Son convocadas por ENARGAS, con 108 oradores, entre quienes están representadas las empresas privatizadas del sector. El Gobierno busca trasladar el ajuste fiscal que exige el FMI al bolsillo popular, pero ¡las privatizadas quieren aún más!
Miércoles 19 de enero de 2022 10:00
Con 108 oradores inscriptos, éste miércoles por la mañana, comenzó la primera audiencia pública del año, convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), para discertar sobre los aumentos de tarifas del 2022.
El temario de esta audiencia, está presentado para "poner en consideración la adecuación transitoria de la tarifa del servicio de transporte y distribución por redes" del gas. Para el próximo lunes 31, se prevé debatirán los precios mayoristas del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).
Las audicencias públicas son presedidas por Osvaldo Pitrau, el gerente general de ENARGAS. Y las empresas alcanzadas en esta instancia son las distribuidoras Metrogas, Naturgy Ban, Litoral Gas, Gas Cuyana, Gasnor, Camuzzi Gas del Sur, Camuzzi Gas Pampeana, Gas del Centro, GasNea y Redengas, en tanto en la faz de transporte están Tranportadora de Gas del Sur (TGS) y Transportadora de Gas del Norte (TGN).
Recordemos que hace pocos días, el secretario de Energía, Darío Martínez, había afirmado que el aumento en las tarifas de los servicios de gas y de electricidad se ubicaría en torno al 20% promedio, aunque ¡las empresas distribuidoras de gas natural exigen mayores incrementos!.
El Gobierno nacional prepara dar vía libre a nuevos aumentos, en la perspectiva del achicar el déficit fiscal, por las exigencias del FMI en las negociaciones de la deuda odiosa. Las empresas privatizadas de servicios públicos reciben subsidios millonarios por parte del Estado. Pero ¿qué hacen con ese dinero? es algo que permanece oculto para los usuarios populares, que además ven deteriorarse la calidad del servicio por la falta de inversiones del sector.
De esta menera, el Frente de Todos no solo no dio marcha atrás con los brutales aumentos en los servicios públicos que se implementaron en la gestión de Mauricio Macri, si no que planean continuar el camino de trasladar el ajuste al bolsillo popular.
Las empresas privatizadas de servicios públicos volvieron al centro de la escena, por los cortes de luz que afectaron a cientos de miles de usuarios durante los días de la ola de calor.
Una vez más, queda planteada la necesidad de luchar para que todos los servicios públicos vuelvan a ser estatizos, bajo control de sus trabajadores y de los usuarios populares, y que dejen de ser el negocio de unos pocos. Solo así podría garantizarse un servicio de calidad, seguro y barato para el pueblo trabajador y las mayorías populares.
