Según varios estudiantes de la prestigiosa facultad, el aumento de precios habría sido informado por las autoridades, a finales de Enero al centro de estudiantes, quienes hasta comienzos del año universitario no comentaron nada ni abrieron espacios de deliberación en derecho respecto a una medida que afecta en el bolsillo de estudiantes y trabajadores de la educación.
Sábado 9 de marzo
Polémica ha sido la medida de aumentar los precios del principal medio de alimentación que tienen quienes integran la comunidad educativa de la facultad de derecho de la Universidad de Chile.
Para quienes pagan con Junaeb el aumento sería de 2.250 a 3000 pesos (+750) y con otro medio de pago el aumento significaría pasar de 2.850 a 4.160 pesos (+1.310) lo que significaba un aumento en un 40% de los precios de almuerzo.
Después de un gran descontento de parte de estudiantes por el alza de precios, sumado al silencio cómplice del centro de alumnos, presidido por Agustina Melo Goicoehea, militante de las juventudes del Partido Socialista, se levantó una mesa de negociación con las autoridades de la facultad para ver una posible rebaja.
El "logro" de la rebaja, es para quienes pagan con Junaeb y pasa de 3.000 pesos a 2.300 (+50).
La situación está calificada de mala en muchos sentidos por los alumnos de la facultad, en primer lugar por el alza arbitraria de parte de las autoridades y después por la falta de transparencia y complicidad con la que actuó el centro de estudiantes de derecho (CeD) quienes son a su vez integrantes de las juventudes de gobierno y que no levantaron espacios de deliberación y decisión ante la medida, dejando de lado la democracia universitaria y decidiendo pasar por alto un alza para quienes integran la facultad.
La semana pasada en consejo de representantes, se debatió respecto a esta situación, mostrando los representantes de distintas generaciones, que no descartan medidas de movilización hasta que el retroceso de las alzas sea total. La alimentación es un derecho al igual que la educación y una universidad pública debiera asegurar a sus estudiantes todas las condiciones para estudiar, desde un acceso gratuito a la universidad hasta alimentación y transporte.
Este problema tiene su raíz en el sistema de financiamiento de la educación pública heredado de la dictadura, donde se exigen gastos millonarios a sus alumnos para el financiamiento por las matrículas y donde no se aseguran las condiciones mínimas para estudiar.
Es necesario un financiamiento basal y directo del Estado para cubrir todas estas necesidades de les estudiantes en Chile, con la nacionalización de recursos naturales como el Cobre y el Litio para que ese dinero venga de la riqueza del país y no del bolsillo de quienes junto a nuestros seres queridos hacemos constantes esfuerzos y sacrificios para poder estudiar en la universidad.