El proyecto Aula Segura de la derecha, ademas de atacar al movimiento estudiantil y de profesores, reabre el debate de qué oposición construir y cómo enfrentar a la derecha.
Lunes 5 de noviembre de 2018
Uno de los debates que ha cruzado la semana es Aula Segura, el proyecto impulsado por el Gobierno que propone un mecanismo más rápido para expulsar a estudiantes. Sólo durante este año van más de 700 estudiantes expulsados.
El proyecto del Gobierno fue cuestionado por la oposición, las críticas apuntaron a la falta del debido proceso y en la comisión de educación y hacienda del Senado, lavaron la imagen al proyecto a través del cambio de nombre a “aula democrática y convivencia escolar segura” integrando el debido proceso, aunque sin embargo, extendieron la penalización a más sectores y más causas.
El proyecto de la derecha se logró perfeccionar, y la “oposición” demostró no ser tal, pues tanto el Gobierno como los partidos de la ex Nueva Mayoría están de acuerdo con aumentar el autoritarismo, punitivismo y, como consecuencia, la criminalización en los colegios, ambos saben que estas medidas perjudican la organización estudiantil y entorpecen una convivencia democrática, pues se instala la persecución y la amenaza, que serán promovida bajo el manto de esta ley.
El trasfondo de este proyecto no responde a cuestiones de formación pedagógica, más bien tiene un carácter antipedagógico, lo que hace este proyecto es instalar métodos “carcelarios”, quebrando las lógicas pedagógicas y de formación por otras coercitivas.
El premio nacional de educación, Abraham Magendzo, junto a 36 expertos de convivencia escolar rechazaron el proyecto, por considerar que medidas punitivas no hacen más que aumentar el espiral de violencia, y que la violencia escolar reproduce la violencia presente en nuestra sociedad “transferir automática y mecánicamente prácticas punitivas al plano educativo significa desconocer el propósito que la educación juega en la formación ciudadana, en la transformación social y en el desarrollo integral de las personas” señaló el premio nacional en Radio Biobio.
Este proyecto es un ataque político al movimiento estudiantil y de profesores, pues la aplicación de "Aula Segura" implicaría el aumento de la persecución y criminalización a la organización, pues el debate ha tenido su doble lectura de vincular hechos de violencia con estudiantes organizados, subterráneamente se quiere instalar no más concentraciones, no más marchas, no más cuestionamientos, ni más organización estudiantil que no sea dócil a directores, alcaldes y ministros.
No es casualidad que de hechos completamente aislados se aplique una ley para el conjunto de los establecimientos del país, en un alianza con los grandes medios y la policía, levantaron una gran campaña mediática criminalizadora desde la filtración de videos de enfrentamientos entre Fuerza Especiales y estudiantes, hasta la “investigación periodística” de Canal 13 sobre la supuesta infiltración del FPMR en el liceo 1 de Santiago.
La política del gobierno es clara y los medios que utiliza apuntan en el mismo sentido: profundizar el control y criminalización. Mientras que la oposición, en particular el Frente Amplio que emergió en las últimas elecciones como una alternativa a los viejos partidos de la Concertación y la ex Nueva Mayoría, vuelve a estancarse en el pantano parlamentario, su militancia que dirige franjas importantes del movimiento estudiantil y preside el Colegio de Profesores a nivel nacional, responden de manera tibia y están muy lejos de mostrar a los y las estudiantes y profesores lo que significa la amenaza de este proyecto, igual que sus dirigentes en el Congreso, esperan ilusamente una salida parlamentaria.
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Se reabre de esta forma la discusión sobre cómo enfrentar a la derecha y sus ataques, con qué programa y estrategia.
En los límites de la escuela existen métodos para dar vías de ciertas salidas a situaciones de conflicto que enfrentan estudiantes, apoderados o trabajadores. y no es precisamente profundizar el autoritarismos de los organismo directivos, al contrario es apostar al desarrollo de espacios democráticos, en este sentido una propuesta programática es que tanto los consejos escolares como los consejos de docentes sean instancia de discusión no consultivas. Es necesario fortalecer la unidad entre trabajadores, estudiantes y apoderados conformando Consejos Escolares triestamentales y resolutivos.
Pero al mismo tiempo, limitarse a una solución meramente dentro de la escuela no logra responder al conjunto de la problemática. La violencia y la seguridad no son solo cuestiones de relación entre estamentos, es algo estructural de un sistema educativo precarizado por el mercado. Docentes con alta carga laboral, con agobio, bajos sueldos, contratos a plazo fijo, falta de infraestructura, condiciones de hacinamiento en las salas, falta de insumos, etc. Estas son las condiciones a las que trabajadores de la educación y los estudiantes se enfrentan diariamente en la educación pública, de la cual son responsables los mismo políticos de la derecha y ex Nueva Mayoría que hoy buscan aparecer como paladines de la seguridad.
Es más, estas condiciones exceden al sistema educativo, es que lo orígenes de la violencia son intrínsecos a este sistema de explotación y opresión, donde la vivienda no es un derecho, el sueldo mínimo no alcanza para vivir, la salud está privatizada y las pensiones son de hambre.
La estrategia del Frente Amplio, de nuevo reformismo, no escapa de los marcos del parlamentarismo de los viejos partidos tradicionales, dejando por fuera el debate y la manifestación de los sectores afectados por este tipo de proyectos. El centro de gravedad de la nueva alternativa sigue siendo el laberinto parlamentario, y la alianza con sectores “progresista” que durante las décadas que estuvieron en el gobierno no hicieron más que profundizar y maquillar la herencia impuesta por la dictadura.
Este proyecto de ley debe dejar de ser discutido sólo en cuatro paredes, es necesaria la discusión en asambleas estudiantiles y de docentes, y la movilización de los actores de la educación. Las organizaciones estudiantiles secundarias, las federaciones universitarias y el Colegio de Profesores, deben convocar a movilizaciones en rechazo de esta ley, como se demostró en el anterior gobierno de Piñera, que en las calles se abren las grandes discusiones.
