La resolución revoca el sobreseimiento que la jueza Alicia Vence dispuso en julio sobre nueve manifestantes que habían sido imputados por los fiscales Sica y Starc. Será apelada por los abogados del CeProDH.
Viernes 2 de octubre de 2015
Esta semana se conoció la resolución de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín en relación a la causa que investiga los hechos suscitados el 8 de julio de 2014 en la Autopista Panamericana en el marco de la represión a la lucha de los trabajadores despedidos de la multinacional Lear.
En dicha jornada tuvo lugar una brutal y recordada represión a los trabajadores y organizaciones solidarias de mujeres y de derechos humanos como el CeProDH, que se manifestaban contra más de 300 despidos en la autopartista. El saldo fue de decenas de heridos y cinco manifestantes detenidos, que fueron además imputados por los fiscales Jorge Sica y Paulo Starc por el delito de “entorpecimiento de servicios públicos”.
Estos agentes del Estado son conocidos por los trabajadores de la zona norte del conurbano por su reaccionaria concepción acerca de la protesta social y la persecución que ejercen contra aquellos que levantan reivindicaciones en las calles y rutas, como decenas de delegados combativos que fueron procesados en numerosas causas por protestas sobre la Panamericana, armadas en base a la infiltración y espionaje ilegal del Proyecto X.
Starc es conocido además por su breve actuación como ladero de Carlos Stornelli en el gobierno bonaerense de Daniel Scioli, en el área de Inteligencia Criminal. Renunció para volver a criminalizar trabajadores desde su puesto en la justicia federal, en medio del escándalo del caso Pomar, familia accidentada a metros de la ruta y que tardó un mes en ser hallada por Starc y sus hombres. Sus prioridades para las rutas bonaerenses, evidentemente sólo pasan por perseguir trabajadores en lucha.
Por los hechos del 8 de julio, ambos fiscales pidieron imputar incluso a otros cuatro manifestantes que fueron heridos por la represión y no habían sido detenidos en dicha jornada. Toda la prueba en que se basan Sica y Starc para imputar a los compañeros, es la declaración "testimonial" del famoso gendarme carancho, Juan Alberto López Torales, todo un "observador neutral" en línea con la práctica consistente en armar causas a manifestantes a través de procedimientos ilegales, o en montar hechos falsos si fuera necesario, como le hemos visto a Torales al fingir ser atropellado para detener brutalmente a un manifestante y abortar una caravana solidaria con el conflicto de Lear.
Esta imputación sobre nueve manifestantes fue desestimada en primer término por Alicia Vence, del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº2 de San Martín, con contundentes argumentos favorables al libre ejercicio de la protesta social y del derecho a reunión y manifestación, a la vez que cuestionaba la actuación represiva y sin orden judicial por parte de la Gendarmería Nacional en la jornada en cuestión.
Ante la esperable apelación de los fiscales antiobreros, la Cámara Federal de San Martín, con los votos de Alberto Lugones y Hugo Gurruchaga de la Sala II, hizo lugar al poco fundamentado pedido de Starc y Sica y escuetamente resolvió revocar el sobreseimiento de los compañeros, por considerarlo prematuro.
En última instancia, esta resolución avala la actuación escandalosa de López Torales y sus subalternos en el conflicto de Lear, que protagonizaron uno de los hechos públicos más vergonzosos de los últimos años y que diera la vuelta al mundo como el “Caso del gendarme carancho”, al descubrirse el modo en que montaron causas penales contra los luchadores de Lear que se manifestaban.
Esto ocurre en momentos en que la Justicia Federal de San Isidro ha sobreseído a trece manifestantes imputados en el marco del mismo conflicto, algunos de ellos víctimas directas del propio López Torales, y que fueran gaseados y arrancados de su automóvil mientras se manifestaban repudiando los centenares de despidos.
En la resolución -también de esta semana- de Sandra Arroyo Salgado, del Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro, se consideran legítimas las medidas de lucha que tuvieron lugar sobre la Autopista Panamericana durante 15 jornadas de protesta en el marco del conflicto de Lear. Por el contrario, en esa investigación, se encuentran imputados López Torales y otros miembros de Gendarmería Nacional y del Ministerio de Seguridad de la Nación, por las respectivas represiones ejecutadas por las fuerzas de seguridad, y por la privación ilegal de la libertad de los luchadores detenidos realizada en base a declaraciones falsas como la de Torales.
Como puede advertirse, la resolución de la Sala II de la Cámara de San Martín va a contramano de los sectores populares que luchan y ejercen sus derechos, apoyándose incluso en los sectores más impresentables de las fuerzas represivas.
Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, junto a la movilización de los trabajadores en lucha, seguimos dando la batalla en el terreno legal por un triunfo más de la histórica lucha de los despedidos de Lear: ganar las calles contra el aparato represivo del Estado.
