Se estima que cerca de 100 mil trabajadoras de casas particulares han quedado desempleadas muchas de ellas ni siquiera pueden optar por el seguro de cesantía para poder capear esta crisis. Vemos como hoy avanza la pandemia, el número de contagios es cada vez más alto así como el desempleo.
Domingo 5 de julio de 2020
Son en su mayoría, las mujeres trabajadoras las que día a día cumplen labores domésticas y muchas veces de crianza en las casas, en las cuales son contratadas por bajos sueldos y muchas veces sin cotizaciones previsionales de salud.
Las trabajadoras domésticas son uno de los sectores más precarizados, sin tener un sistema de salud ni de pensión garantizado ,tienen que manejar doble o incluso triple jornada laboral dividiéndose entre su casa, sus hijos, y el trabajo. Algunas trabajan puertas adentro, mientras otras tienen que llegar a su lugar de trabajo en transporte público, uno de los lugares con más contagios, particularmente en Santiago, en donde tienen que dirigirse a las casas de sus empleadores en comunas distantes.
El Gobierno y los empresarios han llevado adelante una serie de ataques en contra de los trabajadores, con 1.8 millones entre despidos y suspensiones, han endurecido aún más las condiciones de vida, en donde las más perjudicadas son las familias de los sectores precarizados.
Alrededor de 14.000 de estas trabajadoras están suspendidas por la ley de protección al empleo, recibiendo montos menores a sus sueldos anteriores, ellas han tenido que gestionar el cobro de su aporte de indemnización obligatoria que equivale al 4,11% de su remuneración imponible, recibiendo alrededor de 130.000 pesos, considerando que casi todas las asesoras del hogar tienen una remuneración de alrededor de $270.000.
Desde el encuentro impulsado desde el Comité de emergencia y resguardo en Antofagasta, se planteó la necesidad de pelear por un paro regional, por los derechos de las mujeres trabajadoras, de la juventud precarizada y en contra los despedidos efectuados en medio de la pandemia.
Por eso es importante que los sectores más precarizados y los que han sido más atacados se una en una coordinación con distintos sectores para enfrentar estos ataques. Hay que ponerle fin a los despidos que empujan al pueblo trabajador al hambre.
Así como también exigir que se asegure un sueldo mínimo de 500 mil pesos a todos y todas, financiado con el impuesto progresivo a las grandes fortunas junto con la renacionalización de los recursos naturales para financiar un verdadero plan de emergencia para enfrentar la pandemia y la crisis económica.
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