×
×
Red Internacional
lid bot

PESE A LA MUERTE DE JONATHAN QUISPE EL GOBIERNO MANTIENE DUREZA REPRESIVA. Bolivia: claves para entender el conflicto de la Universidad Pública de El Alto

Crisis en el sistema de educación pública. Continúa la movilización de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) por mayor presupuesto, modificación de la Ley 195 de Coparticipación Tributaria y justicia por el asesinato, en manos de la policía, del estudiante Jonathan Quispe. Fracasan los intentos de negociación entre la UPEA y el Gobierno. Detenciones y heridos durante las movilizaciones de los pasados días.

Viernes 15 de junio de 2018 08:45

Foto: Jorge M. Chambi

Desde el asesinato del joven estudiante Jonathan Quispe, en manos de la policía, no han parado las movilizaciones de estudiantes no sólo de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) sino que se unieron estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en solidaridad con esta lucha y exigiendo justicia por el asesinato de Jonathan. Conformaron así un comité de movilización permanente. Las movilizaciones se han venido intensificando, producto de ello la policía ha detenido ya a varios estudiantes movilizados pero también hay heridos. Los intentos de negociación entre la UPEA y el Gobierno vienen fracasando. La exigencia es la modificación a la Ley de Coparticipación Tributaria 195 de 2011 que establece el porcentaje de recursos que recibe la UPEA, este monto es de 0,355% del total de la recaudación en efectivo por coparticipación tributaria de al menos 8 tipos de impuestos [1]. El problema es que dicho porcentaje es insuficiente, porque cuando el mismo fue definido la universidad tenía entre 4 a 5 mil estudiantes mientras que a la fecha la universidad contaría con más de 45 mil estudiantes.

Te puede interesar: Trabajadores aeroportuarios "SITRASABSA": Pronunciamiento de solidaridad y denuncia por el asesinato de Jonathan Quispe

La brutalidad policial -que ya se cobró la vida de Jonathan- con la que el Gobierno ha venido respondiendo a este conflicto está provocando que sectores estudiantiles busquen diversas formas de autodefensa en sus movilizaciones. El Gobierno está utilizando esto para no sólo deslegitimar la lucha de los estudiantes sino también que busca con ello justificar luego el uso de mayor represión.

Foto: Jorge M. Chambi

Puedes ver: Policía desaloja violentamente el décimo piquete de huelga de hambre de la UPEA

En las últimas horas el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera -ante la ausencia de Evo Morales que casualmente fue a Rusia en momentos del mundial de fútbol-, señaló que tendrían la más amplia voluntad de negociar y que están dispuestos a incrementar el presupuesto suficiente para que la UPEA pueda completar su gestión pero a cambio de auditorías para el año que viene. Llama la atención sin embargo, que durante muchos años de rectorados y peso institucional del Gobierno en la UPEA se haya encubierto a todas las camarillas al interior de esta casa de estudios, como cuando dirigieron los del PCML (Partido Comunista Marxista Leninista) y otros, que jamás certificaron ni respondieron por lo que administraron. El MAS permite y alienta incluso sonados casos de corrupción como los que suceden por ejemplo en la Universidad Nacional Siglo XX (UNSXX) sin fiscalización ni control gubernamental en tanto, estas autoridades, sean soldados del mal llamado “proceso de cambio”. Ahora bien, cuando estos individuos se ven empujados a reclamar son tratados como si fueran enemigos. Si hay corrupción en las universidades la responsabilidad está en el Gobierno y las camarillas universitarias de las que forma parte.

Doble mérito de la lucha estudiantil

Como ya vinimos señalando el Gobierno ha intentado deslindarse de responsabilidades desde el principio y lo sigue haciendo. Esto se vio primero cuando el Gobierno intentó inculpar a los propios estudiantes de la muerte de su compañero Jonathan, sin embargo, fue tal forzada su versión que la misma cayó por su propio peso. Ante tal evidencia el Gobierno tuvo que reconocer que el asesinato de Jonathan fue perpetrado por la policía. Luego el Gobierno continúa en su afán de quitarse responsabilidad ante la situación de crisis en la UPEA alegando malos manejos presupuestarios, falta de transparencia, etc. Con estas últimas declaraciones el ex ejecutivo de la Federación Universitaria local (FUL-UMSA), Jaime Grájeda, emitió un comunicado en el que, pese a que ya no es reconocido por las bases de la UMSA, declara estado de emergencia contra la UPEA.

Sin embargo la situación es mucho más compleja. Recalcamos el hecho de que sorprende grandemente cómo el Gobierno que siempre ha tenido una presencia institucional fuerte en la UPEA habría dejado pasar tanto tiempo socapando o “ignorando” los malos manejos presupuestarios en esta universidad. Los estudiantes no están peleando sólo contra el Gobierno sino que están cargando sobre sus espaldas el desprestigio de los malos manejos de las camarillas docentes estudiantiles que dirigen la UPEA y que hoy el Gobierno utiliza para deslegitimar la genuina demanda de los estudiantes de mayor presupuesto para su educación. Esta doble pelea que vienen sosteniendo los estudiantes de la UPEA, en primer lugar contra el Gobierno y en segundo contra las camarillas, hace mucho más meritoria su lucha.

Pero lo que es más importante es que la pelea que vienen sosteniendo los estudiantes al reclamar la modificación de la Ley 195 ha puesto en la mesa la discusión sobre el manejo discrecional que hace el gobierno de los recursos públicos, destinando los mismos a satisfacer las cada vez mayores necesidades de represión estatal, financiar los lujos del mundial para el presidente o el nuevo palacio de Gobierno mal llamada “casa del pueblo”, y aceitar los mecanismos de corrupción “legal” como fue por ejemplo la reciente designación de los ex magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que fueron premiados con el título de embajadores de Estado en Europa por haber emitido la cuestionada Resolución 84/2017 que habilitaría la reelección indefinida de Evo Morales .

No sólo esto, concordante con la Ley 767 de 2015 de “Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera” se pone en evidencia que el gobierno nacional entrega 12% de los recursos del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) como “incentivo” para la creación de un fondo que financie a las transnacionales para la exploración y explotación hidrocarburífera.

Por lo tanto y frente a esta situación, es importante dotar de mayor solidaridad a la lucha de los estudiantes de la UPEA. Pese a que el gobierno intente desprestigiar a la movilización diciendo que asisten por manipulación, la gran cantidad de estudiantes lo hacen de manera legítima y pelean por recursos públicos para atender la crisis de su propia universidad, develando a su vez la crisis de la educación pública en su conjunto.

Reproducimos vídeo de Radio UPEA que denuncia la violencia del Gobierno del MAS


[1Impuesto al Valor Agregado, del Régimen Complementario al Valor Agregado, del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, del Impuesto a las Transacciones, del Impuesto a los Consumos Específicos, del Gravamen Aduanero, del Impuesto a las Sucesiones y a las Transmisiones Gratuitas de Bienes y del Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior.