Este sábado se realizó en el departamento del sur mendocino la audiencia pública para el proyecto Distrito Minero Malargüe, con el que el Gobierno de Mendoza impulsa su avanzada extractivista. Con muchas exposiciones en contra, quedaron en evidencia las inconsistencias y peligros del proyecto
Lunes 16 de septiembre 17:02
Con casi 100 expositores, se realizó este sábado la Audiencia Pública correspondiente al proyecto Distrito Minero Malargüe, con el que el Gobierno de Mendoza, junto al intendente del PJ Celso Jaque, impulsa su avanzada extractivista. El proyecto contempla 34 proyectos de exploración minera que, como quedó en evidencia en la audiencia, cuenta con numerosas falencias e inconsistencias que ponen en riesgo desde glaciares y comunidades agrícolas, hasta proyectos científicos.
Casi la mitad de las exposiciones se manifestaron en contra o marcaron importantes límites del proyecto. Esto intentó ser ocultado por el Gobierno provincial y la Municipalidad de Malargüe, quienes a través de distintos medios de comunicación difundieron que el apoyo al proyecto había sido "masivo". Esto fue denunciado por las Asambleas por el Agua Pura de Mendoza, quienes contabilizaron 45 intervenciones en contra, de las casi 100 intervenciones.
Si bien la audiencia no es vinculante, y la aprobación del proyecto depende de la votación en la Legislatura provincial, quedó en evidencia que la avanzada extractivista de Cornejo y Milei no tienen licencia social en Mendoza.
Giulia Piglionico, docente y referente de Alerta Roja Ambiental, denunció que "es un megaproyecto que solo va a beneficiar a multinacionales chinas, yankys y canadienses y en menor medida a empresarios locales y que, en cambio, va a afectar enormemente y de forma irreparable a las grandes mayorías. A las comunidades originarias y a las familias puesteras que viven de la transhumancia, un método ancestral declarado patrimonio cultural de la humanidad, comunidades que han sido hostigadas, amenazadas y violentadas por el Gobierno de esta provincia en su intento racista de hacerlos desaparecer de sus tierras para garantizarse sus negocios".
En su exposición, detalló que "Gracias al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, los grandes capitales que inviertan más de 200 millones de dólares van a estar exceptuados y no van a pagar siquiera IVA, un impuesto que pagan hasta los niños que van a compara al kiosko; no van a pagar nada de retenciones y además se les disminuye ganancias, todos beneficios que tendrán durante 30 años. Un régimen que pone en peligro nuestra 7722 al igual que el avance de este proyecto. Lo que va a generar es que las multinacionales depredadoras se instalen a saquear nuestros bienes comunes naturales dejando amputaciones ambientales que son irreversibles como la afectación a los múltiples glaciares presentes en la zona. En el mismo Informe de Impacto ambiental de este proyecto figuran los 635 glaciares inventariados que son la reserva de agua dulce de las próximas generaciones".
"No hay licencia social y el gobierno lo sabe perfectamente por eso extorsiona a mis compañeras y compañeros docentes habilitando una capacitación paga sobre minería. Extorsión porque el gobierno sabe que los salarios que nos paga son salarios de pobreza e indigencia y muchas compañeras, sobre todo las mamas solteras, para juntar un poco más tienen que hacer jornadas pagas que para colmo no son relacionadas a cuestiones pedagógicas sino a promoción de la contaminación y el saqueo", completó Piglionico, quien también desmintió la propaganda oficial sobre la generación de empleo, recordando que según datos del SIACAM (sistema abierto de información sobre la actividad minera) en 2023, en todo el país, los empleos directos (que incluye mineros y servicios relacionados) son solo 41.170.
Por su parte, Gabriel Jofré, referente de las comunidades mapuche del sur provincial, aseguró que "En Malargüe no hay licencia social. Si siguen con el argumento de 5 mil puestos de trabajo y los millones de dólares esto es una extorsión social". "Nuestro territorio no es un desierto está lleno de gente, no nos consultan nunca", denunció en nombre de las decenas de comunidades originarias que sufren el acoso y hostigamiento de la Justicia.
Como quedó en evidencia en las intervenciones, el proyecto tiene inconsistencias que ponen en riesgo incluso proyectos científicos: Diego Pazos, de la empresa Telezpacio, advirtió sobre el área de exclusión alrededor de la Antena DS3, un acuerdo con la Unión Europea con el cual se colabora con misiones que se realizan en Marte, Venus, Marcurio, Júpiter y hasta misiones que orbitan el sol. "Un mínimo movimiento, o sólido en suspensión afectaría las comunicaciones. Hemos observado que hay proyectos que violan el acuerdo y están dentro del perímetro", aseguró.
Otra intervención destacada fue la de Brenda Villagra, catamarqueña que vive en Malargüe. "¿Cuál es la minería sustentable que proponen? Yo vengo de una provincia saqueada, donde todos los habitantes tienen que usar los teléfonos y autos que supuestamente consiguió la minería para trasladarse a otros pueblos a buscar agua y trabajo. Mi tierra hoy está explotada, rota, sin agua, sin trabajo y la población super pobre", denunció.
Federico Soria, referente de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, se refirió a la pobreza e incoherencia científica en el Informe del proyecto: "El proponente reconoce que la mayoría de los 34 componentes se localizan en áreas ambientalmente vulnerables o muy sensibles. Y no es que se tomaron el trabajo de relevar cada uno de esos 34 ecosistemas. Porque no lo hicieron, tan solo diseñaron un modelo matemático en gabinete sin validación en terreno ¿Con ese grado pobrísimo de certeza pretenden aprobar MDMO?. Por eso también lo rechazo: no están diciendo donde emplazarán caminos, locaciones, perforaciones, trincheras, movimientos de suelo, dónde van a sacar el agua, arrojar residuos o efluentes, etc. Encima, todo esto en un territorio prístino".
Cornejo insiste en su avanzada extractivista y contra la Ley 7722, primero con la modificación del Código Minero, y luego con la adhesión de la provincia al RIGI, un régimen que no solo otorga beneficios económicos a las grandes empresas, sino que establece el uso prioritario para ellas de insumos como el Agua, violando la Ley que protege el agua de Mendoza, como denunciamos acá.
Pese a toda la propaganda oficialista, en Mendoza no hay licencia social para la megaminería contaminante y como dijimos una y otra vez, ante cada intento de peronistas o radicales de voltear la Ley 7722: El agua de Mendoza, no se negocia!
