El PTS-Frente de Izquierda presentó denuncia ante comisión de ONU

En el marco de la visita del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas (GTDA) a la provincia de Jujuy, se realizó una reunión entre los representantes del mismo y referentes de organizaciones sindicales, sociales y políticas. Cabe aclarar que la misma se da luego de que el GTDA haya manifestado y solicitase en octubre del año pasado la libertad de Milagro Sala, detenida desde el 16 de enero de 2016, por considerarse arbitraria. El próximo jueves 18 presentarán un informe público en la Ciudad de Buenos Aires.

Entrevistamos a Natalia Morales, referente del PTS y del CEPRODH quien participó de la reunión y presentó denuncia.

¿Cuál fue el motivo de tu participación en la reunión promovida por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas en Jujuy?

Nosotros desde el PTS y el CEPRODH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos) participamos de esta reunión para presentar una denuncia con tres casos concretos donde se encuentran vulnerados derechos humanos fundamentales, no sólo aquellos vinculados a conquistas históricas dentro de la legislación constitucional y laboral, sino aquellos que hacen a las libertades democráticas elementales.

Esta situación la venimos denunciando desde que asumió el gobierno de Gerardo Morales y Carlos Haquím, y hemos realizado múltiples acciones al respecto para dar cuenta del mismo, una de ellas fue la Comitiva de Derechos Humanos, conformada por legisladores nacionales y provinciales, e integrantes de organizaciones de Derechos Humanos, que funcionó en San Salvador de Jujuy, en septiembre del año pasado, y cuyo objetivo fue recabar denuncias y testimonios de avasallamientos sistemáticos de libertades democráticas. El mismo fue impulsado por mi compañera, diputada nacional por el PTS y el Frente de Izquierda, Myriam Bregman.

¿En qué consisten las denuncias que presentaste ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas?

El informe presentado por escrito da cuenta de dos casos comparten una misma matriz que es el intento de criminalizar y judicializar el ejercicio de derechos laborales y sindicales en el marco de conflictos colectivos de trabajo, como también el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión.

Uno de ellos es la reciente solicitud de elevación a juicio por parte de la Fiscal Farall a integrantes de la comisión directiva del sindicato SOEAIL y a Miguel López, periodista de La Izquierda Diario y de medios locales, y referente de mi partido, el PTS, en Libertador Gral, San Martín. Es por la imputación del delito de turbación de Posesión, que fue originado tras la denuncia de la gerencia de la empresa Ledesma, durante la negociación de la paritaria en el mes de agosto del año 2015.

Otro caso que constituye un grave ataque contra los derechos laborales, sindicales y constitucionales está representado en la causa penal entablada contra miembros de la Comisión Directiva del SOEA, delegados y trabajadores del Ingenio La Esperanza S.A., a quienes la Sra. Fiscal Farrall imputa por los Delitos de Lesiones y Amenazas, tras una acusación genérica de la gerencia de la fábrica, sucedidos el 11 de mayo del 2016. Además de la causa, pesa sobre los trabajadores denunciados suspensiones, que resultaron violatorios de leyes de Asociaciones Sindicales-, tal como resultase probado ante los Tribunales del Trabajo con el Amparo Sindical Laboral presentado por Silvio “Choper” Nolberto Eguez, integrante de la Comisión Directiva del Sindicato de Obreros y Empleados del azúcar (SOEA) y referente del PTS en San Pedro de Jujuy.

El tercer caso que vimos necesario destacar encuentra directa vinculación con la normativa vigente en la Provincia de Jujuy desde el primero de enero de 2016. La ley 5860, denominada Código Contravencional que pone límites concretos al ejercicio de los derechos democráticos del pueblo jujeño.

La actuación completamente ilegal, de la policía provincial, quien ingresó el pasado 13 de abril, al predio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy. Dicha situación mostró a las claras no sólo la violación por completo de la autonomía universitaria, que implica la inviolabilidad de los edificios universitarios por parte de las fuerzas de seguridad –y mucho menos a través de la policía provincial ya que se trata de una jurisdicción federal; sino que mostró signos de violencia institucional contra los jóvenes detenidos, a quienes se los mantuvo incomunicados y se les propinó una brutal golpiza.

¿Respecto a las demás denuncias que se presentaron en esta reunión, cuál es tu conclusión al respecto?

En la reunión hubo alrededor de 50 representantes de organizaciones sociales, políticas, sindicales, de derechos humanos, que aportaron información sobre distintos tipos de avasallamientos de derechos en la provincia, como son las detenciones ilegales y arbitrarias, la violencia institucional, la persecución y la criminalización de la protesta, leyes que vulneran los derechos de los pueblos originarios, o herramientas legales reaccionarias que atenta contra las libertades democráticas.

Estos casos dan muestra que detrás de la detención ilegal y arbitraria de Milagro Sala y la desarticulación de la organización social Tupac Amaru, hay un plan sistemático de parte del estado, sus instituciones y en este caso del gobierno de Morales y el PJ ex FPV, que avasalla derechos humanos elementales para implementar su plan de ajuste contra los trabajadores y sectores populares en la provincia, y que esto se da como parte de un plan nacional del gobierno de Macri y que se expresa también en otras provincias gobernadas por el oficialismo como Buenos Aires o la “oposición” del PJ/FPV en Tierra del Fuego o Santa Cruz.

Son ellos mismos, quienes a la par, garantizan y profundizan la impunidad a los genocidas, como sucede con Blaquier en Ledesma, y como se expresó con el escandaloso fallo 2x1 de la corte suprema, y cuyo rechazo se expresó con cientos de miles en las calles el pasado 10 de marzo.