara para el viernes 9, como intento de legitimar su política represiva y particularmente la detención ilegal de Milagro Sala ante el cuestionamiento de organismos internacionales como la Comisión de Trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que han exigido la libertad de la dirigente, con un alto costo político para el Gobierno de Macri.
Te puedo interesar: Milagro Sala: el costo político de una detención ilegal
Es la confirmación también de que en Jujuy el Gobierno radical-massista de Cambiemos ha instalado un régimen policíaco, como denunció la Comisión de organismos de DDHH y legisladores que sesionó el 9 de septiembre en la provincia, recibiendo innumerables denuncias de violaciones a los derechos y libertades elementales por lo que denominaron a Jujuy como la “capital nacional de la represión y la impunidad”.
Te puede interesar: Responsabilizan al Gobernador por la “integridad física” de los presos políticos
Como en todo hecho que involucra a las fuerzas policiales, con el correr de las horas, se multiplican los rumores. Pero hay un dato que no puede pasar desapercibido.
El joven asesinado era sobrino del dirigente de la ONG Tekuré, Alberto “Beto” Cardozo, detenido por una de las múltiples causas contra la Tupac Amaru. Se trata de la causa por “tentativa de homicidio” en la que Milagro Sala se encuentra acusada de “encubrimiento agravado”, que sería elevada a juicio en las próximas semanas, luego de que la Justicia tuviera que dar marcha atrás con el inicio del juicio por el acampe en Plaza Belgrano.
El gobernador Gerardo Morales es el principal responsable de esclarecer este asesinato, así como las múltiples denuncias de persecución, aprietes y tortura en busca de declaraciones para justificar la detención ilegal de Milagro Sala, y con ello, el ataque sistemático a los reclamos de los trabajadores y el pueblo pobre, sus métodos de lucha y sus organizaciones.
