Miércoles 18 de marzo de 2015
Mediante la colocación de una ofrenda floral, los sobrevivientes y los familiares y amigos de las víctimas de la voladura de la embajada del Estado de Israel redoblaron los reclamos por verdad y justicia y repudiaron la impunidad ante la falta de esclarecimiento de la causa. Pasados 23 años del brutal atentado que causó 29 muertos y 242 heridos, aún se desconoce la identidad de siete de los muertos, a pesar de contar con recursos técnicos de excelencia como el Equipo de Antropología Forense.
La causa no tiene ningún procesado ni detenido y encima carece de su propia singularidad, confundida tras la causa por el atentado a la AMIA, que arrojó 85 víctimas dos años después, amén de su posible conexión. La plaza seca que hoy ocupa el sitio donde se hallaba la vieja casona de la calle Arroyo constituye un monumento a la impunidad, apenas disimulada por una placa recordatoria en una de las paredes del fondo.
El Gobierno jamás demostró resolución alguna para apuntalar esa causa que dormía entre escritorios y telarañas, pero que Cristina se atrevió a rememorar desde el púlpito de la Asamblea Legislativa, utilizándola como una pieza de ajedrez en la pugna con el “partido judicial”, dejando al desnudo la responsabilidad del Estado.
Indudablemente, el desinterés más desvergonzado fue expresado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti, quien declaró que la investigación de la causa ya era “cosa juzgada”, aspecto que obligó al supremo a retractarse para evitar el escándalo. En 1999, la Corte –presidida entonces por Ricardo Levene– estableció muy livianamente que la voladura de la embajada fue producida por un atentado terrorista realizado con un coche bomba, a pesar de que en 1996 la Academia Nacional de Ingeniería efectuó una investigación exhaustiva determinando que la explosión ocurrió en lo profundo del edificio de la embajada, negando así la existencia de ese coche bomba. Sin más explicaciones, las autoridades israelíes rechazaron esta hipótesis, adjudicándole una intensión “antisemita”.
En 2006, la actual Corte dispuso continuar con la investigación y solicitó pedido de captura de Imad Mughniyah, vinculado a Hezbollah y la Jihad Islámica, y de José Salman El Reda Reda, residente de la Triple Frontera, los cuales estarían prófugos, aunque se desconocería si el primero está muerto tras un atentado en Damasco en 2008. En medio de una maraña de enredos, el secretario letrado a cargo de la investigación, Esteban Canevari, sostuvo que el funcionario iraní Jaffar Saadat Ahmad Nia, presuntamente encargado de la logística terrorista, habría ingresado al país el día 16 y se habría retirado el 18, aunque los datos “no pudieron ser comprobados”, como admitió el mismo Canevari. Un cachivache.
Con la mira puesta en el acto que se celebrará el jueves 19, sorprendentemente el Estado de Israel jamás se presentó como querellante en la Justicia, más allá del reciente pedido de “celeridad” para tratar la causa realizado por la embajadora Dorit Shavit, secundado por la demagogia del premier derechista Benjamín Netanyahu, replicando la culpabilidad de Irán del mismo modo que sobre el atentado a la AMIA, aunque sin presentar ninguna prueba. Cabe añadir que el premier designado poco después de la voladura de la embajada, el laborista Itzjak Rabin, tampoco propició ninguna acción judicial, abandonando la causa en la estacada.
Para contrarrestar la evidente falta de voluntad en la pesquisa, la embajadora Shavit, declaró que “tanto los servicios de inteligencia de Estados Unidos como los de Israel siguen de cerca el caso y han aportado datos para conocer el paradero de los acusados del atentado contra la sede diplomática”. Sin embargo, el periodista Joaquín Morales Solá afirmó, muy por el contrario, que el gobierno norteamericano se negó a suministrar datos por el carácter “clasificado” o secreto que tiene ese expediente en Washington.
Así y todo, la justicia norteamericana condenó en febrero de 2008 al gobierno iraní a pagarle 33 millones de dólares a la familia del diplomático israelí David Ben-Rafael, muerto en el atentado de la embajada en Buenos Aires. La Corte Suprema pidió a los magistrados norteamericanos una copia de esa sentencia, concluyendo que no aportaba más información que la que ya posee. En buen romance, ni Estados Unidos ni el Estado de Israel tienen algún elemento de prueba contra Irán, Hezbollah y la Jihad Islámica.
La voladura de la embajada, el atentado a la AMIA, la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero, la masacre de Once, etc. son crímenes amparados por el Estado que defiende a los intereses de los poderosos, en desmedro de las demandas de verdad y justicia. Por eso resulta auspicioso que los sobrevivientes y los familiares y amigos de las víctimas exijan la plena desclasificación de los archivos secretos. Solo un curso independiente de todas las instituciones del régimen, apoyado en la movilización en las calles, puede encender la luz después de más de décadas de oscuridad.
