Al señalar las infracciones cometidas por el Govern, en el formulario enviado a Bélgica la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, tildó la opción de “corrupción” ante la falta de otra figura legal para la extradición solicitada.
Kevin Wright @kevouv
Miércoles 8 de noviembre de 2017
La jueza Carmen Lamela, quien envió a prisión al resto del Govern en Catalunya, a los Jordis y a los jóvenes de Altsasu, intentó realizar a través de la justicia belga una extradición exprés. En la orden europea de detención y entrega, la magistrada señaló de “corruptos” a Puigdemont y los cuatro consellers que le acompañan en Bruselas. Con esta maniobra comandada desde la Corona y el Ejecutivo, Lamela buscaba convencer a la burocracia legislativa europea de la necesidad de detención y extradición efectiva de los cinco políticos electos por el voto popular.
Este trámite entre países de la Unión Europea se resuelve de manera inmediata si los delitos por los que se reclaman las detenciones figuran en una lista con más de 30 categorías. En ninguna de ellas aparece la de “rebelión” o la “sedición”. De este modo la funcionaria Lamela no dudó en marcar con una equis otra casilla en el formulario: "corrupción". La burocracia halla sus límites en la imaginación de los letrados burgueses. Eldiario.es publicó una imagen del formulario de la orden europea de detención:
En el relato enviado a Bruselas pidiendo las detenciones, Carmen Lamela habla de cinco delitos de los que acusa al Govern cesado (prevaricación, desobediencia, rebelión, sedición y malversación de caudales públicos). Sin embargo, en sus autos de prisión, la misma magistrada sólo cita tres delitos (rebelión, sedición y malversación). Entre la orden de cárcel y la petición a Bruselas, los delitos de Puigdemont y su equipo han crecido de manera inexplicable.
El detallado listado que la jueza ha remitido a Bélgica contrasta con lo escrito por la propia jueza en el auto en el que admitía la querella presentada por la Fiscalía General del Estado. En aquel auto, Lamela advertía de que el delito de rebelión "absorbería los delitos de sedición, desobediencia y prevaricación". Según ese escrito, "el Govern con sus proclamas y su conducta de sistemática desobediencia al Tribunal Constitucional fue alentando un movimiento de insurrección activa entre la población frente a la autoridad legítima de las instituciones del Estado con el fin de conseguir su objetivo secesionista, sabedor de que, por su ilegalidad, el referéndum sólo podría celebrarse por la fuerza coactiva de la muchedumbre movilizada a estos efectos".
El temor al pueblo movilizado es explícito en el documento. La acusación al Govern es por lo menos contradictoria. El referéndum del 1O mostró elementos de una defensa autogestionada por el pueblo catalán que resistió ante la fuerte represión de la Policía Nacional y la Guardia Civil y logró pronunciarse a favor de la autodeterminación.
En ese contexto, la realidad es que los actos del president Puigdemont y el conjunto del bloque soberanista se encadenaron en el llamado constante a la “calma” y un retroceso sistemático ante todas las maniobras del Gobierno de Rajoy y la Corona que apuntan, no sólo a mermar la manifestación social, sino imponer una verdadera restauración reaccionaria del Régimen del 78 y allanar camino para sembrar más precariedad, miseria y recorte de las libertades a todos los sectores populares y trabajadores del Estado.
Intento fallido
El formulario de una euroorden exige y permite, a quien lo redacta, explicar los hechos por los que pide la detención y traslado de un ciudadano. En su apartado final aparece un listado que los países solicitantes deben completar, simplemente marcando con una equis, señalando los delitos por los que persigue a las personas reclamadas. Ese listado (pactado entre los miembros de la Unión Europea) no incluye ningún tipo hecho delictivo relacionado con los vinculados al proceso secesionista. Lejos de dejar en blanco esa lista de casillas, Lamela marcó con una equis el delito de corrupción.
Ahora bien, si Bélgica hubiera estimado la comisión de ese delito por parte de Puigdemont y sus consellers, la entrega hubiera sido inmediata. Sin embargo, desechando la posibilidad de impulsar un “trámite automático”, el gobierno de Bélgica emitió la negativa ante la petición de la jueza.
En modo alguno ponemos las manos en el fuego por el Govern catalán, formado por políticos profesionales que durante años fueron los aplicadores de los planes de ajuste antipopulares en Catalunya. Pero el pedido de extradición de Puigdemont y los cosellers hecho por Lamela no puede estar más lejos de querer combatir cualquier hecho de “corrupción”. Su objetivo se corresponde con la firme voluntad del Régimen del 78 de imponer una salida autoritaria a la crisis catalana y contra el movimiento democrático catalán tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Lo propio para una jueza condecorada dos años seguidos por el PP y al servicio de un Régimen neofranquista y corrupto hasta la médula.
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Ante unas elecciones impuestas con el 155, desconociendo la voluntad popular expresada el 1-O y la cacería abierta que comenzado con la decisión de la Audiencia Nacional de enviar a prisión preventiva sin fianza al vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y otros siete consellers, así como las órdenes internacionales de detención dictadas contra Carles Puigdemont y los cuatro consellers que se encuentran en Bélgica; es necesario construir una dirección desde la clase trabajadora y los sectores populares que sea alternativa al “procesismo” y que se proponga la conquista de la república catalana por medio de la lucha de la clase trabajadora y el pueblo con sus propios métodos y reivindicaciones, es decir, luchando por una república socialista independiente.
