Un Jóven sufrió un feroz ataque por parte de una patota de vecinos en Punta del Este al confundirlo con un ladrón. Esta agresión esconde un trasfondo de clase y refleja lo que sufren en carne propia la juventud de los barrios pobres.
Sábado 12 de febrero de 2022
El día domingo 6 de febrero el padre del joven agredido, un docente asesor del gobierno en materia de Educación, difunde públicamente una denuncia sobre el ataque que sufrió uno de sus hijos mientras estaba veraneando en Punta del Este. La denuncia relata la macabra agresión sufrida a manos de un grupo de vecinos movilizados bajo la figura del “arresto ciudadano”.
Este comunicado se viraliza en las redes sociales y los medios masivos de comunicación difunden con gran asombro esta agresión, la indignación ante este acto violento pasa a formar parte de la agenda noticiosa de los grandes medios.
Sin embargo la cobertura es diferente a la que se hace frente a los ataques que sufren los jóvenes a diario.
En la cobertura de casos similares los periodistas de los medios masivos no consultan a las víctimas de las agresiones, no investigan el relato policial o difunden versiones sin verificar asociando a una conducta delictiva o a una agresión que muchas veces es inexistente: en los asesinatos llamados “justicia por mano propia”, en el ataque de policías contra vecinas en Malvín Norte, en las muertes que ocurrieron en comisarías a lo largo de estos últimos años, en las agresiones en la calle realizadas por policías o por grupos organizados, entre varias violencias sufridas.
El fondo del asunto es cuestionar la respuesta de estos vecinos, los “vecinos alerta”, la figura del “arresto ciudadano”. Esta modalidad de “defensa propia” llega a ejecutar actos de violencia física contra personas que pueden sufrir graves consecuencias: desde bestiales golpes que causan heridas, hasta la muerte como a Plef en febrero de 2019 mientras realizaba un graffiti en una casa abandonada en Punta Gorda.
Esta violencia fue justificada por uno de los agresores denunciados, en una entrevista a Subrayado responde que no golpearon al joven (pese a presentar varias lesiones y su vida amenazada por esta patota enfurecida) y mencionó que podía ser un ladrón afirmando que “pensábamos que nos estaba robando”, buscando excusarse al decir que “fue un error”. Ante este testimonio no tan novedoso cabe preguntarnos: ¿solo por la apariencia de un jóven en la calle daba para asociarlo a un ladrón? ¿en caso de que sea un ladrón, se justificaría una reacción que ponga en riesgo la vida de una persona y la excusa para ejercer violencia física?.
Represión y odio de clase hacia la juventud pobre
Semejantes reacciones son la expresión del odio contra la juventud pobre, el “no tengo nada para esconder, somos gente de bien” que responde el chico agresor a la prensa; para este tipo de sujetos el resguardo de la propiedad privada vale más que la vida de las personas.
En este sentido la Ley de Urgente Consideración muestra varias garantías para la violencia policial y patoteril, el abogado Juan Ceretta menciona que en este episodio de Punta del Este está plasmada la filosofía del artículo 1 de la LUC, artículo que amplía las potestades de la “Legítima Defensa”: “La propiedad por sobre la vida, la filosofía de la legítima defensa del artículo 1 de la LUC”, escribió en su Twitter.
En una entrevista al programa radial Doble Click también mencionó que existe una cuestión de clase dirigida hacia la juventud pobre: “Siento que hay un discurso cada vez más presente en el que parece haber una política criminal o un derecho penal de clase. Es decir, cuando comete el delito alguien que no encuadra dentro de ‘ellos’, el estereotipo del delincuente, incluso cambiamos la terminología, empezamos a hablar de ‘los chiquilines’, ‘los chicos’, ‘los muchachos’. Cuando el que comete el delito encuadra en el estereotipo del delincuente, ahí ya es ‘el pichi’. Eso es muy peligroso, un delito penal de clase es muy peligroso, y yo no digo que haya en la Justicia –estoy convencido de que no es así–, pero sí lo veo en mucha gente, en las redes”.
Además de las mayores garantías legales de la LUC los agresores tienen el poder para poder encubrirse de semejante reacción, si es la Policía tienen un Sindicato que los defiende como es el caso del (SIFPOM), si son grupos que pertenecen a las clases dominantes tienen vínculos con altas esferas judiciales y policiales.
En este caso el periódico La Diaria denuncia que Sebastián Serrón Bon (abogado de los agresores) es director de la Asesoría Letrada de la Jefatura de Policía de Maldonado, con familiares directos vinculado a la Policía en el departamento de Maldonado y que además estuvo a cargo en julio de 2020 de la capacitación sobre la LUC para oficiales y encargados policiales en el departamento de Maldonado.
El abogado ha declarado a la prensa la intención de pedir perdón, apuntando a “bajar a tierra esta amplificación”, buscando presentar este episodio como “un desajuste”,que los agresores a quienes defiende “se tratan de chicos”, esto sin atender las graves consecuencias del accionar de estos grupos que ponen la propiedad privada por encima de todo, respondiendo con agresiones violentas.
A luchar contra la LUC y el enfoque represivo
Lamentablemente en los últimos tiempos este grado de violencia contra jóvenes y pobres ocurre con mayor frecuencia, la Brigada Anti Pasta, la violencia policial en los espacios públicos y en los barrios pobres, los grupos de autodefensa de “vecinos alerta”, la figura de “apariencia delictiva”, y la mayores garantías garantías para el gatillo fácil bajo la ampliación de la “legítima defensa”.
No se trata de algo casual, desde los medios de comunicación, pero también desde el sistema político, se busca criminalizar la pobreza y se incita a endurecer penas o directamente la “justicia por mano propia”.
Uno de los ejes centrales de la LUC va precisamente en este sentido, se le da vía libre a la policía para que actué a su antojo (siempre contra los pobres por supuesto) y se avalan las intervenciones “ciudadanas” como las de estos vecinos de Punta del Este.
Ante estas reacciones basadas en el odio de clase algunas respuestas deben basarse en cuestionar estas violencias desde una mirada anti-represiva, tener un rol activo en caso de ver una agresión y romper con la figura del “no te metas” que nos quiso imponer la dictadura, responder ante cada intento de justificar la violencia de la defensa de la propiedad privada tanto desde la derecha como desde la izquierda, y denunciar públicamente a los agresores y el aparato judicial, policial y mediático que tienen detrás.
Contra las medidas punitivas del gobierno hay que movilizarse activamente, impulsando la lucha por la derogación de la LUC.
