Que ante la justicia chilena no somos todos iguales, no resulta ningún misterio.
Domingo 1ro de diciembre de 2019
La percepción popular de que el crimen “de cuello y corbata” se condona, absuelve, sobresee o corrige con clases de ética, mientras se persigue duramente el delito común; habitualmente cometido por los pobres, aplicándose de manera severa e injustificada la prisión preventiva, es una realidad, avalada por la estadística oficial de la defensoría penal pública.
Y es que, en los últimos años en Chile, especialmente a partir del año 2011, la aplicación desmesurada y al alza de la prisión preventiva como medida cautelar, ha convertido la misma en una verdadera pena anticipada en la represión del delito común, quitándole su carácter excepcionalísimo, para convertirla en un arbitrario elemento de control estatal, en donde la presunción de inocencia es letra muerta.
Así, miles son sometidos a la más gravosa de las medidas cautelares penales, ya que implica privación de libertad, aun sin estar condenados por delito alguno.
Lo anterior, se ha visto incrementado desde el estallido de las movilizaciones sociales, resultando evidente a estas alturas que la respuesta penal por parte del Estado y gobierno, criminalizando y persiguiendo a quienes se hacen parte de ellas, es un modo de disuadir a los que luchan, castigando con cárcel a adultos, o con internación provisoria a niños y adolescentes, por la determinación a movilizarse; que no se apacigua ante la brutalidad militar y policial, las cientos de mutilaciones por el brazo armado del Estado y las más de 26.000 detenciones registradas solo hasta el 14 de noviembre, de las cuales solo 1.108 fueron declaradas ilegales, según informe de la Corte Suprema, y decretándose prisión preventiva en 1.396 casos.
Reflejo brutal de ello es la ciudad de Atacama, donde al 25 de noviembre,el incremento de la prisión preventiva superó el 80%, en comparación al mes anterior; generando hacinamiento carcelario en el penal Copiapó, donde se cuenta con un recinto penal con capacidad para 262 internos, encontrándose actualmente 591 recluidos, con una sobrepoblación penal de 226%, según datos de gendarmería.
Así, a la par de las violaciones a derechos humanos en el país que han comenzado a destaparse en los informes de organismos internacionales, propiciadas por el gobierno y desatadas a través de la repudiada policía y los militares; desde las altas cúpulas del poder judicial se desestima el carácter doloso de dichas violaciones por parte de carabineros, a través del actual vocero de la Corte Suprema, y ex subsecretario del trabajo de Pinochet, Lamberto Cisternas, quien señala sin asco “yo no quiero creer que haya este propósito” (plasmado en los informes de organismos internacionales de DDHH); develando que los policías implicados en los graves hechos de público conocimiento, si tendrán de su favor el respeto al principio de presunción de inocencia, que a miles de manifestantes se les niega al enfrentar el sistema penal.
Asimismo, se evidencia la inexistente voluntad de dar una respuesta judicial para poner fin a dichas violaciones, pues mientras a nivel internacional se dan por ciertas, se repudian y se exige su término, el mismo vocero del máximo tribunal del país, declara ante estas: “Si hay violaciones o no a los derechos humanos es una cuestión que va a tener que decidirse en cada caso. Si esto es sistemático, lamentablemente es una conclusión que tenemos que obtener después de algún tiempo”; continuando con el rol negacionista que dicha entidad tuvo en los tiempos de dictadura más oscuros.
Urge levantar una respuesta a la criminalización de la protesta y las violaciones de derechos humanos.
¡Exijamos la libertad y desprocesamiento de los que luchan!
