TARIFAZO. Audiencia pública: festejo anunciado de empresas y el Gobierno

¿De qué es esta audiencia? preguntó el guardia de seguridad al cronista. Minutos antes había revisado la cinta de color lila que éste tenía en la muñeca y que le había servido para sortear el doble vallado y el cordón policial.

La audiencia pública mostraba, por todos los costados, un marcado retaceo de las posibilidades de participación. Al doble vallado policial se sumaba la restricción en la lista de quienes habían sido notificados que podrían participar. El criterio de selección fue completamente arbitrario. De hecho, fue imposible conocer y entender las razones que motivaron miles de exclusiones entre los oradores.

Con la prensa ocurrió lo mismo. Los cronistas de La Izquierda Diario, después de haber cumplimentando todos los pasos correspondientes, tuvieron que reclamar bastante para que solo uno de ellos pudiera ingresar. Se ignora cuántos otros medios tuvieron las mismas limitaciones, pero este carácter restrictivo ya había sido denunciado por el Sipreba día antes.

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“Tienen todo arreglado” dijo el guardia. Razón no le faltaba. Las horas que siguieron lo fueron poniendo en claro.

Lobby empresarial por donde se lo mire

Corrían casi dos horas del inicio de la audiencia cuando el moderador se vio en la obligación de aclarar que “no solo iban a hablar el Gobierno y las empresas”.
La afirmación sería un detalle sin la menor importancia si no fuera porque, hasta ese momento, lo único que se había escuchado era el informe del ministro Aranguren defendiendo su propuesta y, después de eso, un frenético lobby de las empresas del sector pidiendo la aplicación del tarifazo.

Aranguren graficó la formalidad de la audiencia al señalar que presentaba el cuadro tarifario que “vamos a aplicar”. El informe de 20 minutos sirvió para recordar la “herencia” y describir los desequilibrios del sistema energético que legó el kirchnerismo. No está de más recordar que el actual ministro, como ex CEO de Shell, fue parte de los beneficiarios del esquema que ahora denosta.

El funcionario reiteró las palabras “gradual” y “previsible” hasta el hartazgo. Era una forma de intentar hacer propio el fallo de la Corte Suprema. El aumento promedio del 203 % a partir del 1° de octubre pretendía ilustrar esa gradualidad. Los aumentos seguirán luego, escalando semestralmente, hasta redondear un valor que el ministerio estableció en u$ 6,78 por millón de BUT como precio en boca de pozo.

Luego de Aranguren y otros funcionarios, vendría un intenso lobby de las empresas del sector, arrancando por YPF y Total Gas, y continuando por transportistas y distribuidoras. El aval al tarifazo fue explícito y la presión siguió con el pedido de “compensaciones” por los “años perdidos” como resultado de la no actualización del cuadro tarifario.

Sin embargo, como señaló en su cuenta de Twitter Nicolás del Caño, dirigente del PTS y el Frente de Izquierda, lo único que no se puede poner en discusión es saber cuánto ganaron las empresas.

Las empresas hablan de costos, de esfuerzos de inversión pero no cuentan cuanto ganaron. #AudienciaGas.

— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) 16 de septiembre de 2016

La voz de los consumidores

Recién después del mediodía vendría el turno de quienes representaban a los consumidores.

“Nosotros defendemos los principios establecidos en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: progresividad, proporcionalidad y razonabilidad. Si bien vemos progresividad en lo que se ha planteado, no encontramos la proporcionalidad ni la razonabilidad” disparó Alejandro Amor, Defensor del Pueblo porteño. El funcionario dio en el clavo cuando afirmó que “durante los meses en que se debatió el incremento en las tarifas de servicios públicos se habló mucho de clientes y poco de personas”.

Hugo Pozzi, quien ejerce la misma función en Córdoba, le pidió al gobierno realizar “correcciones tarifarias con sensibilidad social”. Seguramente olvidó cuando el ministro Aranguren, en el mes de mayo, afirmó que “si el consumidor considera que el precio del combustible es alto, deja de cargar”.

Quienes hablaron en nombre de las organizaciones de consumidores tampoco mostraron simpatía alguna hacia el esquema propuesto por el gobierno.
Héctor Polino, quien preside la asociación de usuarios Consumidores Libres y fue de los oradores más aplaudidos entre quienes critican el tarifazo, criticó que “no es razonable que el precio del gas producido en el país incorpore en su estructura de costos valores correspondientes al flete y transporte, propios del gas importado”.

Participación cero (0)

Los reclamos contra la falta de participación se hicieron escuchar tanto fuera como dentro de la Usina del Arte. Durante las primeras horas, dos veces fue interrumpida la audiencia por reclamos en contra de la proscripción para medios y oradores.
Los cuestionamientos trascendieron la capital del país. En Córdoba y Mendoza, también hubo límites para el ingreso de periodistas y voces críticas de las medidas del Gobierno.

Pero además, el carácter maratónico de la audiencia -que este viernes tuvo una duración de más de 12 horas- conspira contra cualquier posibilidad de debate real sobre el tarifazo.

Hoy sábado, desde las 9 hs, se retomarán las audiencias, con la participación de oradores de sectores sindicales. Entre los primeros en hablar estarán los referentes del Frente de Izquierda Claudio Dellecarbonara (subterráneos) y Nathalia González Seligra (Suteba La Matanza). Ambos participaron ayer participando de la concentración que el PTS realizó en la mañana temprano en las inmediaciones de la Usina del Arte. Allí volvieron a denunciar el carácter no vinculante de la audiencia y a exigir a las conducciones sindicales romper la tregua y llamar a un paro nacional contra el tarifazo.

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El hecho de que la audiencia pública no imponga ninguna obligación al Gobierno nacional es lo que hace imperioso esa perspectiva para enfrentar y derrotar el ajuste.