La propuesta que previamente había sido desglosada en tres planes distintos se presentó finalmente como un plan único que incluye el aumento de la edad para pensionarse para mujeres trabajadoras, aumento de la cotización obrera en un 5%, aumento de los requisitos para tener acceso al fondo, y una disminución del 7% en el monto de la pensión que reciben adultos mayores en el país.
Viernes 28 de mayo de 2021
La gerencia de CCSS presentó un plan de reforma para régimen de pensiones por Invalidez, Vejez y Muerte, un fondo en que cotizan alrededor de 1.5 millones de trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público, privado, independientes y voluntarios. La propuesta que previamente había sido desglosada en tres planes distintos se presentó finalmente como un plan único que incluye el aumento de la edad para pensionarse para mujeres trabajadoras, aumento de la cotización obrera en un 5%, aumento de los requisitos para tener acceso al fondo, y una disminución del 7% en el monto de la pensión que reciben adultos mayores en el país.
La reforma que presenta la gerencia de la CCSS es un claro ataque a la clase trabajadora, nada novedoso para el gobierno del PAC, pero en ese caso arremeten contra adultos mayores. Según Martha Rodríguez González, representante laboral de la Junta Directiva de la CCSS, y con quien hablamos desde La Izquierda Diario Costa Rica, el pasado jueves 20 de mayo, sectores del gobierno y de la gerencia de dicha institución, estaban listos para votar y aprobar la propuesta sin ningún tipo de proceso de análisis, consulta y deliberación de plan de reforma, una movida claramente antidemocrática y burocrática para descargar la crisis sobre la clase trabajadora en un momento en el cual se atraviesa la peor crisis sanitaria desde el inicio de la pandemia.
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SUPEN, la Superintendencia de Pensiones, afirma que el fondo sobreviviría hasta el año 2037, de no llevar adelante la reforma que ajusta las pensiones de los y las trabajadoras adultas mayores, pero omite que el Estado mantiene una deuda de más de 400.000 millones de colones con el fondo. A este respecto Martha Rodriguez asegura que la SUPEN trabaja para los intereses de las operadoras de pensiones y otros sectores, y no para la clase trabajadora quien realmente ha hecho el trabajo de mantener y sostener el régimen de pensiones IVM.
Además, la representante explicita que es posible encontrar alternativas que no signifiquen disminuir las ya reduciadas pensiones de los y las adultas mayores, alternativas que además deben considerar mejoras sustantivas, pues existen miles de trabajadores y trabajadoras que han quedado en un limbo por años, a quienes por una diferencia de 50 mil colones se les considera por fuera de los requisitos del régimen y resulta en un aumento de la cantidad de adultos mayores que han sido sometidos a condiciones empobrecidas, dentro de las cuales la mayoría de estas personas son mujeres debido a la desigualdad en las condiciones de empleo, la informalidad y desempleo.
En la reunión sostenida el jueves 20 de mayo, el acuerdos sostenido y ratificado por Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, se aplazará la discusión de la reforma del régimen por dos meses, tiempo en el cual se deberá socializar y dar a conocer la información considerada para el planteamiento de la reforma. Por su lado, Martha Rodríguez asegura que estos dos meses serán utilizados por el sector sindical y social para preparar una alternativa y contrapropuesta cuyos intereses sean salvaguardar las condiciones de vida y pensiones de la clase trabajadora. Este trabajo de análisis y redacción de propuesta serán acompañados de manera paralela con medidas de presión, pues ninguna agenda de la clase trabajadora se conquista sin dichas medidas de presión.
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Finalmente, desde la representación sindical de la CCSS, se hace un llamado a la sociedad y clase trabajadora a formar parte de las discusiones, análisis y medidas de presión, pues si en efecto se debe reformular el funcionamiento del régimen de pensiones este debe ser llevado a cabo bajo un método amplio y democrático para decidir cómo y quienes deben cubrir los costos. Es necesario en este sentido defender un régimen de pensiones que cubra y garantice las condiciones de vida dignas de la clase trabajadora, pues en efecto ha sido la clase trabajadora, quienes dedican 25 años de trabajo a su mantenimiento.
