SISTEMA TARIFARIO DEL GAS. Audiencia pública: claves sobre lo que se discute y lo que no

En abril el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, quiso eliminar de una sola vez los subsidios que alimentaban las ganancias de las empresas de energía para recargarlos directamente sobre el bolsillo del pueblo trabajador.

Un amplio malestar, que se expresó en ruidazos y cacerolazos contra los tarifazos de los servicios públicos, condujeron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) a postularse como árbitro en una situación signada por la recesión y la caída del consumo debido al retroceso del poder de compra del salario.

Desde entonces, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) difundió diversos documentos elaborados desde el Ministerio de Energía y Minería para la audiencia pública.

En uno de los informes se señala que “En sintonía con el fallo de la CSJN, el Ministerio de Energía y Minería está presentando un sendero gradual y escalonado en la reducción de los subsidios para los usuarios residenciales”.

Sin embargo, el Enargas y las autoridades ministeriales están violentando la resolución de la CSJN evitando poner en discusión un elemento central en la conformación del esquema tarifario, como lo es el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

Aquí los puntos claves del tarifazo y algunos de los planteos que llevarán los referentes del PTS en el Frente de Izquierda, entre ellos Myriam Bregman, Christian Castillo, Nicolás del Caño y Claudio Dellecarbonara a la audiencia pública.

1 – Sólo se ofrece una “explicación” de una pequeña proporción de la factura

Las facturas de gas comprenden tres elementos:

a) El precio en el PIST, conocido como precio del gas en boca de pozo
b) Tarifa de transporte
c) Tarifa de distribución

En la audiencia pública, según los documentos oficiales presentados al Enargas por el Ministerio de Energía y Minería, sólo se discutirán los componentes b) y c). El precio del gas en boca de pozo quedará guardado bajo siete llaves. El precio en el PIST explica el 70 % de las facturas de gas. Es decir, que en la audiencia pública sólo se pondrá en discusión el 30 % de la tarifa. Y no es vinculante. Por lo cual, está viciada de origen.

2 – El gobierno se niega a discutir el precio en el PIST contra lo dictaminado por la Corte Suprema

En el comunicado emitido por la CSJN en oportunidad de suspender el tarifazo se indica en relación al precio en el PIST que “a partir del Decreto 181/2004, el Poder Ejecutivo intervino en su fijación, dejando de lado al mercado”, tal como ocurría desde la privatización del servicio de gas.

Como desde 2004 el Estado Nacional está regulando el precio en boca de pozo que reciben las empresas que producen gas, la CSJN señala que “En consecuencia, es razonable que, hasta el momento en que efectivamente el precio del gas en el PIST se determine sobre la base de la libre interacción de la oferta y la demanda, su análisis se efectúe conjuntamente con la revisión de tarifas para la cual es necesaria, como ya se dijo, la celebración de una audiencia pública” (resaltado nuestro).

No obstante, el gobierno se niega a discutir el precio en el PIST en la audiencia, en la cual simplemente quiere explicar cómo lo traslada a los consumidores.

3 – El precio en el PIST que reciben las petroleras está generosamente por encima de los precios del mercado y de los costos de extracción

En el Congreso de la Nación, cuando asistió para dar explicaciones, el ministro se negó a decir cuál es el costo del gas en cada uno de los pozos (los costos son diferenciales según la zona de extracción).

Especialistas del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz calcularon que las empresas del sector tendrán una sobre-ganancia del 190 % y recibirán entre U$S 3.000 y U$S 3.500 millones de dólares de más con los tarifazos.

Ese Instituto explica que los valores del gas en boca de pozo en la década del 1992 a 2002 tuvieron un promedio de 1,20 a 1,30 U$S/MBTU (sigla en inglés de millones de unidades térmicas británicas). Entre el 2002 al 2014 el precio fue aumentando y llegó al 2015 a una media de 2,50/2,60 U$S/MBTU promedio de toda la producción. Los residenciales como servicio público tuvieron un precio promedio de 1,9 U$S/MBTU. Esta cifra, para Juan José Aranguren, el ministro de Energía y Minería, debería ascender a 5,5 U$S/MBTU.

Para justificar ese precio, la petrolera YPF, conducida por el macrismo y en defensa de sus accionistas privados, presentó un documento donde dice que el precio en boca de pozo por MBTU debería ser de U$S7,6 para el shale gas, U$S 6,2 para el tight gas y U$S 4 para el gas convencional, considerando una tasa de rentabilidad del 13 %. Pero, según ese mismo informe, hoy el 80 % de la producción es de gas convencional (el más barato de extraer), mientras que el shale gas es marginal.

No obstante hay algo más llamativo aún. Según los informes de YPF presentados a la Security Exchange Commission de Nueva York, el costo de extracción del gas es de 1,9 U$S/MBTU, cifra similar a lo que cuesta en Canadá. Un estudio de la Fundación Bariloche detalla que los precios del gas en boca de pozo de Canadá (sin incluir los costos de transporte y distribución), se ubican actualmente alrededor de los 2,0 U$S/MMBTU. En Nueva York YPF alardea frente a los accionistas sobre los bajos costos de extracción y en Buenos Aires llora para conmover a los usuarios.

El documento del Instituto Scalabrini Ortiz muestra que los clientes residenciales estarían pagando unos 25 dólares por factura a las petroleras por encima del costo del gas. Esto implica una transferencia de aproximadamente 3.000 millones de dólares anuales para las productoras de gas, que no impactan en la reducción de subsidios.

Juan José Aranguren preconiza que funcione el “mercado”. Pero a través de la empresa estatal Enarsa se compró gas a Chile para contrarrestar la baja producción local. El precio que se pagó (U$S 6,90) es 53% más caro que el Gas Natural Licuado (GNL) que se importa por medio de barcos (U$S 4,5) y 128% superior al que se compra en Bolivia (U$S 3,02). ¿Cuál es la justificación de esa compra? El fiscal Carlos Stornelli imputó a Aranguren para que lo explique dado que en la operación está involucrada la anglo holandesa Shell, de la que Aranguren fue accionista hasta esta semana, a través de su controlada British Gas.

Las maniobras con los precios que dicen necesitar las empresas es similar al que hacen otras privatizadas, como Metrovías en el subte, donde la “contabilidad creativa” se pone al servicio de extraer subsidios del Estado y dinero de los bolsillos de los usuarios. Por eso, la diputada Myriam Bregman había pedido suspender el tarifazo hasta que se investigue adónde fueron los subsidios y que las empresas expongan sus balances para auditar la verdadera situación.

4 - Se beneficia a las empresas de gas que condujeron a la crisis energética

Por la política energética instalada en los ’90 y su continuidad con el kirchnerismo las empresas petroleras saquearon los recursos.

Entre 2004 y 2015, la extracción se redujo 17,7 %. En simultáneo, las reservas cayeron estrepitosamente: pasaron de 11 años en 2004 a 8 en 2014. La comparación con 1980 cuando el horizonte de reservas era de 47 años no deja lugar a dudas del proceso de declinación permanente (en 1990 era de 25 años y en el 2000 cayó a 17 años).

La caída permanente de la producción y del horizonte de reservas ocurrió a pesar que el kirchnerismo concedió enormes incentivos como “Petróleo Plus”, “Refinación Plus” y “Gas Plus” para incentivar la exploración, la explotación y aumentar la producción de combustibles.

Según la presentación hecha por el Ministerio de Energía y Minería en 2015 los subsidios a las empresas ascendieron a U$S 5.700 millones.

La necesidad de importar gas fue generando un gran agujero en el comercio exterior: en 2015 el país importó energía por un valor aproximado de 6.000 millones de dólares y el déficit comercial se estimó en 3.000 millones de dólares.

La importación de energía significó el 15 % de las importaciones totales nacionales, según la consultora KPMG. La denominada “restricción externa” (la insuficiencia de dólares que traba el crecimiento económico) se agudizó el último quinquenio a causa del saqueo de años.

Las empresas responsables de esta dinámica son principalmente YPF que realiza el 28 % de la extracción de gas, PAE (de la familia Bulgheroni, la British Petroleum y la empresa china CNOCC) con el 12 %, Petrobas (8,3 %), Pluspetrol (5,8 %), Tecpetrol del Grupo Techint (3,1 %) y la francesa Total (3,4 %), entre las principales compañías. Son las que cobran el elevado precio en el PIST por vender el gas a la red de transporte y distribución.

5 – Los amigos del gobierno festejan el tarifazo

En la audiencia pública sí se discutirán la “tarifa de transporte” y la “tarifa de distribución”. Son los otros dos segmentos en que se compone el sector, además de la extracción.

Entre las trasportadoras, según los documentos presentados al Enargas, Transportadora de Gas del Norte (TGN) incrementará sus ingresos por la suba en la “tarifa del transporte” desde $ 586 millones a $2.279 millones, un 289 %. Por su parte, Transportadora General del Sur (TGS) pasará de recaudar $ 986 millones con la tarifa anterior a $ 2.958 millones con la nueva, una suba del 200%.

Pampa Energía tiene en sus manos TGS, que está dirigida por el empresario nacional Marcelo Mindlin. Eso ocurre en la superficie. Lo cierto es que Pampa Energía está controlada por el grupo Tavistock de John Lewis. Todos recuerdan al multimillonario terrateniente inglés por haber recibido en su casa patagónica al presidente Mauricio Macri durante su visita al sur cuando viajó allá para visitar a Barack Obama durante su estadía en Bariloche.

Pampa Energía vendió meses atrás al Grupo Inversor Petroquímica SL, liderado por las familias Sielecki y Werthein, parte de su participación en TGS, pero el control de Petrobrás Argentina (que ya participaba en TGS) lo sigue dejando también al frente del negocio del transporte de gas.

Las empresas distribuidoras que tiene concesionadas las distintas áreas del país (Metrogas, Ban, Distribuidora de Gas del Centro, Distribuidora de Gas Cuyana, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Litoral Gas, Gasnor, Gasnea) pasarán de facturar $ 4.056 millones con el viejo esquema a $ 10.419 millones con el nuevo. Es decir, un incremento de 157 %.

Nicolás Caputo, el reconocido amigo de Mauricio Macri, tiene acciones en Ecogas (con la mayoría accionaria de Gas Cuyana y de Gas del Centro). Él también celebrará el tarifazo.

6 – La audiencia discute un primer tramo del tarifazo, que irá escalando los próximos años con precio de gas en boca de pozo dolarizado

Las nuevas tarifas irían desde los $144 la factura media mensual en los consumos bajos hasta $1.303 en los usuarios de consumo alto. Ahora ya no habrá topes para el aumento, por lo cual el supuesto aumento de alrededor de 200 % podría ser superior si un usuario incrementa el consumo.

Los usuarios de alto consumo no necesariamente son los de altos ingresos, por lo cual para un salario promedio apenas por encima de $ 10 mil como ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, la factura de gas podría implicar el 13 % del total o incluso más.

El nuevo esquema tarifario es provisional e irá escalando con precios en boca de pozo dolarizados, lo cual podría hacer mucho más altas las facturas a pagar si hubiera una devaluación, algo que en la historia argentina es recurrente.

7 – El fracaso de la privatización y una salida de fondo

Con la privatización se desmembró la producción energética nacional que integraba la extracción, la producción y la distribución. Argentina, aún con su economía atada al imperialismo, fue uno de los primeros países del mundo en lograr una industria hidrocarburífiera integrada y Gas del Estado había llegado a ser la tercera compañía de su tipo en el mundo.

El esquema de privatización fracasó. Repsol expolió los recursos hidrocarburíferos (lo mismo que las otras empresas del sector) hasta la semi nacionalización de las acciones de YPF bajo el kirchnerismo. La española, a la que el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso de Prat Gay, pidió perdón, extrajo ganancias por U$S 14 mil millones desde 1999 hasta su salida del país. ¿Qué pasaba si se invertían en el desarrollo de la actividad? No se puede saber porque su lógica fue expoliar los recursos. La política del kirchnerismo fue dejar pasar hasta que la situación se hizo insostenible.

En la audiencia pública no estará en debate el tema central que es el fracaso del esquema privatizador que condujo a la crisis actual. La salida de fondo es la una empresa estatal que integre toda la cadena productiva, desde la extracción hasta la distribución, bajo control obrero, en la perspectiva de una planificación del conjunto del sistema energético y de los principales resortes de la economía.