El Comité de Lucha contra la Injusticia y la Impunidad, impulsado por familiares y víctimas directas del accionar policial sigue adelante con su pedido de juicio político contra la fiscal Leguizamón. En los últimos días trascendió el video de un padre cargando a su hija para poder volver a su casa ante la negativa policial y en Añatuya murió una adolescente embarazada en una persecución policial.
Lunes 30 de noviembre de 2020 17:19
Foto: Añatuya Pueblada
A medida que se conocen nuevos ejemplos del accionar policial, crece la indignación popular. El video de Abigail en brazos de su papá el 19 de noviembre se hizo viral y dos días después trascendía la muerte de Carla Bravo, una adolescente de 19 años que circulaba en moto en la localidad de Añatuya y murió en una persecución policial por circular fuera del horario establecido, en una ciudad que los vecinos califican como “militarizada”. Al día siguiente, cientos cortaron la ruta 92 para exigir justicia por la joven y el cese de las restricciones para circular.
Carla Bravo
Como todos los sábados, el 28 de noviembre se llevó adelante el festival manifestarte, para repudiar el accionar de la policía provincial y para denunciar la impunidad de la que gozan, gracias a la complicidad del poder judicial y político.
Convocado por el Comité de Lucha contra la Injusticia y la Impunidad, este fin de semana contó con la presencia de Roxana Carabajal y otros artistas locales en una muestra del apoyo cada vez mayor que recibe su reclamo.
El viernes 23 de octubre, durante la presentación formal del comité, Patricia Isorni, mamá de Franco, explicaba cuáles son los objetivos de la agrupación y porque es necesaria la unión de todos los reclamos: “Este comité tiene como objetivo ayudar a todas esas familias, cuyos casos han quedado impunes. En la mayoría de los casos está involucrado el estado, ha habido participación de la policía en los encubrimientos, pero también de los fiscales, de la justicia”.
Por eso la denuncia de los familiares va más allá y apunta también contra el poder judicial. Una de las primeras medidas del comité, fue la de iniciar, a través de su abogado, César Barrojo, la presentación de pedidos de juicio político contra la fiscal Érika Leguizamón y el Fiscal General de la provincia, Luis de La Rúa.
El intendente Zamora, junto a Cristina Kirchner y Ledesma
La provincia está gobernada como un feudo por el Kirchnerista Gerardo Zamora, desde el año 2005, con un mandato intermedio entre el 2013 y el 2017, en el que la gobernadora fue su esposa, Claudia Ledesma Abdala. Además de cogobernar la provincia durante 15 años, cada uno de los integrantes de la pareja, ejerció también como senador o senadora en el gobierno nacional.
Según el último informe del Indec, el índice de pobreza e indigencia alcanza casi un 45% de la población, bastante lejos del promedio país del 35%. Esto equivale a unos 400 mil santiagueños, un gran porcentaje de ellos niños, en una provincia que no llega a los 900 mil habitantes. Y no es coyuntural. La provincia tiene un promedio histórico oscilante entre el 40 y 50% de pobreza de su población. En este territorio, donde algunos vecinos hablan de “la dictadura de Gerardo Zamora” y que “está todo militarizado contra el pueblo que lo votó”, la policía y el poder político y judicial, están implicados en incontables casos de gatillo fácil, de torturas seguidas de muerte en comisarías y de desapariciones, muchos ligados al narcotráfico, como el de Marito Salto.
Enfrentando a los poderes del estado capitalista, que busca imponer la pobreza por medio del miedo y la violencia contra las grandes mayorías, estas familias que salen a la calle levantando el reclamo de justicia, siguen mostrando un ejemplo para que la clase trabajadora, las mujeres y la juventud, se organicen y movilicen en la lucha para garantizar sus derechos.
