OPINIÓN. Autoridades intervienen consulta indígena: ¿mucha confianza?

En Santiago se desarrolló la Consulta Constituyente Indígena que convoca a 139 delegados de los nueve pueblos originarios reconocidos por el Estado: Aymara, Atacameño, Quechua, Diaguita, Colla, Rapanui, Mapuche, Kawésqar y Yagán. Los representantes se reunieron con autoridades del gobierno.

En la instancia se discuten las medidas propuestas por el Ejecutivo para ser incorporadas en el proyecto de nueva Constitución, que ingresaría al Congreso antes de que finalice 2017, y que contempla el reconocimiento constitucional y la participación política efectiva para los pueblos originarios.

Durante el martes, las partes no discutieron entre sí, sino que cada una deliberó internamente a modo de zanjar posiciones respecto al diálogo que desde el miércoles llevan a cabo con los ministerios de Desarrollo Social, Interior y Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES). Sin embargo, la jornada estuvo marcada por una declaración pública de los consejeros nacionales mapuches de CONADI, quienes acusaron “intervencionismo y coacción” desde el gobierno. La situación se dio a raíz de diversos secretarios regionales ministeriales en las inmediaciones de los salones donde los representantes debatían a puertas cerradas.

“Mientras se deliberaba internamente, se observaron prácticas evidentes de intervencionismo y coacción de parte de los seremis de Desarrollo Social, ya que se presentan en los espacios de discusión sin tener ningún rol en esta parte de la consulta”, indicaron en un comunicado.

“No tenemos que dialogar con el patrón al lado vigilando lo que dice su gente”, señaló el consejero nacional de la entidad, Marcial Colín, haciendo énfasis en que gran parte de los delegados son funcionarios públicos en regiones.

Juan González, delegado del pueblo kawésqar denunció que “los seremis están presentes rondando los pasillos de la consulta. Eso no es posible”.

Por su parte, Branislav Marelic, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), ente observador del proceso, explica la presencia de miembros del gabinete regional a la tardía organización de los delegados del pueblo mapuche, por lo que las autoridades se habrían hecho presentes “dado que en el cronograma estaba contemplado el inicio del diálogo con el Estado con la presencia de los seremis”.

Ante ello es necesario poner en evidencia el riesgo que sugiere otorgar confianza en la misma institucionalidad estatal que ha militarizado los espacios de las comunidades; que sigue defendiendo medidas segregatorias y discriminatorias al calificar a los mapuches como “terroristas” e incluso, que ha ido avanzando en la destrucción paulatina de la cultura de los pueblos originarios. Esta postura no nos lleva a ninguna parte. Al continuar esta relación tan contradictoria es lógico que continúen tan infames intervenciones ante sucesos similares, pues este Estado no es nuestro Estado.

Es arrodillarse ante las políticas represivas de Bachelet el creer en su proceso constituyente viciado, creado bajo cuatro paredes, en donde sus asesores solo buscan canalizar la legitimidad que poseen vastos sectores de los nueve pueblos participantes, y en general, que las movilizaciones se den únicamente bajo la órbita del Estado nacional paternalista.

Es claro lo que exigimos: la liberación de los presos políticos, desmilitarización del Wallmapu, fin a la discriminación institucional a quienes pertenecen a los pueblos originarios, derogación de la Ley Antiterrorista, y la conformación de una Asamblea Constituyente libre y soberana, con sentido intercultural, que ponga fin a toda herencia de la dictadura.

Para ello, es necesaria la existencia de una fuerza política anticapitalista y revolucionaria que defienda nuestro programa de clase. En ese marco se realizará un Encuentro por una Izquierda Anticapitalista de las y los Trabajadores en el Teatro Camilo Henríquez, el 21 de octubre, a las 17 horas, organizado por agrupaciones políticas, feministas, sindicales y estudiantiles, donde todas y todos estamos invitados.