Represión. Aula Segura avanza con votos del PC y abstenciones del FA

¿Qué es Aula Segura? Aumento del autoritarismo y la represión política

El proyecto “Aula Segura” pretende incrementar “las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrículas”. Busca modificar la ley de subvenciones escolares en relación a los requisitos que deben cumplir obligatoriamente los establecimientos para poder disponer de recursos públicos. De ser ley los directores tendrán la obligación de aplicar un procedimiento abreviado para expulsar o cancelar matrícula a estudiantes que incurran en: “uso, posesión, tenencia o almacenaje de armas, elementos destinados a causar daño al establecimiento o a la comunidad educativa, o artefactos explosivos que produzcan lesiones graves a docentes, asistentes o manipuladores de alimentos”. Esta sanción podrá ser aplicada en un plazo de 5 días, en contraposición con los 25 días promedio que demora actualmente. Ningún miembro de la comunidad escolar podrá interferir, tampoco una “solicitud de reconsideración” por parte de apoderados. Los directores sólo deberán informar de la medida a la Superintendencia de Educación y será responsabilidad del Ministerio de Educación reubicar al sancionado.

El proyecto asegura que estudiantes manejan actualmente armas prohibidas por la Ley de Control de Armas del Ministerio de Defensa. Un discurso similar al que aplicaba Pinochet en Dictadura.

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¿Por qué es prioridad del gobierno?

Este año el gobierno de Sebastián Piñera con la ayuda de los medios de comunicación tradicionales han instalado un discurso de “rechazo a hechos de violencia que ocurren en liceos establecimientos”. Según ellos el actual marco jurídico no reguarda la integridad física y psicológica de las víctimas de violencia, “manteniéndose la relación víctima-victimario dentro del establecimiento”. El gobierno quiere instalar la idea de que las protestas estudiantiles van dirigidas contra la comunidad y que vulneran la continuidad del servicio, cuando todas ellas denuncian a la autoridad educacional por los efectos del abandono y autoritarismo presentes en la educación pública. Esto no es otra cosa que la criminalización de la protesta estudiantil focalizado en los liceos emblemáticos que se han movilizado desde el año 2006 y 2011 por educación pública gratuita y de calidad. Pretenden que profesores y apoderados rechacen al movimiento estudiantil y confíen en medidas punitivas para solucionar los conflictos entre estudiantes y Carabineros. Se basa en la idea conservadora de que “antes que los derechos, existen los deberes”. Y el deber de los estudiantes es “ser respetuosos, asistir a clases y esforzarse”, pero nada se dice de los deberes que no cumplen las autoridades municipales y estatales en educación.

¿Por qué rechazamos Aula Segura?

La ideología tras este proyecto es el punitivismo y el reforzamiento de la autoridad designada que representan los directores. Se cree solucionar un problema con sanciones, tal como creía la escuela conductista de siglos pasados y en esto el gobierno pone sus esfuerzos, de calidad, presupuesto, mejores condiciones laborales y democracia escolar, absolutamente nada. Que son las variables que realmente inciden en el mejoramiento de la educación público. Se trata de una medida populista o demagógica, porque habla de “garantizar el derecho a la educación” por medio de la aplicación se sanciones. Los directores podrán expulsar sin considerar aspectos pedagógicos, podrán armar montajes contra estudiantes opositores a la política de la municipalidad o sociedad respectiva. La ley podría permitir esto pues se considera cualquier “daño al establecimiento”, incluyendo las tomas o cualquier protesta.

Mario Aguilar y el costo de no rechazar este proyecto

El presidente del Colegio de Profesores, principal organización docente ha manifestado una postura ambigua que resulta en un apoyo crítico al proyecto de ley.

No ha rechazado públicamente el proyecto y mas bien se ha dedicado a criticar aspectos de ésta. Dice que “Aula segura no aborda el 99% de los hechos de violencia, por ejemplo, las agresiones de apoderados a docentes”, el dirigente remarca que el primer semestre del año aumentaron 31% las denuncias de violencia hacia educadores. Califica de “efectista” y “policiaca”, pero su análisis termina en un “es insuficiente”. En vez de un rechazo absoluto a la jugada de la derecha de criminalizar la protesta. Fácilmente el proyecto podría incluir las agresiones a docentes y la crítica de Aguilar se desvanecería en el aire.

La inaceptable estrategia de las modificaciones de la oposición: otra forma de colaborar con la derecha

La oposición ha jugado un rol colaborar con el gobierno. En un principio expresaron su rechazo. Crearon proyectos alternativos y finalmente se decidieron por introducir modificaciones, que finalmente fueron desechadas al conseguir qourum el gobierno.

Las indicaciones propuestas por la DC, el PPD y el PS, expresadas en la presidenta de la Comisión, la diputada Yasna Provoste, fueron las siguientes: agregaron las agresiones sexuales como fundamento para la aplicación de expulsión del establecimiento, incluyeron un plazo de 90 días para que cada establecimiento modifique su reglamento de convivencia escolar interno e incluyan la nueva norma, y reemplazaron la palabra “obligación” de expulsar por “facultad” de expulsar. El 8 de noviembre la Comisión aprobó por 10 votos a favor (incluyendo a la oposición y al PC) y tres abstenciones (de los parlamentarios del Frente Amplio). La ex Concertación junto al PC consideran que el proyecto mejoró y puede transformarse en un proyecto complemente distinto al original. Por el contrario, el objetivo del proyecto se mantiene íntegro, incluso, se perfecciona. La ministra salió a celebrar: “hemos trabajado con la oposición para buscar la posibilidad de mejorar este proyecto en aquellas cosas que todavía creemos que le faltan”.

Hay fuerzas para detener este nefasto proyecto

No es cierto que Piñera tiene el apoyo de todos los apoderados. Tampoco es cierto que hay acuerdo transversal con condenar los hecho de violencia. Muchos rechazan esta medida por considerarla criminalizadora y autoritaria, se han hecho denuncias de la violencia de Fuerzas Especiales contra estudiantes, asistentes de educación y profesores. Piñera no desea mejorar la educación pública. El agobio laboral a los profesores, la falta de financiamiento, los despidos anuales y el autoritarismo de los directores es la verdadera causa de los conflictos en los establecimientos. Y es el origen de las protestas. Los profesores no podemos permitir que se fomente la acción violenta de Carabineros y el despotismo de directores. La derecha y la ex NM en sus municipios despilfarran recursos educacionales en favores políticos. Por eso rechazamos rutundamente este proyecto y creemos que se debe transformar la educación pública; poner freno a la actual ley de desmunicipalización (que crea los Servicios Locales), y que en su reemplazo vuelvan los establecimientos al Estado, acabar con las autoridades designadas por medio de consejos escolares resolutivos democráticos que representen a la comunidad, escogiendo democráticamente cualquier autoridades educacional.

Lo que quiere esconder Aula Segura es la política de capitalismo para la educación, que destina recursos millonarios a sociedades privadas, incluso religiosas, amparando el negocio y los derechos de niños y jóvenes. Reduciendo la matrícula de establecimientos públicos.

Hay una fuerza para enfrentar este proyecto, que se demuestra en las paralizaciones docentes de este año, en los paros nacionales de 2014 y 2015 donde los profesores logramos el apoyo de la comunidad. Pero esta fuerza no es convocada para enfrentar a Piñera, pues, los dirigentes del Colegio de Profesores prefieren criticar pasivamente el proyecto y no convocar a movilizaciones junto al movimiento estudiantil.

Es por eso que desde la agrupación Nuestra Clase creemos hace falta poner en pie una alternativa docente que plantee un programa consecuente para la educación pública y una estrategia que rechace la colaboración con el gobierno y defienda en forma independiente los intereses de profesores, apoderados y estudiantes. Por eso invitamos al Encuentro por una Izquierda Anticapitalista e Internacionalista de trabajadores que se realizará el próximo 17 de noviembre.