Miércoles 26 de octubre de 2016 12:36
La movilización en las calles obliga a los gobiernos a dar respuestas, pero lejos de las soluciones estructurales necesarias como el tratamiento y aprobación de una ley de emergencia en violencia de género con un presupuesto acorde, un régimen de subsidios a las mujeres víctimas de violencia que sea igual al costo de la canasta familiar, la creación de refugios en cantidad adecuada, estas se limitan a reciclar programas ya vigentes a nivel nacional como es la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), aprobada en el 2006. En este marco se inscribe la nueva propuesta del gobierno provincial presentada esta mañana a través del ministro de Educación, Walter Grahovac, y su par de Justicia, Luis Angulo, que no es más que una versión política y culturalmente conservadora de la ESI.
Una política conservadora
El nuevo programa para la prevención de violencia de género: "Aulas Libres de violencia" se centra en el sistema educativo formal. Consiste en capacitar a directivos, supervisores y docentes en la temática de género, estereotipos y tipos de violencia de género para luego incorporar dichos contenidos en las currículas escolares de todos los niveles y modalidades, de manera progresiva. Lo propuesto en la ESI es: "crear un espacio sistemático de enseñanza aprendizaje que tiene por objetivo garantizar el derecho de todas y todos los estudiantes a recibir una educación que promueva: la igualdad de género y el respeto a la diversidad sexual, conocimientos adecuados sobre el cuidado del propio cuerpo y el de los demás, el acceso a los derechos de las/os niñas/os y adolescentes, así como la valoración de la afectividad y las emociones". En la propuesta de Unión por Córdoba, se borra la palabra sexualidad y se limita a "relaciones interpersonales". El propio Ministro de Educación explicó el objetivo del nuevo programa señalando que la reflexión debe estar presente "en el recreo, en el aula, para que en ese pequeño lugar de ensayo que es la escuela los chicos aprendan a no ejercer violencia y respetar a la mujer”.
Este nuevo programa específico de la provincia, cuyos impulsores aseguran que será "sistemático y continuo", y cuyo objetivo "es contribuir a la transformación de patrones socioculturales que naturalizan la violencia y a hacer un aporte serio a la prevención" en palabras del ministro de Educación, apunta a la responsabilidad de la educación y concretamente de quienes trabajan día a día en las aulas.
Casi el 80% del total de docentes en la provincia son mujeres, por lo cual cabe señalar una triple perfidia del gobierno: les impone una tarea extra, no asigna más presupuesto para los salarios ni para sostener la escuela pública y carga la responsabilidad del estado en las maestras. Al día de hoy las docentes tienen un salario miserable, y un trabajo cada vez más monitoreado. Así, al carácter reaccionario del programa se le suma una situación aún peor.
Lo que el gobierno sí hace con la violencia de género y con la educación
En términos publicitarios, lo nuevo suena siempre mejor y seguramente más efectivo, que dar cumplimiento real (con presupuestos acordes, capacitaciones dentro del horario escolar entre otras) a una ley sancionada hace 10 años, que el gobierno dejó su aplicación librada a la buena voluntad de directivos y docentes y al rechazo concreto de numerosas escuelas privadas confesionales (esas mismas que el estado sostiene económicamente), además de sufrir el desmantelamiento del programa.
Con la oportunidad "perdida" de implementar la ESI en cada escuela, el gobierno busca hacer un borrón y cuenta nueva y lanzar ahora, como si todo hubiese empezado el año pasado con la enorme marcha de comienzos de junio, un programa en escuelas que no cuentan con equipos interdisciplinarios, o cuando los hay no están bien remunerados, que deja caer las escuelas y culpabiliza a los estudiantes y a los docentes por todos los problemas originados en la desidia estatal. Ese Estado, que destina cifras millonarias a obras innecesarias o directamente a publicidad, otorga un subsidio de $3000 para la mujer víctima de violencia de género.
